Por posibles desvíos y violencia, exigen auditoría a la Comisión de Víctimas.

Por Arturo Angel.

Organizaciones y especialistas en derechos humanos exigieron al gobierno federal que se revelen los resultados de una auditoría operativa y financiera realizada a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), tras las denuncias de víctimas de posibles malos manejos y hasta desvío de los recursos en dicha institución, y en el fondo destinado para ayudar a las víctimas.

Además, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que convoque con carácter de urgente al pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) el cual se ha reunido solo una vez en seis años, pese a crisis de violencia y al incremento récord de homicidios por cinco años consecutivos.

Animal Político publicó esta semana que el SNAV no funciona, ya que al no sesionar (aun cuando lo exige la ley) tampoco ha diseñado ni supervisado alguna política de Estado en apoyo a las víctimas. Todo el esfuerzo se ha recargado en la CEAV, institución que opera al borde del colapso, con poco personal y con múltiples denuncias y quejas por malos tratos, negligencias y hasta acoso sexual.

“El presidente López Obrador al igual que su antecesor tampoco ha convocado al Sistema Nacional incumpliendo con la ley. Esto ha propiciado, entre otras problemáticas, la falta de coordinación entre instituciones encargadas de la atención a víctimas y evaluación de estas”, señaló el Observatorio Ciudadano de Derechos de las víctimas.

¿Que hacer al respecto? Organizaciones, expertos y abogados especializados en derechos humanos y de las víctimas consideran estas acciones como prioritarias.

Al respecto, se consultó a la CEAV, pero la respuesta oficial es que la administración de la comisionada presidenta, Mara Gómez Pérez -quien fue nombrada apenas en diciembre pasado- se encuentra en una fase de diagnóstico de las condiciones en que recibió la comisión, y será hasta que concluya ese análisis cuando se pueda fijar una respuesta.

Que sesione el Sistema Nacional.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el pleno del SNAV debería sesionar al menos dos veces al año de forma ordinaria, y las que sean necesarias de forma extraordinaria con la finalidad de formular, coordinar y supervisar la policía nacional en favor de las víctimas. Pero de 2014 a la fecha solo ha sesionado una vez. La responsabilidad de convocar al pleno recae en el presidente.

“En primer lugar y antes que nada tiene que sesionar el sistema nacional. Y después que sesione el sistema en todos los estados. Se necesita un mensaje claro desde arriba de que es un tema prioritario que hay que atender y que corresponde a todos, lo que no ha ocurrido hasta ahora”, dijo Jérémy Renaux, subdirector de la organización IDHEAS: Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Expedir reglamento de la Ley de Víctimas .

En septiembre de 2017 venció el plazo legal para que el Congreso expidiera el reglamento de la Ley General de Víctimas, pero hasta ahora no ha ocurrido. De acuerdo con abogados y expertos, esto es prioritario para darle claridad a múltiples procesos, desde cómo convocar al Sistema Nacional, hasta cómo procesar cualquier solicitud de ayuda. “Estamos ante un sistema sin reglas”, señalaron los expertos.

Que se revelen resultados de auditorías.

El año pasado la Secretaría de Gobernación instruyó una auditoría especial tanto operativa como financiera a la CEAV. Esto, luego de que víctimas reportaron posibles anomalías en el manejo del presupuesto de la institución, tras la renuncia del excomisionado presidente de CEAV Jaime Rochín en junio de 2019, sin comparecer ante el Senado.

“Debemos tener ya los resultados de la auditoría financiera y operativa de la CEAV para saber que ha sucedido. Si hubo mal uso de recursos, que se impongan sanciones y como hacemos para que eso no vuelva a suceder”, señaló Renaux.

Cabe señalar que esta no sería la única auditoría a la CEAV. En su último informe oficial al dejar el cargo el excomisionado Rochín habló de seis auditorías en curso, cinco de ellas de la Auditoría Superior de la Federación y una más de la Secretaría de la Función Pública.

Esclarecer quejas y pedir disculpas.

Renaux subrayó la importancia de que la CEAV informó que pasó con las 476 quejas promovidas ante su Órgano Interno de Control por diversas anomalías, entre ellas denuncias de acoso sexual. De igual forma consideraron que se debe dar una respuesta por el más de medio centenar de quejas promovidas en su contra ante la CNDH, por posibles violaciones a derechos humanos.

El Observatorio Ciudadano de Derechos de las víctimas consideró que este contexto podría ser propicio para que la nueva titular de la CEAV impulse una transformación en la institución e incluso para que se ofrezca una disculpa pública a las víctimas por el maltrato y revictimización que han padecido ante la institución que debería ser su aliada.

Que estados se pongan al corriente.

Las organizaciones consideraron urgente que los estados completen sus sistemas de apoyo a víctimas, tarea que no han consumado en más de seis años. Actualmente solo 5 de los 32 estados han completado al 100% sus sistemas. Una de cada tres entidades ni siquiera tiene una comisión local de víctimas y casi la mitad no cuenta con el marco legal adecuado.

Los abogados Noé Franco y Reyna Velasco advirtieron que la falta de comisiones consolidadas en las entidades federativas acentúa la indefensión de víctimas y propicia que estas recurran a la CEAV, lo que a su vez agrava la crisis de dicha institución al no estar preparada para esa demanda.

Mayores recursos para CEAV.

Las organizaciones consideraron urgente que el gobierno busque la forma de fortalecer el presupuesto de la Comisión de Víctimas luego de que este sufriera un recorte en 2018 lo que, a su vez, provocó que se tuvieran que eliminar el 30% de las plazas de la institución.

También se registra escasez de recursos humanos. La CEAV opera actualmente con 152 asesores jurídicos, cada uno de los cuales tiene la representación de más de 100 víctimas. La Comisión calcula que necesita al menos tres mil asesores para dar un buen servicio.

Revisar el modelo y convocar al Estado.

Jacobo Dayán, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, coincide junto con otros expertos en que mas allá de las modificaciones que puedan hacerse a la CEAV es importante revisar todo el sistema y entender que no se ha logrado construir una política de Estado en favor de las víctimas.

“La nueva comisionada tiene este gran reto por delante. Debe llamar al Estado para que deje de ser omiso como hasta ahora. Para que se comprometa. Para que no deje todo en una Comisión. Sino esta crisis va a ser permanente y seguiremos solo administrando el desastre”, dijo.

Entre las alternativas que se deben discutir y poner sobre la mesa, de acuerdo con Dayán, está el crear un sistema de víctimas nacional y no federal, y discutir la puesta en marcha de mecanismos de justicia transicional. De igual forma consideró que es necesario que se diseñe un tabulador que clarifique los montos que se deben pagar por indemnizaciones subsidiarias.