Ricardo
Ravelo.
En la
etapa represiva del sistema político, sobre todo durante los gobiernos del PRI,
era común que la secretaría de Gobernación o la Procuraduría General de la
República acusaran de terrorismo a los grupos presuntamente guerrilleros o a
líderes sociales que se inconformaban y protestaban bloqueando vías de
comunicación o tomando el control de alguna instalación estratégica del país.
Incluso, la
PGR contaba con una Unidad Antiterrorista, igual que la que se ocupa de las
investigaciones sobre la delincuencia organizada o la que se encarga de
investigar secuestros y otros delitos federales graves.
Por menor
que fuera el delito, el señalamiento de terrorismo acompañaba al de asociación
delictuosa o sedición.
Ahora el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a clasificar como grupos
terroristas a los cárteles de la droga, tal como lo propone el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrece a México todo el apoyo político,
económico y militar para exterminar a los cárteles y así evitar –dijo Trump
–que el crimen organizado siga matando en México a cien mil personas por año.
El
gobierno de la Cuarta Transformación –que se empeña en su política de abrazos y
no balazos y de atender “las causas” con el reparto de dinero público en las
zonas pobres, una compra de votos permanente –aduce que no permitirá que
Estados Unidos vulnere la soberanía nacional y que el problema de la violencia
lo resolverá el Estado mexicano.
Sin embargo,
resulta más que evidente que el gobierno federal no puede con el problema de
la delincuencia organizada y que la estrategia que sigue es errada, pues no ha
dado resultados. Así de simple. Esto, por desgracia, no lo escucha el
Presidente.
A un año
de gobierno, el crimen organizado ha cobrado 35 mil muertos, algo no visto en
un arranque de sexenio. Y no sólo eso: hay estados como Michoacán, Veracruz,
Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, entre otros, que están sitiados por los
cárteles. Ahí todo huele a muerte.
Después
de enfrentar algunos hechos de violencia, el gobernador de Tamaulipas, Daniel
Cabeza de Vaca, dijo que ese nivel de criminalidad debería catalogarse como
terrorismo: el cártel del Noreste descuartizó a decenas de personas, bloqueó
calles, desató balaceras incontrolables y robó vehículos para atacar a sus
rivales. El caos privó por dos días en Nuevo Laredo.
La
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que respetaba la opinión
del gobernador, pero que no estaba de acuerdo en calificar esos hechos como
terrorismo.
En campaña
por la reelección, Donald Trump le ofreció ayuda a México: establecer un
plan conjunto para atacar y combatir a los cárteles, declarándolos como grupos
terroristas. Esto implicaría elevar el nivel de operaciones contra ellos y
disponer de mayores apoyos internacionales, muy necesarios, por cierto, más aun
ahora que las complicaciones económicas se agravan por la crisis que enfrenta
el país.
López
Obrador alega que defenderá la soberanía nacional, pero olvida que ésta ha sido
violada siempre por Estados Unidos: Hay que recordar lo que pasó después del
asesinato del agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Enrique
Camarena, en 1984: agentes de esa agencia arribaron a México para investigar
todo lo que había sucedido y procedieron a detener a los capos implicados en el
crimen o, al menos, presionaron al extremo para que el gobierno de México los
capturara.
Así cayó
Miguel Ángel Félix Gallardo –El capos de Capos –; Ernesto Fonseca Carrillo –Don
Neto –; Rafael Caro Quintero, Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis
Echeverría. Y por si fuera poco secuestraron a Humberto Álvarez Macháin, un
doctor de Jalisco que, dijeron, había participado en la tortura contra Camarena
luego de su secuestro. Fue llevado a Estados Unidos por agentes de la DEA.
Después fue liberado por falta de pruebas. El gobierno de México tuvo que
aceptar toda esta humillación, pues en aquel entonces como ahora el crimen
organizado operaba con protección del Estado y Washigton marcaba, desde
entonces, las reglas.
Y la DEA
no ha dejado de operar en México y año con año ha ido ampliando el número de
sus agentes, pues tienen oficinas en varios puntos del país que son coordinadas
desde la embajada de Estados Unidos en México.
En la
captura más espectacular de los últimos tiempos –la de Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo –la DEA coordinó todo el operativo. Fueron los agentes norteamericanos
los que localizaron al capo en un hotel, donde fue detenido por agentes
mexicanos, pero toda la investigación fue realizada por la DEA.
De igual
forma ocurrió con la captura de otros capos, como Juan García Ábrego –La Muñeca
–jefe del cártel del Golfo en tiempos de Carlos Salinas, detenido en Nuevo León
y, también, con el sucesor de éste, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido en
Matamoros, Tamaulipas.
El primero
fue desterrado de México, aunque se dijo que había sido deportado dado su
origen norteamericano: había nacido en La Paloma, Texas; por ello, la DEA se lo
llevó en un avión y le impuso dos cadenas perpetuas.
Al segundo
lo encarcelaron en el penal de La Palma y en 2003 lo extraditaron a Estados
Unidos, donde fue juzgado por crimen organizado y lavado de dinero.
Cuando el
general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido, acusado de proteger a Amado
Carrillo Fuentes, la DEA fue la primera agencia en conocer tales vínculos que
sorprendieron a propios y extraños. Puso el expediente en el escritorio del
procurador General de la República, Jorge Madrazo, y se tuvo que proceder en
contra del militar.
La DEA
también confirmó, antes que otra dependencia del gobierno mexicano, que Amado
Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y jefe del cártel de Juárez se había
operado en la clínica Santa Mónica de la Ciudad de México y que había muerto.
Después, la PGR hizo lo propio.
Cuando un
grupo de soldados se enfrentó a policías federales en el Llano de la Víbora, en
Tlalixcoyan, Veracruz, el 7 de noviembre de 1991, la DEA presentó evidencias de
lo sucedido: videos grabados desde un avión de intercepción que sobrevoló el
área donde ocurrió el tiroteo. Las autoridades mexicanas concluyeron que la
matanza de policías se debió a una confusión. Otras versiones apuntaron a que
los militares estaban implicados en el narcotráfico. La tesis de la confusión
impidió una confrontación mayor entre civiles y militares.
La DEA
opera abiertamente en México y realiza investigaciones sin recato alguno. Antes
de los hechos de Culiacán, en octubre pasado, agentes de la DEA visitaron a las
autoridades federales y estatales para coordinar el operativo de captura de
Ovidio Guzmán, abortado por fallas en su aplicación.
Esto dejó
en claro que los agentes norteamericanos planificaron la captura, le otorgaron
la información al Ejército y éste implementó el operativo para capturar al hijo
de El Chapo Guzmán, quien iba a ser extraditado después.
En una
charla que sostuve con José Luis Santiago Vasconcelos en el año 2004, el
entonces subprocurador Especializado contra la Delincuencia Organizada de la
PGR, me dijo: –Todo viene de Estados Unidos. Ellos realizan las investigaciones
y nos las ponen en el escritorio y luego operamos concretar los objetivos. Pero
la política antidrogas de México se decide en Washington.
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