Pablo Gómez.
Es
inevitable un balance, el de un año, del nuevo gobierno, el cual llegó con
grandes expectativas y demasiados problemas estructurales y de coyuntura.
Tenemos un país donde la injusticia se ha ido acumulando durante cuatro
décadas.
La
reversión de la pérdida del salario es un campanazo que impacta la economía en
su sentido más amplio y verdadero. Este proceso se ha iniciado, lentamente, es
cierto, pero ya está entre nosotros.
El inicio
de la fusión entre política social y política económica es un proceso en curso,
por vez primera en 50 años o más. Los programas sociales dejaron de ser una
forma de clientelismo directo y se han convertido en un método de
reconocimiento de derechos. El incremento de la capacidad de consumo de sectores
depauperados incide en el mercado de bienes de producción nacional, es decir,
promueve el mercado interno.
La
educación superior como ineludible tarea social del Estado es un vuelco en
tanto que rompe con la idea de que las familias deben sufragar crecientemente
ese gasto, al tiempo que enfatiza su carácter social y derecho de todos. El
elitismo de la enseñanza superior ha sido un factor de freno del desarrollo
social y del progreso nacional.
La
reivindicación de la atención médica universal como deber del Estado ha
empezado a traducirse en reformas, aún tímidas, pero con perspectiva de dar un
vuelco en materia de salud para todos.
La
cancelación de subsidios corporativos a favor de organizaciones gestionadas por
burocracias parasitarias y la ampliación de apoyos directos en la producción
agropecuaria es la inauguración de una nueva forma de apoyar al campo en sus
segmentos debilitados. Así se ha de fomentar la agricultura y ganadería para el
mercado interno y la autosuficiencia nacional de granos básicos.
La nueva
política de las industrias de energía es un rompimiento con su privatización y
entrega de recursos naturales para favorecer la autosuficiencia nacional.
Ningún país puede afrontar los retos del mundo actual bajo dependencia
energética estructural. Siempre se había sabido, excepto por el neoliberalismo
de la pobreza y el atraso que atascó al país de objetivos contrarios a los
intereses populares y nacionales.
El inicio
de la lucha contra el Estado corrupto es una respuesta histórica a un fenómeno
devastador. En todas partes del mundo hay corrupción, pero sólo en algunos es
parte fundamental de la forma de gobierno. El primer paso es tener un gobierno
que no sea corrupto, a partir de lo cual tendrá que mantenerse la lucha a favor
de la desarticulación del viejo Estado.
Reivindicar
la austeridad es un golpe contra la alta burocracia parasitaria, exageradamente
bien pagada y derrochadora, que azotó al país. Hay mucho más que hacer en este
sentido, pero ya se inició el proceso de construcción de un funcionariado
diferente que vaya cerrando la inmensa brecha que le ha separado de la
sociedad.
Las
grandes empresas han dejado de regir al gobierno y al Congreso. El diálogo, el
debate, la convergencia y la diferencia entre los poderes políticos y los capitalistas
son elementos distintivos de las nuevas relaciones en el país. No hay una
política expropiadora pero tampoco otra promocional y corruptora como había
sido hasta hace un año.
La crítica
va y viene desde los medios, redes, partidos, organizaciones sociales y no
gubernamentales, sin emolumentos de origen oficial, pero también fluye desde el
gobierno, el Congreso y sus partidos. Si todos son libres, lo es también la
fuerza gobernante. Así se construye una democracia sin hipocresía.
No se ha
producido una reforma fiscal que fortalezca el proceso de redistribución del
ingreso y aumente las inversiones públicas. Los lacerantes privilegios fiscales
siguen vigentes en su mayoría. Tampoco se ha planteado un nuevo pacto fiscal
entre entidades federativas y Federación. La ineludible nueva reforma del
sistema electoral sigue estando pendiente. La seguridad pública es aún el
pantano que el gobierno heredó de los anteriores con su cauda de horror y
sangre.
Hay más
temas para un balance.
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