Por José
Raúl Linares.
El juez
de control Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna determinó mantener en prisión preventiva
justificada a Rosario Robles Berlanga, quien esta tarde compareció en el Centro
de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México,
luego que un magistrado federal ordenó reponer su proceso.
Tras una
ríspida audiencia de cuarenta minutos en la que Delgadillo Padierna acusó a la
defensa de Robles de “mentir” e insistir en los medios de comunicación sobre la
supuesta duplicidad de licencias de conducir, una de las cuales han dicho que
es falsa, determinó mantener la medida cautelar que le impuso desde el pasado
13 de agosto.
“Ustedes
vinieron a mentir de una manera dolosa y a perjudicar a su defendida”, acusó el
juez. Tras esto, argumentó que el riesgo de evasión de la justicia es elevado,
por el que determinó mantener su encierro en el Reclusorio Femenil de Santa
Martha Acatitla.
Uno de
los argumentos que
insistió el juez de control, y que mantiene desde el pasado 13 de agosto, es
que Robles mintió en su domicilio, además del viaje a Costa Rica que realizó y
el que supuestamente había sido de vacaciones y después a un curso.
Tanto su
abogado Julio Hernández Barros, cómo la propia imputada, señalaron que existe
una consigna política para mantenerla a prisión, aunque no señalaron quién
podría estar detrás del ardid.
“Esto se
trata de una venganza política y no de un acto de justicia”, señaló Robles en una de sus
intervenciones.
En tanto que
Hernández Barros pidió al juez no faltarle al respeto, al decir que mentía.
Al salir de
la audiencia, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, llamó a su madre una
“presa política” y volvió a insistir en que existe una consigna política para
mantener a su madre bajo medidas cautelares.
“Basta de
venganzas políticas”, insistió. También mostró una playera en la que imprimió
la licencia de conducir de su madre: “la única real, la otra es falsa”, dijo.
Por su
parte, el abogado Julio Hernández Barros, lamentó la decisión del juez y
dijo que más allá de que su cliente sea inocente o no, no encuentra motivos
para justificar porque por un delito menor, la “omisión” en informar el desvío
de más de 5 mil 017 millones de pesos, el juez Delgadillo Padierna la mantiene
bajo medidas cautelares que se podrían extender hasta el 13 de diciembre
próximo.
El pasado
lunes, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal
Unitario en Materia Penal, ordenó salvar “el derecho de las partes [la defensa
y la parte acusadora, representada por la Fiscalía General de la República] de
interponer el recurso de apelación en contra de la determinación a la que se
llegue respecto a la imposición de las medidas cautelares sobre la imputada”, señaló
en la revisión del toca 284/2019.
“Decisión
que, una vez cumplido los efectos de la reposición de procedimiento, contendrá
todos los elementos relativos a la imposición de las medidas cautelares, esto
es, necesidad de cautela, proporcionalidad, idoneidad y menor lesividad”, añadió.
Por este
motivo, Delgadillo Padierna fue emplazado a argumentar nuevamente si existen
elementos para que se le dictara prisión preventiva justificada, la más alta en
su tipo, por el riesgo de sustracción a la justicia federal, luego de que fuera
vinculada a proceso por “omisiones” en el desvío de dinero, cuando se desempeñó
como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la pasada administración federal.
La
Fiscalía General de la República (FGR) defendió el expediente mediante el cual
solicitaron las medidas cautelares, pues la imputada “ha declarado falsamente
ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en
un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa
afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión
preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley”.
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