Por Efrén
Flores.
La
Secretaría de la Función Pública (SFP) busca que los contratos gubernamentales
sin concurso de por medio sean más una excepción que una regla. De ello depende
parte de su estrategia anticorrupción, en momentos de duda sobre la capacidad
de la SFP, tras la exoneración de Manuel Bartlett Díaz por supuestos conflictos
de interés, enriquecimiento oculto y/o tráfico de influencias.
De
acuerdo con el “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prohibir las
adjudicaciones directas es uno de los propósitos sexenales para lograr “un
combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de
beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas
físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la
exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función
para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.
La Ley
Federal de Austeridad Republicana –que entró en vigor en noviembre del año
pasado y que fue promovida por la administración de la Cuarta Transformación
(4T) de AMLO– también refiere que “las adquisiciones, arrendamientos y
servicios se adjudicarán, por regla general y de manera prioritaria, a través
de licitaciones públicas” y que las excepciones “deberán estar plenamente
justificadas” (Artículo 8, segundo párrafo).
Sin embargo,
la realidad apunta otra cosa.
Las
cifras del portal de compras gubernamentales CompraNet arrojan que el 78 por
ciento de los 178 mil 46 contratos celebrados en 2019 –por los distintos
órdenes del Gobierno federal– fueron adjudicados de manera directa. Entre ellos
están 890 adjudicaciones de la Secretaría de la Función Pública, que
representan el 91 por ciento de los contratos que ejecutó el año pasado.
En los
últimos 18 años y en promedio, la SFP adjudicó el 79 por ciento de sus
contratos gubernamentales. Entre 2002 y 2019 la tendencia fue al alza con
periodos de repunte (2004, 2005, 2007-2010, 2016 y 2018) y caída (2003, 2006,
2012, 2013, 2015, 2017 y 2019). Pero la tasa de adjudicación de este año (91
por ciento) fue menor a la del cierre de 2018 (97 por ciento), e inclusive, es
la más baja desde 2015 (91 por ciento).
A pesar de
la caída del año pasado, la Secretaría de la Función Pública mantiene un
grado de adjudicaciones directas por encima del 90 por ciento desde 2010. En
años previos, la tasa de adjudicación osciló entre 34 y 80 por ciento.
Las
cifras históricas de la dependencia federal también indican que entre 2002 y
2019, la SFP celebró cuando menos 8 mil 938 contratos públicos. El 91 por
ciento de ellos (8 mil 127 contratos) fue otorgado sin concurso de por medio.
A ellos
se suman cuatro contratos celebrados por la SFP en lo que va de este año.
De
acuerdo con el portal CompraNet, dichos contratos fueron otorgados por medio de
un concurso abierto (licitación pública federal) para la adquisición de gas
licuado, insumos alimenticios para comedor y mantenimiento de bienes e
inmuebles.
LOS
CONTRATOS DE 2019-2020.
En el
último año la SFP celebró 974 contratos públicos por un monto conjunto de 304
millones 309 mil 736 pesos.
Las
cifras de CompraNet indican que la mayor parte de los contratos (596) estuvo
relacionada con servicios generales. El segundo rubro más contratado fue el de
servicios relacionados con obra pública (311), seguido de las partidas de
suministros (59), eventos oficiales (seis) y arrendamientos (dos).
Además de
los contratos adjudicados (91 por ciento) hubo procedimientos de
contratación por medio de licitaciones públicas (ocho por ciento), así como por
invitación a cuando menos tres personas (uno por ciento) y acuerdo entre
dependencias públicas (1 por ciento).
En cuanto al
objeto de gasto se refiere, las cifras indican que el 77 por ciento del
dinero contratado fue para actividades de apoyo a unidades y direcciones de la
SFP, además de apoyos para procesos de auditoría, control, inspección y
vigilancia de proyectos, contratos, presupuestos y transferencias.
La
Secretaría a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros erogó 233 millones 397
mil 393 pesos en los rubros anteriormente referidos.
Entre los
10 objetos de gasto con mayor inversión por parte de la SFP asimismo estuvieron
el mantenimiento de bienes e inmuebles (12.1 mdp); servicios de apoyo de
defensores de oficio (7.1 mdp); limpieza de instalaciones (5.5 mdp); transporte
vehicular para funcionarios públicos (5 mdp); escaneos, fotocopias y/o
impresiones (3.9 mdp), además de materiales y refacciones (3.4 mdp).
De los
objetos de gasto destacaron las inversiones en difusión y propaganda (3.2
mdp), pasajes aéreos para funcionarios públicos (1 mdp), seguridad privada
(443.7 k) y arrendamiento de vehículos (151 k).
También destacó
el gasto en insumos alimenticios y artículos para cocina por un total de 1
millón 55 mil 549 pesos, que incluye la compra de frutas y verduras (144 k),
carne (94 k), pescado (52 k), pollo (46 k), lácteos y embutidos (45 k),
tortillas (15 k) y pan (10 k).
Las dos
compañías con más contratos estuvieron relacionadas con el rubro de alimentos y
servicios para el comedor de la Secretaría.
Grupo
Gastronómico Gálvez (10 contratos) y Sazón Seguridad Alimentaria (ocho
contratos) se embolsaron 636 mil 228 y 685 mil 220 pesos por medio de contratos
públicos. Sin embargo, las dos compañías con mayores ingresos pertenecen al
rubro de los servicios de limpieza de instalaciones y arrendamiento de
vehículos.
Las
empresas Cervica Tex –señalada por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados
del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General,
Similares y Conexos de la República Mexicana por haber mentido en el proceso de
selección de la licitación pública nacional LA-006HHE001-E131-2018– y Casanova
Vallejo fueron los proveedores de la SFP con mayores ingresos en 2019, con 5
millones 517 mil 241 y 4 millones 197 mil 190 pesos, respectivamente.
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