Julio Astillero.
Hace bien
el presidente Andrés Manuel López Obrador en no reaccionar de manera ríspida
ante el amago de Donald Trump de clasificar a los cárteles criminales mexicanos
como organizaciones terroristas (con las amenazas a la soberanía mexicana que
esa caracterización implicaría).
El político
tabasqueño ha evitado los pronunciamientos drásticos (apenas unas palabras
en la mañanera de ayer) y su canciller, Marcelo Ebrard, ha mantenido el tono
diplomático de la previa indagación y la búsqueda de encuentros de alto nivel
sobre el tema. Otras áreas institucionales del obradorismo, especialmente en el
Senado, han emitido posicionamientos más críticos que, en todo caso, no
comprometen formalmente a la Presidencia de la República.
La
moderación de los ánimos gubernamentales mexicanos proviene de una lectura
política más detallada, que encuentra cuando menos los siguientes flancos
débiles en el planteamiento del presidente de Estados Unidos: el anuncio fue
hecho en un medio de comunicación dirigido a la base social dura de Trump y
pareciera inscribirse en una estrategia global en busca de la relección del
mencionado Donald; el procesamiento de tal anuncio no puede ser inmediato ni
unilateral, así que faltarían muchos elementos para convertirlo en una realidad
que permitiera acciones armadas en el país donde residieran los
narcotraficantes terroristas y, por otra parte, la acusación que se hiciese a
la parte mexicana tendría como contraparte a empresarios, comerciantes y
banqueros o financieros que hicieran tratos con los villanos al sur de Estados
Unidos (en ese segmento podrían entrar los vendedores fronterizos de armas que
luego llegan a los cárteles).
Aun así, el
debate ha prendido en México y probablemente se mantendrá en EU el uso
propagandístico del tema. En nuestro país, el tema ha sido abrazado con pasión
beligerante por los dos polos de la discusión pública y, sobre todo, de la
asentada en las redes sociales de internet. Un bando considera que el modelo
obradorista de atención al tema del crimen organizado no ha funcionado y que
una de sus consecuencias negativas es el intento trumpista de intervención en
México (intervención que otra franja de la discusión nacional aplaude como
opción resolutiva extrema). La otra parte considera que la herencia de un
problema agravado por administraciones anteriores no puede ser corregida en
poco tiempo y que los ataques a AMLO y sus políticas forman parte de un plan de
desestabilización al que algunos llaman golpe blando.
Carlos
Slim salió ayer a los medios de comunicación a cumplir una tarea de
apagafuegos. Al hombre más rico de México, y uno de los principales del mundo
en cuanto a acumulación de riqueza económica, le parece que las discusiones
sobre recesión o estancamiento en la economía nacional no tienen mucho sentido,
pues “hoy, como todos saben, el crecimiento de este año va a ser cero (…) ya es
un hecho, quedarse en quejidos y quejidos no resuelve nada”.
A Slim le
reconforta el plan nacional de infraestructura que el presidente López Obrador
ha anunciado. Ayer, al dar una conferencia en el marco de un congreso de
ingenieros, defendió las bondades del mencionado plan, exhortó a los demás
empresarios a invertir y no ser tontos si hay demanda para sus productos y dio
consejos, sobre todo relacionados con el proyectado tren transístmico.
Astillas.
Rosario
Robles Berlanga considera que es víctima de una confabulación de poderes. Al
mismo tiempo, en la Cámara de Diputados avanza el proceso para entablar juicio
político contra quien ocupó dos secretarías en el gabinete de Enrique Peña
Nieto… Una estudiante, con 20 años de edad, sufrió un intento de secuestro (con
visos de pretensión de agresión sexual) por parte de un conductor de Uber que
según el registro de este servicio tiene la máxima calificación de calidad
(cinco puntos), a lo largo de miles de viajes realizados. Uber se desmarca de
toda responsabilidad, como siempre sucede. El caso deberá ser atendido por la
procuraduría de justicia de la Ciudad de México…
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