Julio Astillero.
El académico
y comentarista Sergio Aguayo es víctima de una de las varias fases oscuras y
dañinas del poliedro de corrupción y complicidades que forman el Poder Judicial
de nuestro país, en este caso el de la Ciudad de México (que no pudo ser
corregido ni cambiado por las décadas de poder perredista en los poderes
Ejecutivo y Legislativo ni por el año de morenismo en curso).
En un
artículo publicado en 2016, Aguayo mencionó el hedor a corrupción que de manera
sabida y evidente rodea al ejercicio público de Humberto Moreira, quien fue
gobernador de Coahuila, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
promotor metálico de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto y,
luego, huésped temporal de cárceles hispanas en función de acusaciones
relacionadas con la oscuridad de las relaciones político-criminales.
A Humberto
su fuerza política, es decir, su relación con Peña Nieto y su control de los
factores de élite de Coahuila le alcanzaron para dejar en su lugar a su hermano
Rubén Moreira, aunque, para no propiciar el nada elegante traspaso de poder
entre manos fraternas habilitó a un interino propicio, Jorge Torres, después
alojado en cárceles estadunidenses. Luego, Rubén, peleado a muerte con
Humberto, logró colocar como sucesor a Miguel Ángel Riquelme, un gris político
local que administra con tolerancia los distintos negocios densos que tienen
como sede a Coahuila.
No es un
exceso ni algo infundado lo que ha dicho Aguayo (quien, además, desde El
Colegio de México impulsó el estudio general sobre los terribles asesinatos en
Allende, Coahuila). A Humberto Moreira, a Rubén Moreira, a Jorge Torres (luego
preso) y a Miguel Ángel Riquelme les persigue el tufo a corrupción. Sin
embargo, el desocupado Humberto ha pretendido castigar a Aguayo y amedrentar a
otros críticos, mediante el uso de caros despachos de abogados, procesos
procesales cansados y onerosos para el demandado y fórmulas de acomodo de la
voluntad de los jueces al sonoro cantar de los dineros (¡Oh, ¿habrá demanda
también por escribir en esta columna de opinión lo que es la visión de años de
un tecleador astillado sobre lo que ha sucedido en su estado natal?!).
En octubre
del año pasado, por ejemplo, en esta sección consigné un dato más
correspondiente al libreto de manipulaciones contra Aguayo. Escribí: “Cuatro
días antes de dejar la gubernatura de Coahuila, Rubén Moreira Valdez expidió la
patente de aspirante a notario público a Jean Paul Huber Olea Contró, un
abogado sin ejercicio profesional en la entidad, que se definía más bien como
‘consultor político, especialista en estrategia, gerencia jurídica y defensa
del voto’” (https://bit.ly/2IOWbep).
Luego, dos
días después, es decir, dos días antes de entregar el mando coahuilense,
Moreira Valdez asignó al mencionado abogado la notaría pública 124, con sede en
Saltillo, y, luego “el magistrado Francisco José Huber Olea Contró (hermano del
notario público hecho al vapor por Rubén Moreira Valdez) sentenció al
académico, escritor y comentarista en medios Sergio Aguayo Quezada a que pague
10 millones de pesos a Humberto Moreira Valdez (hermano del generoso dador de
notarías, Rubén y, como éste, también ex gobernador de Coahuila; distanciados
entre ellos, pero no exentos de coincidir en ciertos puntos).
Con el uso
de la frase exculpatoria tan usada por AMLO, con todo respeto: Donald Trump ha
dicho lo que ya se ha planteado múltiples veces aquí; que AMLO o, más
precisamente, México, está pagando el muro migratorio propuesto por el ahora
presidente de Estados Unidos. Y, mientras el carnicero de 2006 a 2012, Felipe
Calderón, ha tuiteado, sin memoria histórica, que a juzgar por la velocidad con
la que se deteriora nuestra democracia, los chicharroneros de hoy serán los
marranos del mañana.
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