Julio Astillero.
El 8 de
diciembre de 2005 fue detenido Israel Vallarta Cisneros en compañía de su
pareja sentimental, Florence Cassez, de nacionalidad francesa. Al otro día fue
recreada esa aprehensión para difundirse a nivel nacional en televisión
abierta. Por tal violación más que evidente al debido proceso judicial, y por
una fuerte presión del gobierno francés, Cassez fue liberada siete años
después. Vallarta, en cambio, sigue en una prisión de alta seguridad, sin
sentencia y entrampado burocráticamente en un sinfín de trámites, ya a punto de
cumplir 14 años en una prisión de la que, en el mejor de los casos, podría
salir libre acompañado de un usted disculpe que le regale algún juez.
Vallarta ha
enviado al autor de esta columna y conductor de un noticiero radiofónico de La
Octava, a medios de comunicación y la opinión pública, un texto escrito a mano,
cuyas partes sustanciales se reproducen:
Considera
que su detención se debió a una maquinación realizada desde 2004 para poner en
evidencia, por un lado, a un gobierno capitalino, entonces ¡encabezado por el
actual Presidente!, tratando de acusarlo de no cumplir con su compromiso de
otorgar seguridad y, peor aún, de fomentar los secuestros y tener
secuestradores en sus filas.
“Todo con un
segundo objetivo: poder perpetuarse en el poder público federal, tal y como lo
lograron Genaro García Luna y su camarilla de secuaces (Cárdenas Palomino,
Garza Palacios, Zaragoza Rico, Miranda Torres, Margólis Sóbol, entre muchos
otros más), para continuar conservando el monopolio de los secuestros, como un
proyecto empresarial que les generaba impresionantes ingresos bajo varios
frentes.
“Y, como
tercer objetivo: congraciarse con su superior en turno (¡Fox y Calderón!)
mediante el descrédito de su principal adversario: Andrés Manuel López Obrador
y algunos de sus principales funcionarios en el gobierno de la Ciudad de
México.
“Fórmula inquisitoria
que jamás hubiese tenido éxito sin la asistencia y complicidad de algunos
seudoperiodistas ambiciosos y mezquinos, como en el caso particular de Carlos
Loret de Mola Álvarez, jueces y magistrados de consigna…
“Con ello,
pongo a debate y pido diluciden: ¿Puede un periodista cometer delitos en su
labor profesional o debe ser reprochado por ello y sancionado? ¿Deben quedar
impunes los servidores públicos que fraguan un montaje o escenificación ajena a
la realidad, para ‘fabricar delitos, culpables, testigos’ e incluso
‘víctimas’?... Si mi coprocesada, ciudadana francesa, fue detenida bajo las
mismas circunstancias a la mía, y ella ya fue liberada por las violaciones
graves que expuso la Suprema Corte, ¿es justo, proporcional, congruente y
lógico que, habiéndose probado la tortura en mi contra, el montaje y demás
violaciones al debido proceso, así como la tortura a mis demás familiares y su
indubitable absolución… se me tenga privado de mi libertad en un penal de
máxima seguridad”?
Señala
Vallarta que ignora si el Presidente de México, la Secretaría de Gobernación,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiscal general de la República y
el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, escucharán sus palabras,
pero aprovecho este foro para pedirles públicamente que, en el ámbito de sus
atribuciones y facultades, apliquen verdaderamente la justicia transicional y
no se permitan estas aberraciones jurídicas.
Y cierra su
carta así: ¿Deben ser sancionados los juzgadores que, lejos de reparar las aberraciones
precitadas, las convaliden y sujeten a personas a prisión, de manera
incongruente y prolongada? ¿Debe asumir el Poder Judicial de la Federación la
carga y responsabilidad de ser omiso de que las policías no evolucionen en sus
métodos de correcta investigaciones?
Y, mientras
ha sido procesado sin sobresaltos el encuentro entre integrantes de la familia
LeBarón y el presidente de la República.
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