Julio Astillero.
De
entrada, Ricardo Monreal Ávila comete una vulgarización de la tarea senatorial,
dado que pretende dar por válido formalmente el trámite de un asunto de alta
importancia institucional como si se tratara de una plática cafetera entre
conocidos: de manera indirecta, a través de un amigo común, se hizo enterar de
la indisposición del aún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Eduardo Medina Mora, para explicar las causas graves por las cuales debería
proceder su renuncia a tan delicado cargo judicial, conforme el artículo 98 de
la Constitución.
Según lo
declarado por el doctor en derecho Monreal Ávila a periodistas, Medina Mora
puede darse el lujo de no acatar la Constitución y el mismo Monreal, virtual
jefe del Senado, puede concederse la licencia de aceptar que el mencionado
ministro ni siquiera se digne atenderlo personalmente: Yo lo busqué por medio
de otra persona. La respuesta suya fue a través de un amigo. No me ha
contestado de manera directa; yo no he hablado con él, ha sido a través de
interpósita persona confiable. Nosotros queríamos expresarle que hay disposición
del Senado, por si él tenía un interés de comunicar algo
(https://bit.ly/2ATg1R8, nota de El Universal).
De ser el
Legislativo un Poder que se respetara, debería conminar formalmente al
mencionado Medina Mora, a través de la Cámara de Senadores, para que suministre
la información exacta de la razón por la cual pretende dejar la Corte.
Igualmente, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debió
negarse a aceptar la renuncia en tanto no se precisara la multicitada causa
grave que la Constitución en vigor establece como la única razón para que
proceda una renuncia de ese tipo.
No es un
asunto de discrecionalidad ni de buenas formas políticas. La Constitución
establece una forma de protección para el ejercicio de la función judicial. No
se trata de defender en el caso específico al ministro Medina Mora, cuyas
calificaciones profesionales y políticas son altamente deficitarias, rondando
la delictividad, según las informaciones de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la propia Presidencia de la
República.
Por el
contrario: sólo precisando las causas graves de su salida del foro se podrá
avanzar en la búsqueda de justicia plena, ejemplar. No corresponde al
Presidente de la República ni al coordinador del Senado ni al propio ministro
Medina Mora eludir las tajantes especificaciones constitucionales. De otra
manera, se puede abrir la puerta a maniobras políticas para destituir de facto
a ministros de la Corte o a negociaciones subterráneas que provean impunidad a
un presunto delincuente a cambio de dejar el cargo sin hacer mayor ruido,
mandando a amigos a dar respuestas indirectas a un tema que los poderes que
postulan un cambio político histórico deberían procesar con la mayor formalidad
republicana y el mayor cuidado de las formas que son fondo.
Es probable
que, con su paro de ayer, el gremio de taxistas haya agravado la percepción
negativa que predomina respecto al cumplimiento de ese servicio concesionado de
transporte. Justamente debido al descuidado y con frecuencia agresivo servicio
que han prestado en ese rubro es que un considerable segmento de la clientela
ha optado por la mejoría en lo inmediato que han significado las aplicaciones
de Internet que contactan a usuarios con conductores de automóviles organizados
por firmas extranjeras (Uber, Didi, Cabify, las más conocidas).
Sin embargo,
el propio espacio de esas aplicaciones merecería decisiones fuertes de los
gobiernos federal y estatales: ese tipo de servicio ha decaído de manera
acelerada, en medio de una voracidad de las empresas con sede en otros países,
que se desligan de cualquier incidente, por grave que sea, y someten a sus
socios a jornadas extenuantes para alcanzar las cuotas de ingreso que
justifiquen la inversión en ese negocio entre particulares que debe ser
regulado a fondo.
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