Por Arturo Ángel.
El Instituto
Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) advirtió a la Fiscalía
General de la República (FGR) que si no transparenta la información sobre los
funcionarios involucrados en posibles hechos de corrupción en el “caso
Odebrecht”, en un plazo de cinco días hábiles, comenzará con la aplicación de
multas y sanciones a los funcionarios responsables.
Lo anterior
luego de que la Dirección General del Instituto concluyó que los juicios de
amparo que la FGR argumenta como “impedimento”, para no otorgar la información,
están rebasados por el nuevo criterio tomado por el pleno que considera que,
por ley, el caso debe desclasificarse por tratarse de hechos de corrupción.
El diferendo
entre ambos organismos tiene como origen una solicitud de información
presentada por Animal Político en diciembre pasado, en la que se solicitaba a
la Fiscalía General que entregara versiones públicas de las declaraciones de
los funcionarios de Pemex implicados en este caso, así como de particulares.
La
Fiscalía respondió negando la información, con los mismos argumentos con los
cuales lo hacía la PGR en el sexenio pasado. Entre ellos se encontraba que el caso no podía
tipificarse aún como un hecho de corrupción, como contemplaba una reforma
aprobada en 2015, pues para que ello surtiera efecto era necesario el
nombramiento de una fiscalía anticorrupción.
Sin embargo,
en febrero pasado el Senado llevó a cabo el nombramiento de la fiscal
anticorrupción, en la persona de María de la Luz Mijangos.
En ese
contexto el INAI resolvió en el marco de los recursos de revisión 1128/19
(derivado de la solicitud iniciada por este medio) y el recurso 1035/19, que
existían datos públicos y oficiales suficientes para inferir que el caso
Odebrecht es un asunto de presunta corrupción a gran escala, por lo que ya se
podía hacer efectiva la cláusula de desclasificación que marca el artículo 112
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En respuesta
a dicha determinación la FGR volvió a negar la entrega de la información.
Pero esta vez con argumento único y central de que existen dos demandas de
amparo promovidas en meses anteriores, bajo los expedientes 1386/2018 y
148/2019, en los juzgados tercero y noveno de Distrito en Materia
Administrativa de Ciudad de México.
Los detalles
de la respuesta que la FGR envió a Animal Político básicamente lo que la
Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero argumenta es que, si bien las
demandas promovidas no se han resuelto de fondo, cuentan con suspensiones
definitivas en ambos casos.
Y derivado
de lo anterior, la FGR alude una “imposibilidad jurídica” para entregar
cualquier dato sobre la investigación.
En respuesta
a esta nueva determinación, la Dirección de Cumplimientos INAI emitió un
oficio firmado por Fernando García Limón, Director General de Cumplimientos y
Responsabilidades del instituto, dirigido a la Fiscalía General y con copia a
Animal Político, en calidad de solicitante de la información.
En dicho
oficio el INAI califica como “incumplida” la instrucción dirigida a la FGR,
para que desclasificara los datos del caso Odebrecht al tratarse de un caso de
corrupción, pues concluye que las suspensiones definitivas referidas por la
Fiscalía no obstaculizan la entrega de la información.
Para
sustentar lo anterior se hace referencia al análisis que ya había realizado
con anterioridad la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI, en la que se
concluyó que las suspensiones señaladas solo afectan a las solicitudes de
información y recursos de inconformidad emitidos a partir de la misma, pero no
a nuevos casos como lo es el 1128/19.
“La
suspensión dictada en el juicio de amparo 1386/2018, NO impide a este Instituto
resolver el recurso de revisión 1128/2019… el alcance que tiene la suspensión
es del todo limitado a la resolución que se impugna sin que ello limite a nuevas
resoluciones aun cuando la materia de la solicitud y del recurso de revisión
sean las mismas”,
indica el oficio.
Además, el
oficio reitera que no procede clasificación alguna de los datos, pues como ya
se resolvió en el nuevo criterio del INAI, en el caso aplica la
desclasificación por tratarse de hechos de corrupción, y no solo por un tema de
interés general como se determinaba el año pasado.
“Tomando
en cuenta lo anterior se estima que el sujeto obligado (la FGR) no acató la
resolución que nos ocupa, toda vez que no entregó los nombres de los
funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre
el caso Odebrecht, así como el nombre de las personas que enfrentan acusaciones
sobre este caso, los cuales obran en las constancias que integran la carpeta de
investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017”, señala García Limón.
Transparencia
o sanciones.
Tras considerar
que no se dio cumplimiento a la resolución emitida, la Dirección de
Cumplimiento del INAI le instruyó al Director General de Asuntos Especiales de
la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la
FGR, Carlos Hernández Azuara, para que cumpla con proporcionar la información
en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación. Dicho plazo
vencería el próximo jueves 20 de junio.
En caso de
incumplimiento el INAI le advirtió a la Fiscalía que comenzaría con la
aplicación de las medidas de apremio (sanciones), que contempla el artículo 174
de la Ley Federal de Transparencia, y que van desde amonestaciones públicas
hasta multas que podrían llegar a los 126 mil pesos.
Lo anterior acompañado
además de la solicitud de apertura de procesos administrativos e incluso
penales, en contra de los servidores públicos involucrados en el caso.
Esta es
la primera vez que el INAI le advierte de sanciones a la actual FGR por el caso
Odebrecht, sin embargo, ello ya había ocurrido el año pasado cuando la entonces
PGR también se negó a dar cumplimiento.
Y la postura
que tomó la entonces PGR fue interponer la primera demanda de amparo, así como
juicios de procedencia para frenar tanto el cumplimiento de la resolución, así
como las multas aplicadas a la agente del Ministerio Público responsable de la
averiguación previa.
Cabe
señalar que ninguno de los juicios de amparo promovidos por la PGR-FGR en
contra de las determinaciones del INAI por el caso Odebrecht se ha resuelto de
fondo, y las audiencias se han diferido en múltiples ocasiones.
Además de la
FGR, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya (uno de los involucrados en el
caso Odebrecht y que actualmente cuenta con una orden de aprehensión en su
contra) también promovió una demanda de amparo en contra de que el caso se
transparente.
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