Por Mathieu
Tourliere.
Después del
escándalo que provocó la difusión de la lista de grandes contribuyentes
beneficiados por amnistías fiscales en los sexenios de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, el martes 1, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat,
dice en entrevista que en algunos casos pudo tratarse de una estrategia para
evadir impuestos. Y si bien eso quedará “en la conciencia” de quienes
maniobraron así, fueron los gobiernos los que mediante la ley de ingresos
vulneraron el Código Fiscal de la Federación, es decir, el estado de derecho y
la justicia fiscal.
Los
contribuyentes que no pagaron sus impuestos a sabiendas de que se beneficiarían
de una amnistía fiscal, como las que aplicaron Vicente Fox Quesada, Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, tuvieron estrategias equiparables a la
evasión fiscal, estima Ana Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
“Si tú
eres un contribuyente y no estás pagando porque estás esperando una medida
extraordinaria para abstraerte de tu obligación fiscal, pues estás evadiendo el
fisco”, dice.
El martes 1
la dependencia a su cargo publicó la lista de los contribuyentes que dejaron
de pagar 188 mil 676 millones de pesos de impuestos gracias a los programas de
amnistía fiscal de Calderón y Peña Nieto.
Ríos-Farjat, abogada y doctora en política
pública, recuerda que las amnistías fiscales nacieron en leyes de ingresos
impulsadas por los últimos tres presidentes anteriores al actual, las cuales
“más bien tenían un carácter político” pero generaron un efecto “perverso” e
injusticia fiscal.
En
entrevista, la funcionaria critica la “falta de ética fabulosa” de algunos
abogados y contadores que trabajan para las grandes corporaciones del país, y
afirma que varios “grandes contribuyentes” la consultaron “amablemente” para
convencerla de aplicar una nueva amnistía fiscal. Sin embargo, se muestra
prudente al abordar casos específicos.
“Si te
digo algo no me lo vas a creer: yo no me fui por el lado de estar viendo la
lista. La tengo, la conozco, sí, pero si crees que me puse a analizarla, no. Si
me preguntas por el caso particular de un contribuyente, ni te lo voy a
contestar, por mi puesto, y además muy probablemente no lo he visto. Porque es
una manera sana de que yo haga mi trabajo”, se deslinda.
Las
grandes empresas que controlan la economía mexicana desde hace dos décadas y
crecieron al amparo del poder, cuyos dueños figuran en la exclusiva lista de
Forbes –como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, Germán
Larrea y Manuel Velasco–, fueron las más beneficiadas por las condonaciones de
impuestos.
Mediante
60 juicios de amparo contra resoluciones del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales
(Inai), 201 grandes empresas –entre ellas Grupo Carso, América Móvil, Televisa,
TV Azteca, Grupo Elektra, Grupo México o Industrias Peñoles, según Reforma–
lograron que el SAT no diera a conocer su identidad ni los montos millonarios
que les fueron condonados entre 2007 y 2015.
“¿Por qué
llaman tanto la atención los grandes contribuyentes? –cuestiona–. Por lógica
matemática son los grandes beneficiados. Si a ti te condonaron dos o tres
pesos, porque había muchos casos así, pues no es historia. El problema es
cuando te condonen, no sé, por ejemplo: las 201 empresas con amparos suman 101
mil millones de pesos; una tercera parte del monto total de la condonación.
“Este
juicio de amparo está continuando con esta diferenciación de contribuyentes:
son 201 contribuyentes y no se sabe quiénes son. Y nosotros no vamos a
revelarlo, de ninguna forma, porque estamos en un estado de derecho. Pero
estamos viendo que hay una desigualdad.”
–¿Es válido
el derecho a la privacidad en el caso de condonaciones?
–Como
dice el artículo 134 constitucional, los recursos se deben administrar con
transparencia y eficiencia, honestidad y más. Que no hayan pagado el impuesto,
eso queda como en un limbo. El IVA que no han pagado, se lo han quedado, pero
no es suyo. Ese IVA ya tiene una etiqueta de la nación.
