Por Raúl
Olmos/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Un
convenio a favor de Odebrecht, que hasta ahora no había sido revelado, fue
validado a finales de 2016 por el actual Sub director jurídico de Pemex, Samuel
Sánchez Reyes, según consta en nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Mediante ese
convenio, Pemex renovó a Odebrecht un contrato por 1,939 millones de pesos
en Tula, pese a que en ese momento ejecutivos de la constructora brasileña ya
habían confesado que obtuvieron la obra mediante sobornos.
El jefe de
la oficina de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, confesó el 22 de
noviembre de 2016 ante las autoridades de Brasil que había obtenido la obra en
Tula con pagos ilegales y a las dos semanas Petróleos Mexicanos firmó un
convenio para refrendarle el contrato, con el aval de Sánchez Reyes como el responsable
de la revisión jurídica del acuerdo.
De hecho, en
expedientes que fueron desclasificados a petición de MCCI, y que formaban parte
del caso Odebrecht que había sido declarado bajo reserva por 5 años por Pemex y
por la Fiscalía General de la República, aparece la firma del actual
funcionario federal como aval en casi todos los contratos y ampliaciones
asignados directamente a Odebrecht en el anterior sexenio.
El 15 de
febrero de 2014, por ejemplo, Sánchez Reyes firmó como supervisor jurídico
un contrato por 1,436 millones de pesos para que Odebrecht hiciera obras de
acondicionamiento para la modernización de la refinería de Tula.
Contratos.
El 15 de
febrero de 2014, Pemex firmó un contrato por 1,436 millones de pesos a favor
de Odebrecht. El aval jurídico lo realizó Samuel Sánchez, actual funcionario
federal.
Ocho meses
después, el 20 de noviembre de 2014, el mismo funcionario firmó como
supervisor jurídico una ampliación del contrato por 339 millones 531 mil pesos.
El 29 de
mayo de 2015, Sánchez Reyes volvió a firmar una segunda ampliación a Odebrecht,
ahora por 521 millones 53 mil pesos, con lo que el contrato original se elevó a
2,315 millones de pesos, 61% más que lo asignado.
Dos
investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
y por la Secretaría de la Función Pública detectaron actos de corrupción en la
ejecución de esa obra, como sobrecostos y pagos en exceso.
La ASF determinó
que el daño al erario fue por 1,191 millones de pesos. De ese monto, 936.8
millones de pesos corresponden a costos de obra fuera de mercado; 240.8
millones a sobreprecios en materiales e insumos y 13.6 millones por pagos
indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad.
De acuerdo
con las confesiones de los ex ejecutivos de Odebrecht realizadas en Brasil, el
pago de sobornos en México fue a cambio de obras en Tula.
A pesar
de todo lo anterior, en la nueva administración Sánchez Reyes fue ascendido a
subdirector de Pemex.
Blindan Obra
de Tula.
MCCI obtuvo
copias, además, de otro expediente que también estaba bajo reserva en la
Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual revela que en las semanas
previas a que Odebrecht fuera intervenida en Brasil y en EU, directivos de la
constructora realizaron una serie de maniobras para “blindar” la obra de Tula.
Por ejemplo,
crearon exprofeso una filial en México a la que la constructora brasileña le
transfirió –con la anuencia de Pemex– el contrato en la refinería de aquella
población.
La
investigación de la SFP concluyó que este traspaso resultó una simulación,
pues la empresa filial carecía de capacidad técnica y financiera para ejecutar
la obra. Además, se simuló la entrega de una fianza corporativa.
Con lo
anterior, Odebrecht incurrió en la violación del artículo 8 de la Ley
Federal Anticorrupción, que sanciona a quien simule el cumplimiento de reglas.
Por esa
falta, y no por los sobornos, la SFP castigó al exdirector de Odebrecht en
México, Luis Weyll, con una multa por 1 millón 262 mil pesos.
Desde 2014,
las autoridades brasileñas investigaban a Odebrecht por haber participado en el
cártel Lava Jato, una red de contratistas que obtenía obras en aquel país
mediante sobornos y financiamiento de campañas electorales. Por alentar esa
trama de corrupción, el 19 de junio de 2015 fue arrestado el Presidente de la
compañía, Marcelo Odebrecht.
Pese a
estos antecedentes, Pemex siguió firmando contratos y ampliaciones con la
constructora brasileña. En 2014 le asignó directamente tres contratos en las
refinerías de Tula y Salamanca, así como en el gasoducto Los Ramones, por
alrededor de 1,150 millones de dólares; en 2015 le otorgó nuevos contratos y
ampliaciones por otros 2,460 millones de pesos (alrededor de 150 millones de
dólares al tipo de cambio promedio de ese año).
El último
convenio –del que no se conocían detalles hasta hoy– fue firmado por Pemex el 5
de diciembre de 2016, quince días antes de que estallara el escándalo de
corrupción, cuando Odebrecht se declaró culpable ante una corte de Estados
Unidos de haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países,
incluido México.
Modificatorio.
Mediante dos
ampliaciones presupuestales, del 20 de noviembre de 2014 y del 29 de mayo de
2015, Pemex incrementó en 500 millones el contrato original en Tula. Ambos
convenios fueron avalados, una vez más por Samuel Sánchez.
Convenio Después
de Confesiones.
