Por Patricia
Mayorga.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), ha bloqueado hasta ahora 868 cuentas bancarias –con un
acumulado de más de 5 mil millones de pesos– de personas relacionadas
directamente con la red de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César
Horacio Duarte Jáquez.
De acuerdo
con la directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF,
Carla Humphrey, también se bloquearon otras 1,623 cuentas propiedad de
terceros, relacionados con el caso, por 46 millones de dólares.
Señaló
que el gobierno federal continúa la investigación por corrupción en el gobierno
duartista que inició el mandatario estatal Javier Corral Jurado, por lo que
presentarán nuevas denuncias contra exfuncionarios de la administración pasada
y varios particulares vinculados.
La
funcionaria detalló que, en coordinación con el gobierno de Chihuahua, han
trabajado en el cumplimiento del convenio firmado con la UIF, el primero que
firmó el gobierno federal con una entidad para el combate a la corrupción.
En
representación de Santiago Niego, titular de la UIF, Humphrey asistió este
miércoles a la presentación del foro sobre el Fondo de Reparación Justicia para
Chihuahua, en la Ciudad de México, y detalló que la dependencia acompaña las 19
órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, así como una promovida por la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra
el uso de programas sociales en campañas electorales.
Entre las
cuentas bloqueadas se encuentran algunas de César Duarte, así como de personas
que operaron como prestanombres en el esquema de corrupción.
El
convenio firmado con el gobierno del estado y la Fiscalía de Chihuahua, abundó,
les ha permitido compartir información de inteligencia financiera, además de
que se crearon grupos de trabajo que han permitido generar casos para avanzar en
la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Carla
Humphrey agregó que para investigar la corrupción lo hacen a través de
varias instancias para apuntalar el trabajo que ha realizado el gobierno de
Chihuahua, ya que la corrupción quita oportunidades y profundiza desigualdades
con el desvío ilegal del dinero público destinado a programas sociales.
La UIF,
dijo, ha colaborado aportando notas de inteligencia financiera, interponiendo
las denuncias y vistas correspondientes cuando se presentan actos de corrupción
–como delito precedente del lavado de dinero– mediante el uso de diversas
estrategias legales como empresas fachada, factureros y redes de corrupción
donde se involucran notarios, abogados y contadores.
En su
intervención, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que
la recuperación de lo robado en la administración de César Duarte alcanzó hasta
ahora, por la vía fiscal, 331 millones 777 mil 482 pesos, y por la vía penal
han recuperado 38 millones 156 mil 166 pesos por concepto de reparación del
daño y multas derivadas de 14 sentencias condenatorias.
El total
ingresado con la aplicación de los esquemas de recuperación es de 369 millones
933 mil 648 pesos, y proyectan que la cifra supere los 3 mil 250 millones de
pesos, basados en los embargos y los créditos fiscales que se irán aplicando a
los involucrados en los distintos esquemas de desvío de recursos públicos,
apuntó.
Sobre los
créditos fiscales emitidos y por emitir, representan un monto de 2 MIL 026 MILLONES
923 MIL 353 PESOS, añadió.
Hasta ahora
el gobierno estatal ha asegurado 54 bienes inmuebles, entre ranchos, fincas,
casas y negocios, así como 153 bienes muebles (vehículos, maquinaria y equipo),
y destaca el aseguramiento de 3 mil 612 cabezas de ganado.
Asimismo, se
han interpuesto 35 procedimientos de responsabilidad administrativa que
involucran a 160 servidores públicos del sexenio de César Duarte; también se
han presentado 64 denuncias penales y están en integración 50 expedientes más
por diversas irregularidades.
Tan sólo por
estas denuncias penales, interpuestas a través de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) del gobierno de Chihuahua, se estima que el daño causado al
erario asciende a 2 mil 468 millones 136 mil 348 pesos.
