Por Arturo
Rodríguez García.
Entre las
muchas polémicas detonadas en un año, transcurrido desde que Andrés Manuel
López Obrador obtuvo el triunfo electoral, ninguna ha resultado tan polarizadora
como la decisión de cancelar el proyecto aeroportuario del sexenio pasado y el
planteamiento de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.
Característica
de la llamada “Cuarta Transformación”, la politización del asunto se concretó
mediante una consulta no vinculante que, ofertada como ejercicio democrático,
sirvió para buscar un poco de legitimidad ante la decisión de cancelar las
obras de Texcoco.
Más allá de
dicha consulta y el bombardeo declarativo tanto del mandatario y sus
colaboradores involucrados en el nuevo proyecto como de sus opositores
partidistas o empresariales, otro hecho destacable, también característico de
la “Cuarta Transformación”, es el descuido de normas y el desdén por los
procedimientos, que por lo pronto obligó a la activación de sus equipos
legales.
En tanto el
plan se judicializa, López Obrador ha optado por polemizar hasta el amago de
exhibir a jueces en materia constitucional. Prejuzgando, el Ejecutivo se ha
lanzado la idea de que los juzgadores son cómplices de los grupos de interés en
torno al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Todo está
ampliamente documentado: el NAIM, como estaba diseñado, representaba amenaza
ambiental, problemas técnicos, especulación inmobiliaria y contratos onerosos para
quienes fueron los principales contratistas de obra del sexenio.
Del otro
lado, además de las maniobras políticas del presidente López Obrador, prevalece
una insuficiente explicación sobre los costos de la cancelación del NAIM y
diferentes aspectos técnicos.
En este
contexto, una propuesta surgió como tercera vía: se trata de la propuesta
que el empresario Jaime Sada Salinas presentó en una conferencia el pasado 11
de junio, ofreciendo su plan al gobierno a un precio de un dólar.
Jaime Sada
jamás ha sido contratista gubernamental y, aunque es inversionista en distintos
negocios, se ha familiarizado ampliamente con el sector aeronáutico desde
joven. Hoy, piloto de múltiples licencias, tiene tres patentes aeronáuticas en
Estados Unidos, otras tantas por drones de alta capacidad, y fue quien formó la
ya extinta Aviacsa para Humberto Lobo y suele pasar sus fines de semana volando
aviones ultraligeros.
En la
conferencia donde presentó su plan, explicó mejor que cualquier vocero de la
4T por qué el NAIM representaba problemas técnicos serios, económicos,
hidrológicos y ambientales. Y, aunque asegura que Santa Lucía es una buena
opción, “la mejor que pudo tomar el presidente con la información que tenía”,
afirma que hay otra.
La
opción, sostiene, es
retomar el proyecto del tren México-Querétaro, conectar Toluca, como ya lo
plantea el mandatario, con el Internacional Benito Juárez, y construir un
aeropuerto en el semi desierto ubicado entre Querétaro y la capital potosina,
creando un sistema nodal que además sería relevante para la zona industrial con
mayor potencial de desarrollo del país.
La propuesta
de Jaime Sada va envuelta en datos y precisamente apela a la técnica
descalificando la polarización:
“En
México hay una guerra de dos facciones a un nivel muy alto, un encono con mucho
dinero destinado a publicidad, a comprar conciencias, a intelectuales para que
digan cosas que no saben o que saben, y mienten… porque los engañan o porque su
trabajo es engañar a la gente”.
En medio
de tanto ruido y polarización, quizás sea tiempo de explorar vías alternas si,
como se percibe, para frenar Santa Lucía la oposición se propone ser eficaz.
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