El 22 de
noviembre de 2016, el director de la oficina de sobornos de Odebrecht,
Hilberto Mascarenhas, firmó una confesión por escrito ante las autoridades de
justicia de Brasil en la que detalló los pagos ilegales que había negociado en
México con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
En el
escrito mencionó que a pedido de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director
de Odebrecht en México, se reunió en noviembre de 2014 con Lozoya en su casa,
con quien supuestamente acordó el pago de cinco millones de dólares con el
apoyo de un intermediario. Lozoya ha negado esas afirmaciones.
Dos semanas
después de esta confesión, Pemex firmó un convenio para renovarle a
Odebrecht un contrato por 1,939 millones de pesos que le había asignado por
adjudicación directa un año antes para la obra “Construcción de accesos y obras
externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería
Miguel Hidalgo”.
En el
convenio, que fue suscrito el 5 de diciembre de 2016, la constructora
Norberto Odebrecht SA transfirió los derechos y obligaciones del contrato a su
filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, SA de CV,
para lo cual contó con la anuencia de Pemex.
Convenio.
El 5 de
diciembre de 2016, Pemex firmó un convenio con Odebrecht en el que autorizó
ceder a una filial de reciente creación un contrato en Tula por 1,939 millones
de pesos. La firma se efectuó cuando ejecutivos de la constructora brasileña ya
habían confesado que habían obtenido la obra en esa refinería mediante
sobornos. El convenio lo avaló Samuel Sánchez, actual Subdirector Jurídico de
Pemex.
La cesión de
derechos –que en la práctica fue una renovación del contrato- fue por 1,811
millones 628 mil pesos, sin incluir el IVA, más un monto de 128 millones por
concepto de costos reembolsables, con un plazo de ejecución de la obra al 29 de
abril de 2017.
Por la
empresa Norberto Odebrecth SA firmó como apoderado Weyll, quien actualmente
está sujeto a proceso en Brasil, tras confesar que fue parte de la red de
sobornos. También suscribió el documento Gleiber José de Faria, director de
finanzas de Odebrecht en México, quien fue inhabilitado y sancionado por la
Secretaría de la Función Pública por su presunta responsabilidad en actos de
corrupción.
Por Pemex firmaron
Armando Hiram Hinojosa González, subgerente de contrataciones; Ignacio Bravo
Betancourt Larrañaga, superintendente del área de licitaciones; André Arthur
Glorieux González; gerente de proyectos, y José Samuel Sánchez Reyes, quien fue
el responsable de la revisión jurídica.
Este
último funcionario se desempeñaba como gerente jurídico de contratos de la
petrolera mexicana, y fue recontratado por la nueva administración federal con
un puesto superior al que tenía.
Sánchez
Reyes fue ascendido a Subdirector jurídico de operación regional de Pemex en
el actual gobierno; su nombramiento se dio el pasado 16 de diciembre de 2018,
según consta en su declaración patrimonial.
Cuando este
convenio se firmó, el director de Pemex era José Antonio González Anaya,
quien sustituyó a Lozoya en febrero de 2016.
Las Contradicciones.
En el punto
2.10 del convenio –del que MCCI tiene copia–, los representantes de
Odebrecht declararon, “bajo protesta de decir verdad”, que ni ellos, ni sus
empleados habían cometido cohecho o tráfico de influencias en perjuicio de
Petróleos Mexicanos o sus empresas filiales.
Además, asentaron
por escrito que no habían estado en contacto ni negociado con ningún funcionario,
director, consejero, empleado o representante de Pemex, ni habían dado ningún
tipo de dádiva, regalo o compensación en relación con el contrato.
Pero a los
11 días de suscribirse este convenio, Luis Alberto de Meneses Weyll –uno de
los firmantes– compareció ante las autoridades brasileñas para confesar que él
había sido el negociador del pago de 10 millones de dólares en sobornos para
obtener obras en Pemex.
En su
testimonio, rendido el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría
brasileña en Sao Paulo, Weyll detalló los encuentros que tuvo con Lozoya y
el mecanismo que siguió para transferir el dinero a través de empresas ‘de
papel’ en paraísos fiscales, de acuerdo con los videos de su declaración
obtenidos por la organización El Quinto Elemento Lab.
Un día antes
ya había confesado ante la misma Procuraduría de Brasil Hilberto Mascarenhas,
director de la oficina de sobornos, quien coincidió en su relato con Weyll
sobre el pago de sobornos en México y sus encuentros con Lozoya.
Casi a la par,
Odebrecht estaba en tratos con autoridades de Estados Unidos para declararse
culpable de haber impulsado una red internacional de sobornos.
El 15 de
diciembre de 2016, Odebrecht emitió un poder a uno de sus abogados para dar
seguimiento al acuerdo de culpabilidad entre la empresa y el Departamento de
Justicia de Estados Unidos.
Como parte
de ese acuerdo, los directivos de Odebrecht confesaron ante las autoridades
de justicia de Estados Unidos que el monto pagado a cambio de obras en México,
había alcanzado los 10.5 millones de dólares.
El 21 de
diciembre de 2016 se formalizó ante una corte en Nueva York el acuerdo en el
que el Departamento de Justicia se comprometió a no presentar cargos penales
adicionales a Odebrecht, a cambio de que la empresa se declarara culpable de
haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido México.
Esa
confesión fue la que derivó en el escándalo de corrupción internacional.
Fue hasta el
17 de enero de 2017 que representantes de Pemex acudieron ante la entonces
Procuraduría General de la República a solicitar que se investigaran los actos
de corrupción en que había incurrido la empresa brasileña en México.
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