Las
Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia en la Cámara de Diputados aprobaron
este jueves un juicio político contra la exsecretaria de Desarrollo Social
(Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el presunto desvío de 7 mil millones de
pesos, conocido como “estafa maestra”.
Luego de que
las comisiones dieron luz verde a la resolución de la Subcomisión de Examen
Previo, en la cuenta de Twitter de la exfuncionaria federal
(@Rosario¬_Robles_) apareció el mensaje: “Tiempo de Canallas. Tiempo de
cobardes”.
Ayer, desde
esa misma cuenta, Mariana Moguel, consejera política del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que la decisión “fast
track” confirma que quieren a su madre fuera de la escena política.
“La decisión
“fast track” de iniciar juicio político a mi mamá @Rosario_Robles_ confirma la
venganza política en su contra. Sin una condena judicial de por medio, la
@Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa
político#JusticiaSiVenganzaNo”, escribió.
De
acuerdo con la determinación votada este jueves, integrada por los expedientes SEPJP/LXII/028/2013
y SEPJP/LXIV/060/2019, es oportuno incoar el proceso de juicio político, en
virtud de los razonamientos y fundamentos jurídicos expuestos en todos y cada
uno de los considerandos que integran la resolución definitiva de la
subcomisión.
En un
comunicado se dio a conocer que el documento se aprobó con 22 votos a favor
y dos en contra, por parte de la Comisión de Justicia, y con 24 votos a favor y
uno en contra de la Comisión de Gobernación y Población.
De inmediato
se turnó a la Comisión Jurisdiccional, a efecto de que ésta integre la Sección
Instructora y se proceda conforme al artículo 12 inciso e), de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, se remitió copia del
expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El
documento destaca que, de los elementos y datos de prueba aportados por los
denunciantes, la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos “tiene la
convicción presuntiva que se ha violado el artículo 7 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus fracciones III,
Violaciones a los derechos humanos; VI, Cualquier infracción a la Constitución
o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o
varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones”.
En los
posicionamientos, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población,
Rocío Barrera, detalló que de las cuatro denuncias que revisó la Subcomisión de
Examen Previo sobre la “estafa maestra”, sólo dos son procedentes, la de 2013 y
la de 2019, porque cumplen con lo que marca la ley para iniciar el
procedimiento. “Los documentos fueron cuidadosamente estudiados por la
Subcomisión, y sus resolutivos acuerdan la procedencia de las denuncias”.
Agregó
que los integrantes de las comisiones pueden consultar los expedientes sobre
las denuncias en contra de funcionarios, que hay dentro de la subcomisión.
“Tenemos una oficina específica para que cada uno de ustedes pueda hacer la
revisión exhaustiva de quiénes son los denunciados, independientemente de los funcionarios,
porque no es un tema de venganzas políticas, sino para todos quienes no cumplan
sus responsabilidades, incluyendo a esta administración”.
A su vez, la
presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez, resaltó
que esta legislatura quiere entregar mejores resultados. “Las dos anteriores no
habían movido nada”, dijo.
Añadió: “Si
queremos cumplir con nuestro ejercicio constitucional, estas comisiones tenemos
prohibido dejarnos llevar por declaraciones fáciles que lastimen el debido
proceso. Empero, estamos a favor de continuar con el procedimiento”.
El diputado
Rubén Cayetano García, de Morena, subrayó que el juicio político no es una
venganza, sino que obedece a las denuncias que han cumplido los requisitos
procesales; es decir, una acción legal para sancionar a quienes violen la
Constitución.
“Se
recupera el prestigio del Congreso de la Unión, al hacer vigente este
procedimiento, que busca con afán la justicia y acabar con la corrupción e
impunidad”.
Martha Tagle
Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró imperante actuar contra la
corrupción. Sin embargo, apuntó, en este caso las únicas sanciones posibles ya
no pueden ser aplicables. “La persona en comento ya está destituida de su cargo
e inhabilitada, por lo que de este juicio sólo podrían resultar sanciones
simbólicas”.
La
perredista Verónica Juárez Piña recordó que Rosario Robles está en un
proceso penal; no obstante, la naturaleza de la resolución a discusión es de
ámbito político. Y celebró que el Legislativo ejerza sus funciones contra quien
abuse del servicio público.
También de
Morena, Tatiana Clouthier Carrillo aclaró que la presunta indiciada tiene
prisión preventiva, más no ha sido juzgada y la inhabilitación por la que fue
sujeta es por haber falseado datos en su declaración patrimonial, “y esto no
quiere decir que no pueda ser sometida a juicio político; este proceso habla de
una red que sí avanza, a partir de aquí pudieran empezar denuncias penales”.
José Elías
Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que no se está
juzgando a nadie, se está determinando la procedibilidad de un asunto para
iniciar de manera formal el análisis, y la Sección Instructora realice las
diligencias necesarias para tomar una resolución y pasarlo al Pleno.
“No vale
la pena que las pasiones nos ganen, estamos hablando de personas sujetas a
proceso. Por lo tanto, se tiene que ser muy claro en qué es lo que está
sucediendo para que la opinión pública no se confunda”.
En su turno,
la perredista Guadalupe Almaguer Pardo precisó que es necesario realizar
juicios a todos los involucrados en actos de ilegalidad. “Solamente se ha
valorado el juicio para una persona y no para todos los funcionarios
implicados; debemos poner atención en la opinión pública; incide mucho en este
tipo de casos”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.