martes, 11 de junio de 2019

¿FUISTE TÚ? Gobierno de Michoacán no comprobó el uso de más de 2 mil 522 mdp que iban para obras y desarrollo.


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MONTO NO COMPROBADO 2,522 MDP (67%)

MONTO AUDITADO 3,771 MDP

FONDO AUDITADO
Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN)

PERIODO AUDITADO 2017.

El gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles Conejo, no ha comprobado el destino de más de 2 mil 522 millones de pesos que correspondían a inversiones en obras y desarrollo de la entidad.

El ranking del colectivo ¿Fuiste Tú? coloca a este posible desvío en el lugar número uno, por ser el ente con mayores recursos federales sin comprobar, de acuerdo con una fiscalización de la Cuenta Pública 2017.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una revisión al Fondo del Fortalecimiento Financiero (Fortafin), por el cual Michoacán recibió ese año 3 mil 771 millones de pesos, sin embargo, hubo irregularidades en el 66.9 % de los recursos.

De acuerdo con el organismo, hubo incumplimientos a la ley en cuanto a transferencias de dinero, registro e información financiera, así como en la transparencia del gasto y contratos de obra pública.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) está a cargo de Carlos Maldonado Mendoza, quien está en el cargo desde que inició el gobierno de Silvano Aureoles, el 1 de octubre de 2015.

La dependencia dijo a Animal Político que han tenido reuniones con la Auditoría Superior de la Federación para resolver las observaciones señaladas, y que dicho proceso tardaría aún tres semanas en realizarse.

"La SFA ha atendido los requerimientos de esa dependencia (ASF) con el envío de los documentos pertinentes", señaló la entidad estatal al ser consultada.

En orden de incidencia, estas son algunas de las irregularidades encontradas:

-El probable desvío más grande fue por 2 mil 510 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) del estado no acreditó su aplicación y comprobación.

-No se conoce el destino de estos recursos que fueron transferidos a 12 cuentas bancarias.

-Se omitió presentar evidencia documental que comprobara el gasto de 8 millones 202 mil pesos.

-Se detectó un probable daño al erario por 2 millones 412 mil pesos, los cuales no se ejercieron, pero tampoco se reintegraron a la federación.

-Hubo pagos por poco más de 695 mil pesos con recursos del Fortafin, realizados después del 31 de marzo de 2018, así como otros 473 mil que corresponden a rendimientos financieros del mismo fondo que no fueron ejercidos y que aún están pendientes de reintegrar.

-Finalmente, se detectaron “conceptos de obra pagados no ejecutados” en tres contratos del Programa Anual de Obra Pública

-Uno por poco más de 289 mil pesos en la construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Municipio de Los Reyes;

-Otro por 159 mil pesos en la edificación de una clínica de salud de la Colonia La Antorcha Tercera Etapa, en Tacámbaro

-Uno por 461 mil pesos en la construcción de la Casa de la Cultura en Morelia.

Con estos presuntos desvíos, la ASF identificó un monto de 2 mil 522 millones 694 mil 574 pesos sin comprobar.


ESTADO DE MÉXICO.

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MONTO NO COMPROBADO 1,273 MDP (100%)

MONTO AUDITADO 1,273 MDP

FONDO AUDITADO
Programa de Diseño de la Política de Ingresos

PERIODO AUDITADO 2017.

El Edomex no justificó el gasto de un subsidio otorgado por el gobierno federal.

El gobierno federal entregó a la Secretaría de Finanzas del Estado de México, encabezada por Rodrigo Jarque, MIL 273 millones 726 mil 300 pesos para el Programa de Diseño de la Política de Ingresos, sin embargo, el gobierno estatal no justificó en qué gastó el dinero.

De acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2017, el gobierno de Eruviel Ávila no presentó “instrumentos que definan de manera específica los objetivos específicos del programa, el destino de los recursos, y las obligaciones del estado como beneficiario”.

Este dinero es un subsidio que el gobierno federal otorga al de Estado de México desde 1993, gracias a la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobierno estatal.

