Javier Risco.
En 2016, el
cronista Aníbal Santiago nos regaló una historia que no se había escrito sobre
Ayotzinapa. Dos años después de la desaparición de los normalistas se había
documentado de sus cuartos, de sus hermanos y sus padres, de los gobiernos
corruptos, de la incompetencia de todo el sistema federal, de Guerreros Unidos
y Los Rojos, de los Abarca, de las marchas, de lo que dejaron, de la esperanza
y del miedo, pero no se había escrito de su herencia más dolorosa. En una
crónica titulada “El narco junto al pupitre”, publicado en el semanario
Newsweek, el periodista Santiago visita la Escuela Primaria Rural Col. Jardín
Pueblo Viejo, también llamada “Benito Juárez”; esta escuela de nivel básico es
la más cercana a “esos huecos con muertos que no paran de surgir desde que los
43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron”. Habla de las fosas de Iguala,
pero ¿cuál es el legado de la tragedia en la primaria más cercana a la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos? ¿A qué juegan esos niños entre los 6 y los 12 años?
¿Cómo es para los niños educarse en un entorno de cadáveres? ¿Qué se dicen? ¿A
qué huele? Su testimonio es, desde mi punto de vista, uno de los más dolorosos,
porque esos niños siguen, bueno, algunos, supongo, otros no; esos niños
crecieron, bueno, algunos, otros no.
“Nuestros
niños todo el tiempo experimentan eso. Para quienes viven aquí en Las Parotas,
abajo del Cerro Che Guevara o Jardines Campestre, los muertos son rutina. Los
niños se cuentan esas historias, me las cuentan a mí: ‘Maestro, ¿vio el muerto
de por allá? Uno trata de moderarlos, insistir en los valores, que del portón
para adentro olviden su entorno. Pero salen de acá y en sus casas les dicen: ‘ustedes
son hombrecitos, machitos, deben mandar’. Mire a ese alumno de primero –señala
el director durante el recreo.
“Lo ubico.
Rodeado de unos veinte niños, el pequeño de seis años insulta, maldice, patalea
y, por último, se acerca a otro menor. Lo mira en silencio, destierra los ojos
de sus órbitas. Ahora escupe: la saliva cae a los pies de su compañerito”.
La crónica
es una fotografía devastadora de autoridades educativas olvidadas, maestros que
huyen después de la amenaza de un padre por corregir a su hijo, de plantillas
docentes de cinco personas para una primaria, de niños que quieren ser narcos
de grandes, de huérfanos, de madres desaparecidas, de un ídolo llamado Joaquín,
de ciclos escolares en los que se dan de baja 50 alumnos por año. De una violencia
que ha sido una onda expansiva que ha llegado a todo el país.
Después de
lo sucedido en Torreón, Coahuila, el viernes pasado, es fundamental el Proyecto
26, no sólo por el presente, sino por la violencia que venimos arrastrando, el
lenguaje bélico que se ha convertido ya en otra lengua de este país. El
proyecto en manos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y
propuesto por la Red por los Derechos de la Infancia en México, es la creación
de un proyecto prioritario para el gobierno de López Obrador, enfocado en un
plan nacional de prevención y atención a la violencia armada en contra de
niñas, niños y adolescentes.
¿Qué más
necesitan para echarlo a andar? ¿Qué sabemos de los niños de la Escuela
Primaria Rural Col. Jardín Pueblo Viejo de los que nos contó Aníbal Santiago en
2016? ¿Cuántas primarias con fosas tenemos en este país? En esta interpretación
multifactorial de la tragedia del viernes, aunque parezca evidente y casi parte
del sentido común, es necesario apagar el incendio de violencia al cual están
expuestos los niños mexicanos, lo digo porque hasta el momento el gobierno no
hace más que repartir culpas y lamentar tragedias. Es necesario apagar el
incendio de violencia al cual están expuestos los niños mexicanos
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