Más allá de la polémica: el terror

Salvador Camarena.

Si en algo es idéntica la historia de los últimos sexenios, es en que no importa el discurso oficial sobre la violencia ni los actos gubernamentales para lidiar con ella, el crimen organizado se impone en la agenda por la vía de sus consecuencias.

Desde finales de la administración Fox, México entró en una espiral donde la criminalidad desbordó a las autoridades y éstas nunca han vuelto a tener el marcador a su favor.

Los distintos esfuerzos de las siguientes administraciones encallaron luego de que se presentaran uno o más eventos que iban incluso más allá de una normalidad en la que ya se daban por descontados los asesinatos, las desapariciones y la extorsión.

Casino Royale, San Fernando, Ayotzinapa, Apatzingán son algunas de las apelaciones que remiten a un puñado de los peores momentos de asesinatos masivos. Y si de fosas hablamos, Veracruz, Taxco, La Barca y un largo etcétera tienen enormes panteones clandestinos donde las familias de las víctimas han podido recuperar algunos de los miles de desaparecidos en estos años.

En esa línea, el nuevo gobierno ya tiene su primer escollo. El asesinato de tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBarón, a principios de este mes, regresó la realidad que se ha querido poner fuera del centro del debate.

Encima, esa tragedia está siendo explotada por el presidente de Estados Unidos para su agenda electoral.

La declaración de Trump de que estaría pensando en declarar a los cárteles de México como organizaciones terroristas, podrá tener toda la mala intención politiquera, pero su trasfondo es innegable.

México no está en condiciones de demostrar, ni remotamente, que es capaz de lidiar con el reto a las instituciones que representan los grupos criminales. Eso no justifica ninguna intervención extranjera, pero la verdad ahí está, en la muerte de los LeBarón, y en casi un centenar de muertos diarios.

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Estado de México, Baja California… en todas esas entidades, y en otras, la delincuencia es capaz de imponer condiciones a la población y a las así llamadas autoridades formales.

Ríos de tinta y largos minutos de medios electrónicos se invertirán en la polémica desatada por Trump, en rechazar su intento injerencista, en reclamar que no es una buena política de un vecino que además tiene sus propias ganancias a partir de la criminalidad que aquí nos avasalla. Digámosles hipócritas, convenencieros, populistas, malos amigos o como quieran, pero por desgracia no podemos decirles, en este caso, mentirosos.

México no ha construido capacidades institucionales para esta guerra. La Guardia Nacional se encuentra lejos de estar lista. Y las policías estatales y municipales nunca mejoraron lo que debían para ser el eslabón de primera defensa.

De la misma manera, ni la clase política ni la sociedad han logrado un pacto para que se labre un compromiso de largo aliento a fin de que gobiernos y población logren acotar, en el tiempo, a la delincuencia.

Por supuesto que hay que rechazar con puntualidad a Estados Unidos. Pero con igual convicción debería ser atendido el reclamo de justicia de los LeBarón, y de los miles que, como ellos, han perdido hijas, hermanos, hijos, padres, esposos o madres.

AMLO ha dicho que la mejor política exterior es la interior. En el caso LeBarón debe probar que no habrá impunidad. Porque si no hubiera terror a los criminales, no habría cantaleta trumpista. Por difícil que parezca, la verborrea de Trump puede desaparecer, eso es mucho más fácil de contener que la violencia y el terror que de ella emana.