Las
autoridades han llevado ante la justicia a 28 exfuncionarios, 14 de los cuales
tienen sentencias condenatorias, 11 de ellos por el delito de peculado agravado
y los 17 restantes siguen en proceso penal.
Con esos
recursos, además de los embargos de bienes, inmuebles, ganado y marcas comerciales,
con los que se recuperarán algunos recursos, se constituyó el Fondo de
Reparación Justicia para Chihuahua.
“Nos
comprometimos a llevar ante la justicia a quienes saquearon al estado, pero
sobre todo nos comprometimos a recuperar el patrimonio que fue robado al pueblo
de Chihuahua durante seis años (…) se investiga el desvío de recursos de manera
exhaustiva por tres vías: administrativa, penal y fiscal hasta encontrar a los
beneficiarios del saqueo. Seguimos la ruta del dinero de manera quirúrgica,
para detectar esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos
públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes”, explicó el gobierno de Chihuahua en
una proyección presentada en el evento.
Con las
investigaciones realizadas por el gobierno estatal se descubrió una compleja
red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno
cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales.
Sólo César
Duarte suma 19 órdenes de aprehensión del fuero común, todas por delitos de
peculado. El monto de recursos públicos desviados por el exmandatario asciende
a mil 550 millones de pesos.
Al
exgobernador le han asegurado y embargado 16 propiedades, entre ellas 12 fincas
rústicas que suman más de 34 mil 950 hectáreas.
Respecto de
la recuperación a través de auditorías y créditos fiscales, la ruta de los
depósitos y transferencias bancarias llevó a las autoridades a detectar y
neutralizar 23 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos a
través de operaciones simuladas o inexistentes, entre 2013 y 2016.
“Descubrimos
que, mediante esos esquemas, 127 empresas facturaron ilegalmente al gobierno
del estado por compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios.
Otras 238 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir,
proveedores de gobierno, y en total 365 empresas relacionadas evadieron
impuestos”.
Los
investigadores de la Fiscalía General de Chihuahua descubrieron cientos de
empresas fantasmas, 113 ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación y hay por lo menos 43 con expediente concluido y en proceso de
publicación, así como otras decenas más en integración.
Además, a
través de Procedimiento Administrativo de Ejecución han realizado embargos
fiscales en contra de beneficiarios reales de los esquemas de evasión, que
incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas
comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento,
por un monto estimado de 628 millones 909 mil 914 pesos.
En
cuentas del gobierno estatal han recuperado 193 millones 564 mil 103 pesos; 137
millones 613 mil 379 pesos se encuentran en trámite ante la federación y pronto
ingresarán a las cuentas estatales, por lo que el monto recuperado a la fecha
(por la vía fiscal) es de 331 millones 777 mil 482 pesos.
Además, concluyeron
expedientes con los que se integraron 15 asuntos penales por diversos delitos
fiscales, como defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación
de domicilio fiscal, datos falsos al RFC y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
En su
conjunto, esos 15 asuntos representan una evasión de impuestos por MIL 43
MILLONES 30 MIL 510 PESOS.
Por
disposición legal, corresponde al gobierno federal presentar las querellas
por delitos fiscales y financieros ante la Fiscalía General de la República,
acción que se encuentra en curso, de acuerdo con el gobierno de Chihuahua.
El destino
de los recursos recuperados e integrados en el Fondo de Reparación Justicia
Para Chihuahua serán destinados a las siguientes obras y acciones:
• Para la
construcción de colectores de agua y centros educativos en comunidades
indígenas.
• Programas
de nutrición y cuidado de la primera infancia más vulnerable.
• Atención a
la salud en zonas prioritarias, incluyendo caravanas de salud.
• Becas.
• Proyectos
del Programa Desarrollo, Paz y Reencuentro.
• Centros de
Rehabilitación y Centros de Justicia para Mujeres.
•
Infraestructura de caminos y puentes para las comunidades más alejadas, así
como caminos rurales y municipales.
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