Por
Redacción / Sin Embargo.
La secretaria de Integración y Bienestar Social
del gobierno del estado, Cynthia Gissel García Soberanes, “no está en coma y no
está grave” tal como lo informó el secretario general de Gobierno, Amador
Rodríguez Lozano, en un video difundido en Facebook la tarde de este viernes 29
de noviembre.
Después
de que fue evidenciada una parte de la investigación que se realiza en la
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, sobre
presuntos moches que se cobraron por alrededor de 24 millones de pesos
utilizando el membrete de esa institución y el gobierno de Jaime Bonilla
Valdez, la titular, Cynthia Gissel García Soberanes, habría caído en un “estado
de coma”, según lo informó el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez
Lozano, quien también fue mencionado en el presunto cobro de moches.
La
funcionaria con licencia sí ingresó a un nosocomio privado en Tijuana para ser
atendida, en total secrecía y sólo por personal autorizado, al presentar un
cuadro de presión alta por un ataque de pánico, pero “no está en coma y no está
grave”, dijo la fuente consultada por ZETA, quien pidió el anonimato para
evitar represalias.
Ello,
luego de que ZETA diera a conocer un fragmento de la investigación que está
llevando a cabo la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública del mismo
gobierno de Baja California sobre presuntos moches que habría cobrado García
Soberanes y el oficial mayor, Jesús Núñez, por alrededor de 24 millones de
pesos utilizando el membrete de esa institución y el gobierno de Jaime Bonilla
Valdez con la promesa de entregar convenios y contratos de proveeduría.
Después del
mediodía de ayer, Rodríguez Lozano (uno de los funcionarios a los que se les
implicó en la acusación de los presuntos moches) rechazó las acusaciones
tildándolas de falsas, diciendo que “nunca he estado presente a nadie que haya
sacado dinero, que haya presentado dinero, que me haya presentado dinero para
realizar un contrato”.
Al
considerar la información como un ataque, debido a que “hay mucha gente que no
está conforme con esta forma de gobernar, donde hemos declarado la guerra a la
corrupción y hemos declarado a todos aquellos que saquearon al estado”,
Rodríguez Lozano descalificó la investigación de la dependencia que dirige
Vicenta Espinoza Martínez.
La tarde del
27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la
administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario
particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado,
sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por
elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria,
el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad
del Gobierno del Estado.
Sin informar
a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza,
habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron
“la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se
incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La
primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra
información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28
millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales,
llegó al escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de
prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García
Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta
semana.
De acuerdo a
los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial
mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario
General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones
con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y
licitaciones.
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