Al
preguntarle si hubo presión o cabildeo de las grandes empresas para aplicar una
nueva amnistía, la funcionaria matiza:
–Te voy a
contestar con dos letras: sí. No presión, pero sí amablemente nos preguntaban
cuándo venía la siguiente amnistía. Y eran contribuyentes que habían obtenido
el beneficio en 2013 y a veces en 2006.
“No eran
muchos, pero uno que otro. Siento que, si vienen con nosotros, pues deben de
haber ido a otras oficinas y a otras instancias del gobierno, o del Poder
Ejecutivo, del Legislativo más bien.
“Algunos
vinieron conmigo, pero tengo una forma de ser muy seria con todo el mundo que
recibo, entonces difícilmente me pueden hacer un planteamiento que no es
apropiado, que va en contra de lo que yo considero ético… Es muy difícil que
alguien venga y me diga ‘¿Me va a condonar?’.”
–¿Fue una
estrategia de los grandes contribuyentes esperar seis años y demorar los pagos
de impuestos para beneficiarse de una condonación?
–No me
gusta especular. Sin
embargo, sí tendría yo la duda de que estuvieran todos ellos ajenos a esto.
No te puedo asegurar que sí, porque no soy ellos, yo no sé qué intereses tenga
cada uno, pero creo que genuinamente muchos lo esperaban, sí. Y posiblemente
algunos hasta lo cabildeaban. Pero eso recaerá en la conciencia de cada
contribuyente que haya impulsado esto.
–Si una
empresa se benefició de las tres amnistías, ¿podemos presumir que tuvo una
conducta delictiva?
–No es
delictiva porque la ley le daba la oportunidad de llevar a cabo su condonación.
Lo que podemos presumir de esa empresa es que era una empresa desordenada a
propósito y que cada seis años iba a pedir su acto de contrición.
–¿Qué
responsabilidad tienen los grandes despachos de contadores y fiscalistas que
contratan esas empresas?
–Creo yo
que hay una falta de ética fabulosa en muchos de mis colegas abogados y
nuestros colegas contadores o financieros.
“Soy
abogada y, en muchos chats, mis amigos abogados dicen: ‘No, el SAT tal tema,
tal juicio contra un contribuyente, pero se les va a caer, porque con un amparo
van a lograr A, B, C y D’. O sea, el amparo se ha vuelto el gran protector de
interpretaciones fiscales fallidas.”
Dice que
desde el arranque de la nueva administración el SAT ha citado a varios grandes
contribuyentes que “no solían venir”. “Se sorprenden primero. Se regularizan,
nos explican cosas que se daban cuenta que no estaban bien explicadas, pero no
estaban acostumbrados a que les dijeran: ‘Oye, no me cuadran tus números’. Eso nos llama la atención.
“De
acuerdo con lo que puedo ver y deduzco, no me explico algunas cosas: que no se
haya llamado a un contribuyente que tenía cuatro años con algún tema en algunos
sectores…”
–¿Qué
sectores?
Esboza
una sonrisa. Y suelta: “Preferiría no comentarte”.
“No sé si
fue o no un favor”
Los
programas de amnistías fiscales masivas implementados durante los primeros años
de las administraciones de Fox, Calderón y Peña no se impulsaron desde el SAT,
sino mediante las leyes de ingresos de la Federación.
De esta
manera, dice Ríos-Farjat, “se le sacó la vuelta al candado que estaba
vigente en el Código Fiscal de la Federación”, el cual plantea la posibilidad
de condonar impuestos en circunstancias excepcionales y bien definidas.
Insiste: “La condonación venía en la ley de ingresos; no la hacía el SAT, el
SAT no puede condonar (…) pero salía de malo por todos lados”.
