Por Veneranda
Mendoza.
Los
contribuyentes mexiquenses que incumplan dos requerimientos de la misma
obligación, podrían convertirse en delincuentes y enfrentar una condena de
entre uno y cinco años de prisión, así como una multa de 60 a 200 días.
Así lo
especifica la propuesta de reforma al Código Financiero planteada por el
gobierno del Estado de México al Congreso local, que aún debe analizarla,
modificarla y aprobarla.
La
propuesta, integrada en el proyecto de Paquete Fiscal 2020, adiciona un párrafo
al artículo 20 bis que establece: “En caso de incumplimiento a dos
requerimientos respecto de la misma obligación, los hechos se deberán hacer del
conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia
a mandato legítimo de autoridad competente en los términos de la legislación
aplicable”.
Esta
tipificación, según lo explica el Ejecutivo mexiquense en la exposición de
motivos, se traduce en el delito denominado “Desobediencia”, señalado en el
Código Penal del Estado de México, en el que se incluyen los delitos contra la
administración pública.
El artículo
117 del Código Penal estatal establece que: “Comete el delito de desobediencia
el que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que
la ley lo obligue. Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco
años de prisión y de 60 a 200 días multa”.
En la
exposición de motivos, la iniciativa arguye que: “Resulta indispensable el
establecimiento de lineamientos actualizados y eficaces para la recaudación (…)
para la preservación de la estabilidad financiera en el marco del
comportamiento de la economía nacional”.
Una parte
sustancial de la política económica de un gobierno, prosigue el texto, es la
política fiscal, por lo que “resulta necesario replantear y mejorar las
estrategias y esquemas de tributación y recaudación estatales y municipales,
considerando que las necesidades sociales y, consecuentemente, los
requerimientos presupuestales en cada ejercicio fiscal van en aumento, lo que
vuelve relevante tomar medidas para facilitar a la población el pago de sus
contribuciones y poner en marcha mecanismos que promuevan la actitud solidaria
del contribuyente hacia las obras y acciones de gobierno, orientadas al
beneficio de todos los sectores de la población”.
CONDESCENDIENTE
CON DEPENDENCIAS DEUDORAS.
En
contraste, la propuesta de reformas es más condescendiente con las
dependencias públicas que adeudan millones de pesos al Instituto de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios
(ISSEMyM).
Para estos
casos, el artículo 32 del Código Financiero de la entidad no proyecta
sanciones, y apenas establece:
“Las
cuotas y aportaciones que deban enterarse al ISSEMyM en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, y que hayan sido omitidas, así como sus
accesorios, deberán cubrirse, en un plazo que no exceda de veinticuatro meses
tratándose del pago en parcialidades, ni de doce meses en caso de pago
diferido, y en ningún caso podrá rebasar el término del periodo constitucional
correspondiente”.
El informe
de la Cuenta Pública 2018 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (OSFEM) revela que, hasta el 31 de diciembre de ese año, la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) debía al ISSEMyM más de mil
329 millones de pesos en cuotas y aportaciones; la Jefatura de Policía
Industrial del Estado de México y Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial
Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán Texcoco (de los CUSAEM) adeudaban 711.4
millones.
Entre los
entes con mayores deudas también se encontraban los ayuntamientos de Cuautitlán
Izcalli, con 282.3 millones, y de Huixquilucan con 191.7 millones de pesos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.