Se buscó a las autoridades del gobierno estatal para saber qué había ocurrido con las observaciones de la ASF, pero hasta la publicación no hubo respuesta.

La ASF detectó las siguientes irregularidades:

- Los recursos del programa fueron depositados en la cuenta concentradora del gobierno, pero dado que en esa cuenta se depositan recursos de otras fuentes también, no es posible trazar la ruta que siguieron los recursos; el origen es conocido pero se desconoce el destino. Se debió establecer una cuenta bancaria productiva específica para el manejo de los recursos del Programa Diseño de la Política de Ingresos.

- En varios rubros, el gasto corriente no fue justificado con transferencias bancarias o cheques que pudieran acreditar pagos de lo gastado o la documentación presentada no correspondió al monto que se reportó como realizado.

- El gobierno estatal tampoco presentó facturas que acrediten el pago de diversos materiales que reportó como adquisiciones hechas con el dinero del programa.

Las irregularidades que señala la ASF se encontraron en la adquisición de los siguientes materiales:

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones;

Materiales, útiles y equipos menores de oficina: se identificaron facturas bajo el nombre del “Programa Tele bachillerato Comunitario”, donde no hay transferencias bancarias o cheques que acrediten el pago y 8 facturas no contaron con datos de registro;

Material eléctrico y electrónico;

Materiales y útiles de enseñanza: en su área de “Recursos Federales Programa de Escuelas de Tiempo Completo”, nuevamente, no hubo comprobables de gasto.

“Programa Subsidio Proyectos culturales 2015”: no se cancelaron facturas.

Artículos metálicos para la construcción;

Gasto corriente dentro del concepto de vestuario y uniformes;

Productos alimenticios para personas, en su sección de gasto corriente;
Artículos deportivos: en su área de “Ingresos propios del Sector Central” y gasto corriente.

- Para el pago de becas en 21 programas se reportó un gasto de 386 millones 838 mil 400 pesos, pero se observó una diferencia de 226 millones de pesos entre lo que se reporta como ejercido y la integración de dichos programas. El gobierno del estado no acreditó que la fuente de financiamiento correspondiera al programa Diseño de la Política de Ingresos.

- En el concepto de “Combustibles, lubricantes y aditivos” hay una diferencia de 28.3 miles de pesos entre el monto reportado y el que se comprobó.

En total, tras la auditoría, la ASF realizó tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

Aunque el Estado de México no hizo una gestión eficiente de los MIL 273 millones 726 mil 300 pesos y no cumplió con los objetivos para los cuales eran destinados los fondos, la Auditoría encontró que el 100% de los recursos pueden recuperarse o justificarse.

En conclusión, el Estado de México no hizo una gestión que mostrara eficiencia y transparencia en el uso de recursos, además de que no se cumplieron los objetivos y metas para los cuales eran destinados los fondos.

BAJA CALIFORNIA.

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MONTO NO COMPROBADO 4,694 MDP (31%)

MONTO AUDITADO 15,177 MDP

FONDO AUDITADO
Financiamiento Público Local

PERIODO AUDITADO 2017.

Administración de Kiko Vega endeudó a BC con créditos millonarios; se desconoce el destino de los recursos

El gobierno de Baja California, bajo la administración de Francisco “Kiko” Vega solicitó 4 MIL 649.95 millones de pesos en créditos a corto y largo plazo, pero una parte del monto no sabe en qué se usó y otra fue destinada a fines distintos a los acordados en su contratación, reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación.

El gobierno del estado se ubicó en el tercer lugar, del ranking del colectivo ¿Fuiste Tú? de los entes que registraron los posibles desvíos de mayor monto tras revisar la cuenta pública de 2017.

Animal Político buscó a Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, por ser la dependencia encargada de la contratación de los créditos, pero no hubo respuesta.

