Por Rosalía
Vergara.
El apoderado legal del Sindicato Unión de
Trabajadores del PRD (SUTPRD), Porfirio Martínez González, informó hoy que
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México aprobó
su petición de embargo precautorio de los bienes inmuebles del partido, debido
a que existe el temor de que esa fuerza política se declare en insolvencia
económica y no cumpla con sus obligaciones laborales.
La medida
cautelar fue notificada este jueves a la dirigencia nacional extraordinaria del
PRD, por parte del
abogado de 31 personas que, el 18 de febrero de 2019, fueron despedidas por
asistir a las asambleas del SUTPRD en sus horarios de comida y en las
instalaciones de la sede nacional, en Benjamín Franklin número 84, colonia
Escandón.
Por lo
anterior, las personas interpusieron el 1 de marzo una demanda laboral por
despido injustificado ante la Junta Especial número 18 de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, exigiendo su reinstalación. En
julio tendrán su primera audiencia.
El 28 de
octubre del año pasado, el secretario de Administración y Finanzas del PRD,
Manuel Cifuentes Vargas, anunció que estaban analizando la venta de edificios y
terrenos con el fin de comprar el inmueble donde se ubica la sede nacional, en
la colonia Escandón, cuya renta mensual es de un millón 400 mil pesos.
Además, revelaron
que tienen deudas por más de 900 millones de pesos “como lo declararon a la
revista Proceso, en el mes de mayo, en la conmemoración del aniversario del
PRD”, señaló el sindicato, en un comunicado difundido mientras su abogado
notificaba al partido sobre el embargo.
“Ante
esta situación y por la experiencia que hemos visto y vivido dentro del
partido, que no paga sus laudos laborales y por sus declaraciones de que tiene
deudas superiores a sus recursos entregados por el INE, tomamos la decisión de
solicitar a la Junta Especial número 18 de la Ciudad de México que interpusiera
un embargo precautorio, para garantizar que la actual dirigencia nacional no
venda, hipoteque o desaparezca los edificios de Monterrey 50, Durango 330,
Jalapa 88, todos de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc y otros más y se
garantice nuestra demanda laboral”, explicó el sindicato.
De acuerdo
con el expediente 423/2019, cuya copia tiene Apro, el cálculo de las
prestaciones legales y contractuales que le corresponde a los 31 trabajadores,
así como los salarios de un año, tiempo en que podría durar el juicio es, en
total, de 19 millones 661 mil 25 pesos.
El sindicato
señala que los dirigentes del PRD han manifestado que tienen muchas deudas y
que las prerrogativas que les entrega el INE no les alcanzan para solventar los
gastos ordinarios ni cubrir los salarios ni prestaciones legales y
contractuales que les corresponden a los trabajadores que prestan sus
servicios, a los que suman cuatro juicios laborales.
Agrega,
además, la demanda sobre el conflicto colectivo de naturaleza económica
–quiebra técnica–, interpuesto por la dirigencia nacional extraordinaria en
contra del sindicato del PRD, que consta en el expediente 305/2018.
En total, son
cinco inmuebles que podrían ser embargados. Uno está ubicado en la calle
Galeana, número 35, en la alcaldía Tlalpan; otro, en la calle Durango, número
338, en la alcaldía Cuauhtémoc; el tercero está en la calle Colima, esquina con
la calle Jalapa, número 88, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, edificio
donde opera el PRD de la Ciudad de México.
Los dos
restantes son la casa número 76 de la calle de Odontología, colonia zona
residencial del Fraccionamiento Copilco-Universidad, en la alcaldía Coyoacán, y
la casa número 21 ubicado en la calle Uruapan, en la alcaldía Cuauhtémoc.
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