Por
Redacción / Sin Embargo.
La tarde
del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la
administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario
particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado,
sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por
elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria,
el joven transportaba tres millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad
del Gobierno del Estado.
Sin informar
a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza,
habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron
“la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se
incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La primera
semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información
que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de
pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al
escritorio del Gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba
se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García
Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta
semana.
De acuerdo a
los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial
mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario
General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones
con los proveedores del Gobierno para futuros contratos, convenios y
licitaciones.
En la
denuncia, se destaca el mencionado acuerdo de los funcionarios con el
empresario avícola, Humberto Valadez García, quien habría entregado 20 millones
de pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a
penales de Baja California y a los desayunos escolares
Con esta
información en mano, Jaime Bonilla ordenó a la secretaria de Honestidad y
Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, que iniciara una investigación y
llegar hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, dándoles el beneficio,
el mandatario habló con todos los funcionarios mencionados en el audio de
Colorado, y les ordenó que regresarán el dinero.
PAN DENUNCIA
COHECHO.
El líder
estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis Ovando Patrón, presentó
una denuncia contra la titular de la Secretaría de Integración y Bienestar
Social de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, y otros
funcionarios del gobierno del estado, por el delito de cohecho y los que
resulten.
Según da
cuenta el documento presentado ante la Fiscalía General del Estado, el líder
partidista exigió que se investigue el caso de las llamadas y los mensajes
escritos que intercambiaron García Soberanes y el subsecretario de la
dependencia, Rosendo Colorado García, en los que hicieron referencia a
supuestas donaciones de empresarios realizadas en calidad de “moches”, tal como
se dio a conocer en distintos medios de comunicación.
Presuntamente
las aportaciones procedieron a cambio de contratos para proveer bienes y
servicios al Gobierno, y de acuerdo con un comunicado, emitido por el PAN,
fueron a parar a manos del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Además de
García Soberanes, Colorado García y Bonilla Valdez, la denuncia penal se
presentó en contra del oficial mayor, Jesús Damián Núñez Camacho, quien habría
incumplido con la entrega de siete millones de pesos en material de papelería y
limpieza en el proceso OM-CON-SOL-054-2018, licitado por la administración
estatal anterior.
Ovando
Patrón informó que resulta lamentable que en menos de un mes de haber
entrado en funciones la administración de Bonilla Valdez “reviente un caso de
corrupción en una secretaría que se supone debe proteger a los que menos
tienen”.
El
denunciante se dijo preocupado de que la fiscalía pueda pasar por alto el
asunto, pues “es bien sabido que el Fiscal General del estado, Guillermo Ruiz
Hernández, fue impuesto por el Gobernador y seguramente archivarán en un cajón
el documento presentado por el PAN”.
Observó
que cuando los integrantes del partido en el poder estatal pregonaron en
campaña que Morena vendría a acabar de tajo con la corrupción en Baja
California “se está comprobando de manera irrefutable que los verdaderos
corruptos resultaron se quienes integran el nuevo gobierno”.
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