Por Verónica
Espinosa.
“Queremos que nos reciba el gobernador Diego
Sinhue Rodríguez, queremos que reconozca el problema de la desaparición de
personas, que hable”, exigieron mujeres familiares de personas desaparecidas de
varios municipios, en una mesa de diálogo celebrada con legisladores en el
Congreso estatal.
En la mesa, se
pidió a las y los diputados solicitar formalmente la asesoría de la Oficina de
la Alta Comisionada de la ONU-Derechos Humanos en México, así como de la
Comisión Nacional de Búsqueda para alcanzar los estándares internacionales y
una visión integral en las Leyes estatales de víctimas, desaparición de
personas y declaración especial de ausencia para personas desaparecidas que se
están dictaminando actualmente.
Las
comisiones aceptaron solicitar la asesoría de ambos organismos para enriquecer
las tres leyes, sobre todo después de escuchar de voz de varias mujeres
hermanas, madres y parejas de personas desaparecidas, sus experiencias con las
autoridades ante quienes han denunciado este delito.
Las
quejas fueron coincidentes: tardanza para recibir las denuncias e iniciar la
búsqueda de sus desaparecidos; carpetas mal integradas, falta de información y
de sensibilidad para atenderlas, así como acceso nulo al Fondo de Víctimas de
la Fiscalía General del Estado (FGE), amén de los comentarios frecuentes de que
“debe haberse ido con el novio”, o “seguramente andaba en malos pasos”.
La mesa fue
abierta por las comisiones unidas de Gobernación y puntos constitucionales y la
de Derechos humanos y atención a grupos vulnerables, aunque de 10 diputadas y
diputados que forman parte de ambas, únicamente cuatro permanecieron durante
toda la reunión y escucharon los testimonios de familiares de personas
desaparecidas –todas mujeres- así como activistas y representantes de
organizaciones de acompañamiento legal.
Las
diputadas Libia García –presidenta de las comisiones unidas- del PAN, Vanessa
Sánchez, del PVEM y la también panista Lorena Alfaro, así como el panista
Rolando Alcántar recibieron a integrantes del colectivo Justicia y Esperanza de
San Luis de la Paz”, éste conformado por familiares de 22 de 23 migrantes que
desaparecieron con el autobús en que viajaban rumbo a los Estados Unidos, hace
ya nueve años.
También
acudieron integrantes del colectivo “A tu encuentro”, en el que hay familias de
varios municipios del estado, entre ellos Irapuato, León y Celaya.
Pero en la
mesa no estuvieron los diputados Claudia Silva Campos, del PRD –quien es la
presidenta de la Comisión de derechos humanos-, Katya Soto Escamilla (PAN),
Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN), Guadalupe Salas Bustamante (Morena) y
Guadalupe Vera Hernández, del PAN.
Mientras que
sólo por unos minutos permanecieron en la mesa los diputados Raúl Márquez Albo,
de Morena, y el priista José Huerta Aboytes.
“El mundo de
los desaparecidos…”
“En el
mundo de los desaparecidos no existe el duelo como tal. Estamos entre él está
vivo o está muerto”,
dijo una familiar de Jorge Peralta Martínez, desaparecido a sus 44 años el 14
de septiembre del 2018 en Celaya, padre de tres hijos y de oficio instalador de
alarmas eléctricas.
La mujer
dijo que en el camino seguido para encontrarlo, la familia se ha encontrado con
corporaciones y autoridades “sin un ápice de empatía, con falta de tacto, sin
sentido común” para tratar a las familias o darles informes sobre las
investigaciones.
También reclamó
que a pesar de que las Leyes generales de víctimas y de desaparición forzada de
personas y por particulares tengan ya varios años en vigor en el ámbito
federal, apenas se esté legislando en Guanajuato. “Al no haber legislación no
hay obligatoriedad”.
Por eso,
dijo esperar del Congreso la voluntad política para que, una vez que se
aprueben las tres leyes, se vigile la instalación de las comisiones de búsqueda
y atención a víctimas, así como “el reforzamiento de la Fiscalía especializada
de personas desaparecidas (en la FGE), si es que hay alguna…”.
La mujer
pidió una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, “para que
abra los ojos”.
Hablaron
también la hermana de Marco Antonio Montoya Juárez, desaparecido el 18 de marzo
en pleno bulevar Adolfo López Mateos de Celaya; la madre de Luz María García
Sierra, madre soltera de una niña de cinco años, desaparecida de la puerta de
su casa en Juventino Rosas el 8 de enero de este año.
La
hermana de Alfredo Rayas Alvarado, un cerrajero muy conocido en Irapuato que
desapareció en San José de Guanajuato, en Celaya, el 22 de octubre del 2018,
contó que “le hizo trabajos hasta al alcalde (Ricardo Ortiz) y después de que
desapareció resulta que nadie lo conocía”, y también que cada que acuden a los
servicios forenses de la FGE cuando se sabe del hallazgo de algún cuerpo, piden
que se cotejen las muestras de ADN que se les han tomado “pero nos dicen que
sólo cuando aparezcan cuerpos similares, que hay una lista, que no somos los
únicos”.
Habló la
mamá de Nancy Ceja López, quien fue desaparecida desde el 21 de octubre del
2018 en Irapuato. La joven es madre de dos niñas, de las cuales la abuela ha
debido hacerse cargo. Nancy trabajaba en una empresa en el parque industrial
Castro del Río y los domingos en un palenque, de donde fue desaparecida junto
con cuatro de sus compañeros. Quince días antes de esto se quedó sin teléfono
celular, pues lo empeñó para comprar un material que necesitaba una de sus
hijas.
El académico
Raymundo Sandoval y Janeth Manjarrez de la organización Sembrando comunidad plantearon
a las comisiones la asesoría de la representación de la Alta Comisionada de la
ONU-DH en México y de la Comisión Nacional de Búsqueda para que las leyes
contemplen los estándares internacionales más altos en atención a víctimas y búsqueda
de personas desaparecidas, para que en la práctica las denuncias sean atendidas
con igual diligencia, con respeto a la dignidad de las personas, haciendo
búsqueda siempre con la presunción de vida y sin discriminación de trato o
prioridad, entre otros aspectos.
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