Por Diana
Ávila.
Los
investigadores que cotidianamente acuden al Archivo General de la Nación (AGN)
para consultar la memoria histórica del país se llevaron una desagradable
sorpresa el pasado lunes 6: la documentación de la extinta Dirección de
Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), concentrada en más de 5 mil cajas,
será puesta bajo llave para ser sometida a un “proceso de revisión”.
Ante la
molestia de los estudiosos dedicados a hurgar el pasado de la policía política,
el jueves 9 el AGN intentó aquietar la inconformidad, y a través de su cuenta
de Twitter emitió una nota informativa donde precisó que la colocación del
aviso obedeció a un “error involuntario” del personal responsable.
Pero lo
cierto es que semanas antes se instruyó a los trabajadores sobre la medida, con
el argumento de que supuestamente respondía a la puesta en vigor de las
“políticas para la consulta de documentos relacionados con violaciones graves a
los derechos humanos (DDHH)”, anunciadas desde agosto del año pasado por Marco
Palafox Shmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, y Mariana Gayosso,
directora de Archivo Histórico Central.
Dichos
parámetros responden al acuerdo presidencial publicado el 28 de febrero de 2019
en el Diario Oficial de la Nación, donde se establece la transferencia de
documentos históricos relacionados con violaciones a los derechos humanos y
persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así
como con actos de corrupción.
En las
“políticas” se establecía que a partir del 6 de enero de 2020 los usuarios de
estos acervos podrían acceder a la documentación de forma directa cuando no
contenga “datos personales de naturaleza sensible” y mientras el estado de
preservación lo permita o, en su defecto, por medio de una versión pública
testada, a fin de proteger la “información que afecta la esfera más íntima del
individuo”.
Según esos
parámetros, el Comité de Transparencia del AGN –conformado en su mayoría por
abogados– aprobó un “criterio novedoso” en marzo de 2019, bajo el cual
justifican la eliminación de información de la versión pública de algún
personaje cuando “no se advierta que sean servidores públicos”, “no se advierta
que representen a algún sector social” o “no se advierta que sean dirigentes de
algún movimiento político”, como se lee en casi cualquier versión pública
revisada a partir de 2019.
De
acuerdo con la nota informativa que el AGN difundió en las redes sociales,
todos esos criterios para consulta han sido respaldados y validados por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI), a través de las resoluciones RRA/5199, RRA/7373 y
RRA/10070, emitidas recientemente.
A decir de
no pocos investigadores, las implicaciones de esta medida resultan
inquietantes, pues con esos criterios tan estrechos los historiadores tendrían
que continuar escribiendo la “historia de bronce”, como llamó Luis González a
la historia decimonónica que resalta las hazañas de los “grandes hombres”, y
descartar, por ejemplo, la posibilidad de nuevos estudios históricos sociales,
políticos, militares, ambientales, de la vida cotidiana, biográficos,
prosopográficos, de las clases subalternas, entre muchos otros enfoques, ya que
estos acervos contienen una riqueza informativa no sólo textual, sino también
gráfica y audiovisual.
Frente a
las ambiguas disposiciones y la instrumentación de criterios inadecuados para
acceder a la documentación de carácter histórico relativa al fondo de la
Secretaría de Gobernación, que ha ocasionado el descontento de investigadores
nacionales y extranjeros, el próximo jueves 16 el AGN presentará una nueva
estrategia para “promover un criterio que posibilite la consulta de dichos
documentos sin testar”.
Ana
Galindo, jefa del centro de referencias del AGN, afirmó que será posible
consultar de manera directa los documentos que estén fechados de 1920 a 1949,
mientras que los creados o gestionados por la DIPS de 1950 a 1982 serán
accesibles sólo por medio de peticiones de información en formato de versiones
públicas.
Además, abundó,
sólo podrán solicitarse expedientes individuales y no cajas completas, puesto
que todos pasarán por un proceso de revisión previo para rectificar su
temporalidad.
La
sección DGIPS del fondo Secretaría de Gobernación es uno de los acervos más
importantes de la historia nacional. Fue abierto parcialmente en junio de 2002
por acuerdo presidencial del entonces mandatario Vicente Fox, supuestamente con
el fin de investigar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa
humanidad relacionados con los movimientos políticos y sociales del pasado.
Este
acervo de la historia ha sido revisitado por historiadores nacionales y
extranjeros, e integra documentación producida por las agencias de inteligencia
mexicanas de 1920 a 1982: el Departamento Confidencial de Álvaro Obregón, Plutarco
Elías Calles y Emilio Portes Gil; la Oficina de Información Política y Social
de Lázaro Cárdenas; el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales de
Manuel Ávila Camacho, y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales,
después llamada Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, de
Miguel Alemán en adelante.
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