Por
razones de Estado, desacuerdos y presiones de algunos sectores como la
industria farmacéutica y de laboratorios, el Senado solicitó a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga de 10 días para aprobar la nueva
Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.
El
presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal dijo que no
hay problema con el plazo fijado por la Corte. “No es la única vez que se está
en falta; no es lo deseable, pero es obvio que hay razones de Estado para poder
aplazar una discusión tan importante para la vida pública del país”, subrayó.
En
entrevista, consideró que era necesario serenar los ánimos entre los actores
involucrados, para revisar bien la ley, los estándares internacionales, además
de no aceptar ningún tipo de presiones ni influencias indebidas.
Sin embargo,
el líder de Morena en el Senado reconoció que hay presiones, principalmente
por el tema de las concesiones para siembra, cultivo, comercialización y venta,
de parte de la industria farmacéutica y de los laboratorios.
“La ley
establece un mecanismo, pero aún está a revisión las concesiones para siembra,
cultivo, comercialización y venta. Y también los intereses de la industria
farmacéutica y los intereses de la industria de laboratorios y de todo tipo,
para efectos recreativos, terapéuticos”, afirmó.
Los
puntos que atoran la discusión en comisiones unidas son el porcentaje de las
concesiones que se entregarán a campesinos indígenas que han sido vulnerados
por el narcotráfico en su territorio, ya que se plantea 80 por ciento a ellos y
20 por ciento a empresarios, así como la cantidad que podrán portar los
consumidores para uso personal, ya que se plantea aumentar de 5 a 28 gramos.
Así, la
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández,
envío una solicitud a la SCJN para pedir una prórroga en la discusión y
aprobación de la ley que regula la mariguana.
Por separado,
la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado confirmó la petición para
que la Corte dé más tiempo a los senadores en la discusión de la regulación de
la mariguana, “que quedó en 10 días, pero la idea era pedir 30 días más”.
Detalló
que debe haber claridad en la nueva ley para regular la mariguana en temas como
quién va a establecer que la semilla es legal o tendrá que ser importada; el
registro de los consumidores, pues, dijo, invade su vida privada; además de que
cuatro plantas anuales permitidas para su cosecha son insuficientes.
Admitió
que el dictamen elaborado hasta ahora incurre en violaciones a tratados
internacionales, como el caso de las personas adultas con discapacidad, ya que
no se le reconoce capacidad jurídica a este sector de la población, “donde son
las familias o sus cuidadores las que toman decisiones”.
En tanto, el
senador morenista Martí Batres opinó que deben afinarse algunos puntos en el
predictamen relacionados con el sector social de la economía, libertades
individuales, la producción en el campo; mientras que otra parte, añadió, tiene
que ver con el fracaso de la estrategia punitiva llevada a cabo por anteriores
gobiernos en la lucha contra las adicciones.
“No debe
apostarse todo a esta reforma, son muchas políticas las que tienen que
implementarse en el combate a las adicciones, que es trabajo, educación
superior para los jóvenes y temas de salud”, finalizó
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