viernes, 29 de noviembre de 2019

AMLO: un año en combate - Voluntad y realidad - Zócalo obradorista - Marcha de opositores.


Julio Astillero.

Durante un año de ejercicio formal como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha seguido siendo lo que siempre ha sido: un político en permanente combate, un activista todoterreno y un generador incesante de polémica viva. A diferencia del estilo visto durante décadas en cuanto a ocupantes de la silla presidencial, el tabasqueño ha atiborrado cámaras y micrófonos con su presencia informativa mañanera, las giras de fin de semana y la producción incesante de frases y ocurrencias, convertido en todo un fenómeno mediático además de lo netamente político.

El hiperactivismo de López Obrador (que luego provoca kenianos enigmas casi humorísticos) tiene como telón de fondo la necesidad política de mantenerse en guardia y muchas (¿demasiadas?) veces a la ofensiva porque, aunque ganó las elecciones presidenciales con una cuantía de votos nunca antes vista en la historia nacional, y no sólo para su propio cargo sino para muchos más, los factores de poder contrarios a sus políticas se han mantenido igualmente activos (aunque, hasta ahora, incapaces de fluir eficazmente en términos públicos, masivos), mediante una resistencia (no tan) sorda que ha ido ubicando los puntos débiles del discurso y la práctica del morenista fundacional y los ha ido colocando con vista a la pelea de fondo que tendrá una fase intermedia en las elecciones de 2021 y una definitoria en las presidenciales (y demás) de 2024.

López Obrador ha gobernado con grandilocuencia y optimismo, pero el entorno en que se mueve va más allá de sus intenciones y voluntad. Mago de las palabras, la realidad no se ha conmovido en demasía con el discurso del nacido en Macuspana. Ha sorteado los embates trumpianos en general, pero ha sucumbido en cuanto a política migratoria, convertida la Guardia Nacional en una Migra 4T. Mantiene al país discutiendo sobre recesión o estancamiento de la economía aunque las cifras de la discordia se mueven en décimas alrededor del cero. Los índices de criminalidad son mayores que nunca y se han producido episodios de escándalo internacional (Culiacán con el hijo de El Chapo, más la barbarie contra parte de la familia LeBarón) pero aun así no se levanta la ola de indignación o hartazgo que sus adversarios supondrían y querrían (tampoco contra la rampante impunidad de muchos políticos corruptos, sobre todo los del sexenio peñista), vigente el bono de esperanza extendido en las urnas en 2018 y la convicción de que hoy se vive la acumulación de errores y abusos cometidos en las administraciones anteriores, en particular las de Felipe Calderón y Enrique Peña.

En ese contexto, AMLO llegará este domingo a la consumición de la sexta parte de su calendario oficial de gobierno. Sigue fijando la agenda pública del día, cumple una agenda asistencial-electoral exitosa y mantiene niveles extraordinarios de popularidad, pero la fotografía (casi) fija comienza a variar. Habrá de verse lo que suceda este domingo en la marcha opositora a realizarse en la Ciudad de México.

Es de suponerse que será aplastante la diferencia numérica en cuanto a asistentes: el Zócalo capitalino podrá estar rebosante de obradoristas entusiastas, pero sus contrincantes intentarán multiplicar sus escuálidas cifras anteriores y mostrar músculo con aspiraciones de masa. Participarán grupos de los partidos derrotados en 2018 y varios personajes de absoluta identificación partidista o de poder, que ahora pretenden asumirse como ciudadanos solamente. Les alienta en especial la campaña propagandística desplegada desde el episodio del hijo de El Chapo en Culiacán hasta el caso de los LeBarón asesinados entre Sonora y Chihuahua, pasando por el discurso de inusual crítica desde lo militar pronunciado por un general en retiro. Un año. Quedan cinco.

Y, mientras Bernardo Bátiz ha sido nombrado miembro del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual llevará un aire de honestidad a toda prueba al muy burocratizado y complicitario órgano institucional de vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal.

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