Un nuevo
escándalo de presunta venta de plazas en el gobierno capitalino está en puerta.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Contraloría General y la
Procuraduría General de Justicia capitalinos investigan al secretario general
de la Sección 12 de Servicios Médicos del Sindicado Único de Trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Carreón.
Además, denunció
que, en la administración pasada, la Secretaría de Salud (Sedesa), encabezada
por Armando Ahued, contrataba de forma privada la distribución de medicamentos
para las clínicas que fueron instaladas en las estaciones del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, lo que representaba un costo de 500 millones de
pesos al año.
Este lunes,
en su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo dijo que durante las audiencias
públicas que encabeza todas las mañanas, algunas personas denunciaron la venta
de plazas sin cumplimiento en hospitales de la red pública que opera la Sedesa.
“Hay una
investigación en la Procuraduría por la venta de plazas contra el líder
sindical. Llegaron a la audiencia pública una serie de personas a informar que
estaban vendiendo plazas, incluso personas que habían comprado plazas y no les
habían cumplido. A partir de ahí solicité que se hiciera una investigación en
la que está Contraloría y PGJ”, afirmó la funcionaria.
Además de la
investigación, comentó que su gobierno trabaja en una manera de quitar
facultades al Sindicato pues, al llegar al gobierno, advirtieron que éste
decidía la operación diaria de los hospitales, por ejemplo, los horarios de
trabajo de enfermeras y médicos y los días de vacaciones del personal.
Respecto
a la protesta que por la mañana realizaron trabajadores del hospital Rubén
Leñero, por presunta falta de material y medicamentos, Claudia Sheinbaum
reconoció que donde hay “mayor problema” es en los Centros de Salud, pues hubo
un retraso en una licitación de medicina.
Y explicó: “La
mayor parte de las licitaciones las estamos haciendo vinculadas con el gobierno
federal y algunas otras, de algún tipo de medicamentos especiales, se están
haciendo de manera directa por la Secretaría de Salud”.
La funcionaria
reconoció que el abasto no está al 100%, pero aseguró que su gobierno
trabajando en ello.
La
morenista aprovechó para denunciar que en los hospitales públicos de la capital
la administración pasada contrataba de forma privada la distribución de medicamentos
para las clínicas, lo que representaba un costo de 500 millones de pesos al
año.
“Había
muchos negocios también ahí en la Secretaría de Salud. Por ejemplo, se
contrataba de manera privada la distribución de medicamentos. Eso tenía un
costo de cerca de 500 millones de pesos… Nosotros decidimos dejar de
tercerizarlo e impulsar un programa que ya existía en los propios almacenes de
la Secretaría de Salud para la logística de la distribución y que sea la propia
Secretaría, a través de la compra de algunos vehículos que se están haciendo
para la distribución de medicamentos y una logística nueva, tanto para los
hospitales como para los Centros de Salud”, dijo.
Respecto
al presunto fracaso del programa de la administración pasada que puso en
funcionamiento clínicas médicas en el Metro y que ahora esos locales son usados
por negocios privados, comentó:
“Esas
clínicas estaban subrogadas a un privado, les pagaba la Secretaría de Salud -a
través del Seguro Popular-, se interrumpió o dejó de haber este contrato porque
se consideraba que era un programa que podía llevar solo la Secretaría de
Salud”, añadió.
Sheinbaum agregó
que está en revisión el otorgamiento de los Permisos Administrativos Temporales
Revocables (PATR) del Metro, con la intención de que esos servicios los brinde
directamente la empresa a la que estaba subrogado el servicio.
“Al no
recibir recurso público, pues se le hizo muy fácil poner clínicas privadas
cuando en realidad no tienen el permiso para ello”, dijo.
Según
explicó, estas empresas “tenían el permiso para ser clínicas subrogadas, por
decirlo así, que recibían un recurso del Seguro Popular, pero en realidad eran
privadas dando servicio gratuito. Se rompe este contrato y en el proceso de ya
ponerlas en marcha, la Secretaría de Salud, ellos decidieron comenzar a
hacerlas privadas, pero en realidad no tienen ese permiso y se va a proceder”.
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