La
funcionaria busca entre los clasificadores y carpetas, y vuelve a la mesa con
el fragmento de la Ley de Ingresos del año 2000 –el primero del gobierno de
Fox–, correspondiente a la primera condonación de impuestos.
“Mira
cuánto espacio se le dedica a la condonación en la Ley de Ingresos –indica–: no
es su lugar, no es su espacio. Esto no está bien. En mi opinión muy humilde y
muy honesta.”
Comenta
que, con Fox, “el descuento estaba en un rango de entre 10% y 12%; no era
mucho”. Pero añade: “Lo más interesante de esta condonación es que, si estabas
bien con el fisco en el año 2000, éste no te revisaba los cinco años
anteriores. Para mí el descuento no fue lo importante: fue que impidieron al
fisco auditar antes, y estamos hablando del periodo de 1995 a 2000”.
En otras
palabras: el periodo más polémico derivado de la crisis bancaria, cuando el
gobierno de Ernesto Zedillo salvó a decenas de empresas, absorbió las deudas de
los bancos en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y convirtió
esa gran masa en deuda pública.
“Yo no sé
si (la condonación) fue un favor o no fue un favor, pero lo veo en términos
históricos y políticos –comenta Ríos-Farjat–. Dejó la puerta abierta para el
siguiente sexenio (de Felipe Calderón): vuelve a entrar una condonación con la
Ley de Ingresos; ya no se menciona que el fisco no puede revisar hacia atrás,
pero era algo como ‘paga 20% y te descuento 80%’. Se convierte en un incentivo
perverso. Yo dejo de pagar y eventualmente puedo obtener una condonación de ese
tipo.
“Se
repite en 2013 (con Peña Nieto) y ésa es la perversidad (…) Es muy difícil que
una sociedad resista un trago tan difícil; la estás volviendo cínica.”
“Empiezas
a entender que hay dos categorías de contribuyentes: los que si se retrasan
logran amnistías, y los que son cumplidos y están en orden nunca se retrasan y
entonces nunca tendrán derecho a una amnistía. Entonces, ¿qué incentivo da eso?
Es perverso.”
Y concluye:
“El gran ignorado en la historia es el Código Fiscal de la Federación. O sea,
el estado de derecho (…) No puede haber justicia fiscal cuando llega de repente
un elemento extraño, como es una Ley de Ingresos, para dar condonaciones que el
Código Fiscal no permite”.
Además de
las condonaciones de impuestos, la lista que mediante litigios consiguió
hacer pública la organización no gubernamental Fundar reveló que los gobiernos
de Calderón y Peña Nieto cancelaron por 814 mil 623 millones de pesos de
impuestos porque los consideraron incobrables.
En marzo
pasado Proceso documentó que algunos de esos créditos fiscales cancelados
tenían como deudores a empresas fantasmas y a emisoras de facturas apócrifas
involucradas, entre otros asuntos, en el presunto financiamiento ilícito de la
campaña presidencial de Peña Nieto y en los presuntos desvíos de recursos
estatales para financiar las campañas del PRI en 2016.
Consultada
al respecto, Ríos-Farjat reconoce que dicha práctica tiene cierta lógica:
“Cuando
tú vas a un domicilio y no encuentras a la persona; se ve que no hay nada, que
no existe. Buscas a los socios, no lo encuentras. No tiene bienes, nada
registrado a su nombre. ¿Sigues dedicándote a buscarlo? Haces lo que se llama
una limpia de cartera. ¿Qué hacemos ahora con ellos? Los pasamos a la Unidad de
Inteligencia Financiera. Eso no se hacía antes.”
Abunda: “Que
yo sepa, somos los primeros en hacer esto. Antes simplemente se cancelaban y
ya, y lo entiendes: suena terrible, muy dramático, pero es que no les puedes
cobrar. Lo mandamos ahora a la UIF para que levante banderitas cuando esas
personas se vuelven a mover en el sistema financiero”.
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