Raymundo
Riva Palacio.
El viernes
por la noche el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló por
teléfono con el presidente Donald Trump, que recién había llegado de Europa,
para dar el último jalón al acuerdo migratorio que impediría que se impusieran
nuevos aranceles. Las condiciones para esa llamada fueron construidas por el
vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, al darle un
informe sobre las negociaciones con México para evitar la elevación de
aranceles, y comentaron que los mexicanos parecían dispuestos a cumplir con los
compromisos alcanzados en las 72 horas de pláticas bilaterales. La conversación
no fue fácil, de acuerdo con un funcionario federal, pero funcionó.
Ebrard le
detalló a Trump lo que había acordado con Pence, Pompeo y el secretario de
Seguridad Interior, Kevin McAleenan, que era el reforzamiento de la frontera
sur con seis mil miembros de la Guardia Nacional, el control migratorio en
Chiapas, tener un censo completo de los inmigrantes que llegaban a la estación
en Tapachula, y la ampliación del programa Remain in Mexico (Permanecer en
México), dentro de los parámetros de la Sección 235(b)(c) del Acta de
Inmigración y Nacionalidad, y de los Protocolos de Protección de Migrantes.
-Ya nos lo
han dicho antes, respondió Trump, quejándose de incumplimientos previos del
gobierno de México, “no van a cumplir”.
Ebrard
respondió, apelando al beneficio de la duda: “Yo apenas llevo cinco meses”.
-Si tú ganas
tiempo, yo pierdo electores, replicó Trump.
No había
duda de las motivaciones centrales de Trump al utilizar los aranceles como un
arma de presión migratoria. Ebrard lo supo desde que llegó a negociar el
miércoles con Pence y Pompeo en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde el
secretario de Estado, con cruda franqueza política, se lo había dicho al
canciller. El fondo es la migración, afirmó Pompeo, recordaron los funcionarios
mexicanos. Y toda la campaña electoral será basada en la migración, le subrayó
a su contraparte.
En la
conversación con Trump, Ebrard acotó su escepticismo al establecer junto con él
un plazo de 45 días para que los compromisos adquiridos en Washington mostraran
resultados. Si no se veía un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a
Estados Unidos por la frontera con México, empezaría la negociación para
establecer la figura de 'tercer país seguro', que al ser un acuerdo bilateral
que implica cambios en las leyes mexicanas, tendría que pasar por el Senado. Lo
que planteó el canciller iba al fondo del problema. “El cambio de paradigma”,
describió un diplomático mexicano.
Ese cambio
de paradigma es con lo que Pence y Pompeo habían recibido a Ebrard el
miércoles, donde además de McAleenan se sumó el consejero jurídico de la Casa
Blanca, Pat Cipollone. McAleenan le mostró a los mexicanos la gráfica de
detenciones de indocumentados en la frontera con México. El número de capturas
se mantuvo estable, en alrededor de 60 mil mensuales, durante el último
trimestre de 2018 y enero, que es cuando ante la política migratoria mexicana
de brazos abiertos comenzó a incrementarse. En febrero subió 31 por ciento, a
76 mil 533; en marzo, a 103 mil 729; abril tuvo 109 mil 474, y en mayo hubo un
disparo a 144 mil 278. Ese miércoles en la Casa Blanca lo que recibió Ebrard,
según dijo en la conferencia mañanera de este lunes, “fue un ultimátum”.
El
escepticismo de Trump en los primeros minutos de la conversación con Ebrard se
podría asociar al brinco entre marzo y abril, que fue después de la reunión en
el aeropuerto de Miami, el 17 de marzo, entre las secretarias de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y la entonces titular de Seguridad Interior, Kirstjen
Nielsen. En ella habían acordado incrementar la cuota de personas enviadas a
México para esperar la resolución sobre su solicitud de asilo en Estados
Unidos, de 60 a 300, y reforzar la política migratoria. “Gobernación hizo su
parte, pero no cambió el paradigma”, reconoció el diplomático mexicano. Trump
lo definía como acciones “insuficientes” por parte del gobierno mexicano.
Ante ese
diagnóstico, Pompeo puso sobre la mesa que México fuera “tercer país seguro” o
aceptara el principio de “primer país de asilo”, una modalidad donde
intervendría Guatemala, para que los guatemaltecos capturados en Estados Unidos
fueran enviados a México, mientras que los hondureños y los salvadoreños serían
deportados a Guatemala, en espera del resultado de su solicitud de asilo.
Ebrard les dijo que México no podría aceptarlo, pero Pompeo respondió que si
bien entendía las razones, no eran convincentes. Ebrard propuso una mesa en el
Departamento de Estado para persuadirlos de las propuestas mexicanas, que
significaban un cambio en la política de brazos abiertos, una modificación en
su política de asilo, y priorizar la migración sobre el tema de seguridad
pública, al comprometer un alto número de guardias nacionales a la frontera
sur.
Cipollone y
el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro
Celorio, trabajaron el jueves hasta que los alcances de la propuesta mexicana
se acomodaran a las exigencias de los estadounidenses, que fue presentada a
Pompeo el viernes. El secretario de Estado la aceptó y junto con Pence
convenció a Trump de hablar con Ebrard. Cuarenta y cinco días fue el plazo
máximo para dar resultados o entrarán a un terreno donde Estados Unidos tendrá
carta blanca para buscar un acuerdo migratorio profundo con México o, como
anticipó Trump, impondrán aranceles.
No está
claro que México va a poder cumplir en mes y medio con frenar la migración y
lograr un punto de inflexión. Sin embargo, no tuvieron márgenes más amplios. El
ultimátum de Trump solamente se aplazó.
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