Los auditores alertaron que en octubre de 2019, cuando concluye la administración del Gobierno del Estado de Baja California, la entidad enfrenta altos niveles de endeudamiento, restringida capacidad de pago, liquidez y suficiencia financiera, mientras que las calificacodaras Moody ́s de México y Fitch Ratings asignaron las calificaciones con perspectivas negativas.

Esto, señalaron, dificulta la obtención de resultados favorables al cierre de la administración y es necesario que se implementen “medidas financieras eficaces y extraordinarias”.

Administración de Kiko Vega endeudó a BC con créditos bancarios que no se sabe en qué se usaron

Animal Político buscó a Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, por ser la dependencia encargada de la contratación de los créditos, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Miguel Ángel López, subsecretario de Planeación y Finanzas, dijo en entrevista que se entregó a las autoridades una comprobación por el uso y destino de 4,826 millones de pesos y que los resultados serán publicados en septiembre.

“Ya se comprobaron, y en las diversas reuniones que hemos tenido con los auditores en oficinas centrales de la ASF, nos han comentado que la información entregada por el momento cumple con todas las expectativas y condiciones y que muy probablemente estas sean solventadas”, comentó.

LAS IRREGULARIDADES.

-El gobierno del estado solicitó a los bancos Interacciones y HSBC –sin autorización del Congreso– ocho créditos a corto plazo por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir insuficiencia de liquidez. De ese total, no se comprobó el destino de 2 mil 507 millones 835 mil pesos.

El gobierno presentó información de transferencias, facturas, cheques y relaciones de pago, pero no los contratos de prestación de bienes y servicios, las licitaciones o métodos de adjudicación y las pólizas contables.

Al respecto de la solicitud de créditos a corto plazo, el subsecretario de Finanzas aseguró que los recursos se utilizaron para solventar necesidades de liquidez y que el poder ejecutivo local puede contratarlos sin la autorización del congreso del Estado.

-Pese a obtener más recursos de los bancos, el saldo de los créditos –que se pagarían con esos recursos– solo disminuyó 117.1 millones de pesos para pasar de 2 mil 645.8 millones a 2 mil 528.7 millones de pesos para 2017.

-El actual gobierno panista de la entidad pidió otros 15 créditos a largo plazo con Interacciones, Banamex y Scotiabank a largo plazo por un monto de mil 708 millones de pesos. Los recursos serían utilizados para la inversión pública productiva, como programas y adquisiciones, equipamiento y obra pública o acciones que beneficien a la sociedad.

Sin embargo, la mayoría de estos recursos se dispersaron en diferentes cuentas y se utilizaron para solventar el gasto corriente, reporta el documento oficial de la ASF.

“Estos recursos están destinados para inversión pública productiva, así se les envió en la comprobación del monto observado”, comentó en este sentido Miguel Ángel López.

-Los auditores encontraron además “deficiencias” en la administración de los cuatro fideicomisos constituidos para el pago de la deuda pública contratada a través de 23 créditos a largo plazo vigentes en 2017.

La ASF señaló que hay un probable daño o perjuicio al erario por 419 millones de pesos. En la revisión de los remanentes devueltos al gobierno del estado por los fiduciarios NAFIN y Scotiabank, se observó que éstos no devolvieron 102.9 millones y 316.1 millones de pesos, respectivamente, en 2017.

Según el subsecretario de Finanzas, estas observaciones no proceden debido a que el saldo al 31 de diciembre se integra por la reserva constituida de acuerdo al contrato y por los montos de los créditos con vencimiento en los primeros diez días del mes de enero.

-De acuerdo con la Auditoría, al revisar los pagos de intereses a bancos en 2017, se observaron pagos en demasía por 14.6 millones de pesos a las instituciones financieras en 2017, de los créditos a largo plazo obtenidos con Santander, BBVA Bancomer, Scotiabank y Banamex, pues “no verificó la determinación de los intereses conforme a lo establecido en los contratos de financiamiento”.

Aquí, la ASF “no consideró la modificación de la calificación crediticia, lo que ocasionó incremento en las tasas”, dijo el funcionario.

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