Por Gloria
Leticia Díaz.
En una
carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones de la
sociedad civil, defensores y académicos formularon cuatro recomendaciones para
garantizar estándares de transparencia, publicidad, mérito y participación
ciudadana en el proceso para elegir a la persona que relevará a Eduardo Medina
Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fechada este
martes y firmada por 27 organizaciones sociales nacionales y extranjeras, así
como por medio centenar de académicos y defensores, la carta dirigida a
López Obrador recuerda que en la designación de Medina Mora como ministro de la
SCJN, en 2015, “no se atendió” a los estándares internacionales de
designaciones públicas, como en su momento exigieron organizaciones que
convergieron en el movimiento #SinCuotasNiCuates, que exigía un proceso con
“transparencia, participación y rendición de cuentas”.
El texto,
presentado en nombre de los firmantes por Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora
de la organización Designaciones, resalta la relevancia que tiene la definición
de la terna que López Obrador deberá presentar ante el Senado para ocupar la
vacante que dejó Medina Mora.
Para los
firmantes “resulta fundamental que su relevo se conduzca a partir de un
proceso ampliamente deliberativo sobre los perfiles que conformarán la terna”
que eventualmente se presentará, “y sobre esta base abonar al fortalecimiento y
legitimidad de uno de los órganos más relevantes para la vida democrática de
México”.
Siguiendo
las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre la independencia de
magistrados y abogados de la ONU, de que los procedimientos para la designación
de autoridades del sistema de justicia “deben estar abiertos al escrutinio
público de los sectores sociales”, más aún cuando depende de los poderes
Legislativo o Ejecutivo, los firmantes presentan elementos para incorporar “los
más altos estándares de participación ciudadana, transparencia, máxima
publicidad, selección con base en los méritos y capacidades, así como rendición
de cuentas desde la conformación de la terna constitucional”.
Para las
organizaciones, en la determinación de la terna que López Obrador presentará
al Senado es “fundamental proveer un mecanismo que permita a la Presidencia de
la República allegarse de información y propuestas de instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y especialistas en general, sobre
posibles candidaturas y su desempeño previo en otros cargos o la identificación
de un posible conflicto de interés”.
Por ello, en
su carta los firmantes sugieren establecer un “mecanismo de preselección”
que permita contar con una gama de perfiles “que garanticen su independencia,
autonomía e imparcialidad dentro de la SCJN, y paralelamente tengan una
reconocida honorabilidad y experiencia probada”.
En ese
sentido, la Presidencia tendría que abrir un proceso para “recibir
sugerencias de posibles candidatos de la sociedad civil”, y una vez establecida
la terna, abrir otro proceso para “recibir información sobre sus integrantes”.
Para
garantizar el “ejercicio amplio de escrutinio público”, recomiendan publicar en
medios electrónicos y en un portal específico “toda la información referente a
los perfiles profesionales y patrimoniales”, que considere el currículum, la
declaración fiscal patrimonial y de intereses, y documentos que den cuenta de su
experiencia y conocimientos en el tema, de acuerdo con el “principio
constitucional de máxima publicidad y acceso a la información pública”.
De igual
manera, consideran de suma importancia que el presidente anuncie
públicamente “los criterios que utilizará para valorar cada uno de los
elementos que componen el perfil del o de la ministra de la SCJN” establecido
constitucionalmente, generando la confianza de que “la facultad presidencial no
ha sido ejercida de manera arbitraria y discrecional, sino que se encuentra
sustentada en una evaluación objetiva y basada en los rasgos y exigencias que
la Constitución establece para este importante encargo”.
En atención
a la reforma constitucional de paridad de género en los órganos del Estado,
aplicable también a la SCJN, las organizaciones, defensores y académicos estiman
que la terna que presente López Obrador debe estar compuesta sólo por mujeres,
“y con ello avanzar para reducir esta brecha de desigualdad política por
razones de género”, toda vez que actualmente la composición del máximo tribunal
de justicia es de dos mujeres y ocho hombres.
Advierten
que “fundar y motivar la elección de la terna”, incluyendo detalles de la
información recibida por parte de la sociedad civil, aporta legitimidad a la
decisión final, por lo que recomiendan enviar al Senado de la República “toda
la información recopilada” sobre los tres aspirantes entre los que se nombrará
al sucesor de Medina Mora.
Poniendo
como ejemplos procesos similares en Chile y Argentina, las organizaciones de la
sociedad civil y las personas que a título personal firman la carta al
presidente alientan a que se les involucre “desde la conformación de la terna
hasta la designación”.
“Esta
designación es una oportunidad invaluable para fortalecer al Poder Judicial de
la Federación, particularmente en el contexto actual que enfrenta el país como
resultado de graves violaciones a los derechos humanos y su impunidad en la
mayor parte de los casos. Por ello es imprescindible que exista un sistema
judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, apuntan.
Al
señalar que “la democracia sin división de poderes inevitablemente conduce al
autoritarismo”, los firmantes piden al presidente dar respuesta a su misiva en
apego al artículo 8º constitucional, “atendiendo a la naturaleza y apremio de
la decisión en curso”.
Entre las
organizaciones que firman la carta destacan: Artículo 19; Fundación para el Debido Proceso, Buscando
Desaparecidos México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho;
Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro Nacional de Comunicación
Social; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; El Día Después;
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red por
los Derechos de la Infancia; Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Observatorio Designaciones Públicas; Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos; Servicios y Asesoría para la Paz, y Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”,
conformada por 87 organizaciones en 23 estados, entre otras.
Entre las
personas defensoras y académicas firman Alberto Athié Gallo, Juan Martín Pérez
García, Alfredo Lecona Martínez, Catalina Pérez Correa, Mariclaire Acosta
Urquidi, Santiago Corcuera Cabezut, Eliana García Laguna y Denise Dresser
Guerra.
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