Julio Astillero.
No puede
desligarse de los nuevos tiempos políticos, identificables con la marca 4-T, la
renuncia de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza a su asiento de ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que durante años sirvió para
encubrir embustes y trapacerías de las élites política y económica, está
investigando desde principios de junio del presente año los indicios de
corrupción que podrían derivarse de varias transferencias millonarias en
dólares entre cuentas bancarias relacionadas con el abogado ahora dimitente.
A reserva de
que se formalicen los trámites correspondientes a esta renuncia, la despedida
de Medina-Mora envía un mensaje al resto de los integrantes del Poder
Judicial mexicano: todo acto de corrupción en ese ámbito será procesado en el
Poder Ejecutivo federal con la puntillosidad que el caso requiera, sin
complicidades e incluso, ha de suponerse, con especial beneplácito en el
presidencialismo 4T en cuanto este tipo de pillerías detectadas y en eventual
ruta de consignación judicial permitirán ir renovando la conformación
ministerial de la citada Corte y colocar a personajes cercanos a la mencionada
administración obradorista.
No es que
Medina-Mora fuera el único o el peor ejemplo de corrupción en ese Poder
Judicial tan cuestionado durante años y, en especial, desde que AMLO arribó a
Palacio Nacional. El Poder Judicial, en sus ámbitos federal y estatales, está
plagado de jueces, magistrados y ministros de peculiar enriquecimiento que está
por encima de las percepciones de por sí altas para quienes ocupan cargos
relevantes en esa estructura. Habría estampidas de pánico si se sometiera a
revisión implacable la correspondencia entre ingresos salariales y propiedades
inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones nacionales o foráneas y tren de
vida de una gran cantidad de funcionarios de esos poderes judiciales.
AMLO
plantea que la lucha contra la corrupción no avanzará mientras se cuente con
miembros corruptos del Poder Judicial. Aun cuando las fallas pueden ser de
origen, causadas o sembradas por funcionarios de las procuradurías de justicia
y de las corporaciones policiacas en especial, lo cierto es que hay una amplia
percepción social de que los juzgadores suelen dejar en libertad a delincuentes
a cuenta de sobornos.
Medina-Mora
es un ejemplo inmejorable de la colusión entre políticos, empresarios y jueces.
Él fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) con
Vicente Fox, quien además lo designó secretario de Seguridad Pública. Con
Felipe Calderón fue procurador general de la República y, luego, embajador en
Reino Unido. Enrique Peña Nieto lo hizo embajador en Estados Unidos y,
posteriormente, entre impugnaciones varias, ministro de la Suprema Corte,
siempre acusado de conflictos de intereses y de servir a necesidades políticas,
no a la hipotética justicia. Además, fue Medina-Mora uno de los ministros de la
Corte (los otros fueron Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo) que
asistieron a la negativamente famosa fiesta de la desposada hija del litigante
Juan Collado, quien está en la cárcel.
No es
dato menor lo referido en esta columna en septiembre de 2015
(https://bit.ly/2AHpN92, donde además se habla de las relaciones con
banqueros): Eduardo Medina Mora ha estado bajo el mando de Luis Téllez, quien
fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, como parte de una plantilla
tecnocrática transexenal forjada por Carlos Salinas de Gortari. Téllez fue jefe
del nuevo titular de la SSP en el Grupo Desc, la firma de la familia Senderos
especializada en asuntos inmobiliarios, químicos, alimenticios y de autopartes.
Instalado en la oficina del gobierno federal dedicada a la recopilación de
información estratégica (el Cisen), Medina Mora habría estado en buenas
condiciones de ayudar a su amigo Téllez cuando éste dejó Desc para representar
en México los intereses de uno de los más poderosos fondos de inversión
trasnacional, el Grupo Carlyle ( )
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