La muerte de Cruz.

Javier Risco.

En los últimos cuatro días, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de hablarnos de la importancia de la vida, nos ha dicho que puede arriesgar la suya, pero nunca la del pueblo; ha privilegiado, por encima de cualquier estrategia contra el crimen, la vida de los inocentes; ha señalado a gobiernos anteriores, capaces de permanecer inmóviles ante masacres; López Obrador nos ha dejado claro que dirige un gobierno al que “nada es sagrado, excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida”.

Dicho esto, hay mexicanos que sobresalen, que han dejado de lado su vida por los demás, que han defendido una tierra, a un vecino, a una comunidad, poniendo todo lo que les queda en riesgo. Esa es la historia del activista Cruz Soto Caraveo. Ayer, su cara no apareció en la portada de los medios nacionales, aunque debió de hacerlo, porque la maldita coyuntura se traga temas que son tragedias nacionales. Su historia nos la contó en la página 33 del diario La Jornada el periodista Jesús Estrada: “Cruz Soto Caraveo pertenecía a un grupo de tres familias que, en 2014, tuvieron que abandonar la comunidad de Monterde, municipio de Guazapares, Chihuahua, por amenazas del grupo criminal Gente Nueva, el cual controla la zona y las despojó de sus tierras. Los pistoleros mataron los animales de granja de las familias, se apoderaron de las viviendas y utilizan las tierras de los desplazados para sembrar enervantes. Cruz Soto denunció el desplazamiento de las familias en múltiples ocasiones (…) se entrevistó con autoridades federales para pedir ayuda, la última ocasión fue el pasado 22 de marzo, durante la revisión de las medidas cautelares de la comunidad El Manzano, aledaña al poblado de Monterde; ahí exigió a la Secretaría de Gobernación federal, a la Secretaría General del Gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía estatal atender el caso”. El domingo pasado Cruz fue encontrado sin vida con impactos de bala, en el camino que comunica los poblados de Temoris a Bahuichivo, en la Sierra Tarahumara. Otro activista asesinado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el quinto asesinado en el gobierno de Javier Corral. Había desaparecido desde el 13 de octubre pasado y desde ahí empezaron las enérgicas condenas de las autoridades que llevan al callejón sin salida del deslinde de responsabilidades y de gobiernos rebasados.

El 12 de octubre viajó desde la ciudad de Chihuahua a Temoris, en búsqueda de un apoyo gubernamental prometido que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Sader) le entregaría. Saliendo de la presidencia municipal de Guazapares, fue secuestrado por tres sujetos y no se supo nada más de él, hasta el fin de semana pasado.

Así terminó la vida de este activista, integrante del colectivo de familias desplazadas por el crimen organizado; hay que imaginar un segundo los últimos cinco años de su vida para saber que fueron un infierno y que, por más que gritó y pidió ayuda a gobiernos locales y federales, el crimen organizado lo alcanzó. Un hombre que trabajaba, cuyas tierras fueron arrebatadas por gente armada, que pidió apoyo y que tuvo que huir de sus tierras, que se atrevió a señalar al grupo Gente Nueva, les llamó delincuentes.

Su final es terrible, la ubicación de su funeral no fue conocida para proteger la integridad de sus familiares y amigos, porque, claro, el acecho sigue después de la muerte.

Al gobierno no le importó tanto la vida de Cruz, habló con ellos en marzo y nada pasó. Urge que el gobierno de López Obrador proteja a los activistas, que en su oficina repitan las palabras del Ejecutivo, esas que ha dicho todo el fin de semana, para proteger a los cientos que amenaza día a día el narco. La protección a la vida no es selectiva, la muerte de Cruz no debió ocurrir.