Por Patricia
Mayorga.
El fiscal general de Chihuahua, César
Augusto Peniche Espejel, aseguró que el extitular de la Unidad de Política y
Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Alfonso Isaac Gamboa Lozano, tenía mucho que aportar en la investigación de
desvío del erario público del ramo 23, en beneficio del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Gamboa
Lozano fue asesinado ayer en el fraccionamiento Brisas de Temixco, en el estado
del Morelos, junto con dos hombres y dos mujeres.
El fiscal de
Chihuahua condenó el crimen, que calificó como “conducta encaminada a
transgredir el derecho a la vida”, y lamentó que el exfuncionario se fuera con
mucha información que podría aclarar la investigación de los presuntos delitos
cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En
Chihuahua, la entonces PGR (Procuraduría General de la República) y el entonces
gobierno federal hicieron todo, absolutamente todo, incluso torcer la ley, para
arrebatar a Chihuahua esa investigación que aún permanece pendiendo de un hilo
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde esperamos recuperar
la calidad de víctima para el estado de Chihuahua, a fin de poder continuar con
la investigación”, detalló Peniche Espejel.
El gobierno
de Chihuahua no alcanzó a citar al exfuncionario federal para que declarara,
porque a través del caso que involucra al exsecretario general adjunto del PRI,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, éste promovió amparos para que fuera llevado a
instancias federales.
El gobierno
estatal impugnó hasta la SCJN, pero ésta desechó el asunto, porque jueces
federales no reconocieron la calidad de víctima de Chihuahua.
El fiscal de
la entidad está convencido de que Alfonso Isaac Gamboa tenía mucha
información que aportar a la serie de hechos que caracterizaron a la anterior
administración pública federal, y sobre la discrecionalidad con que se
manejaron los recursos del ramo 23.
“Él hizo
posible la denominada operación Zafiro. A través de dicha estrategia, desde la
Secretaría de Hacienda tuvo lugar una millonaria operación para desviar
recursos públicos a través de millonarias asignaciones a algunas entidades
federativas con cargo al fondo de estabilización que después eran ejercidas a
través de contratos simulados con empresas fantasmas o ‘efos’ y posteriormente
desviarlas presuntamente para el uso en campañas políticas”, explicó el fiscal.
Gamboa
Lozano –añadió– era el operador de esa estrategia; fue quien
“inevitablemente tenía que autorizar esos recursos. En Chihuahua pudimos
detectar que no sólo en nuestro estado operó esa maniobra de la anterior
administración. Hubo otros estados que por razones que nos son desconocidas, ni
siquiera intentaron documentar tales hechos y mucho menos perseguir esos
delitos”.
Isaac Gamboa
“se lleva mucha información sobre esta operación; era una pieza clave. Pero
no obstante que se lleva datos valiosos sobre la operación Zafiro, sería justo
que se retomaran esas investigaciones”, recalcó.
En mayo de
2018, la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua presentó un recurso
de revocación contra el acuerdo de la SCJN, porque acordó la improcedencia del
recurso de revisión presentado por la dependencia estatal para evitar el
traslado al reclusorio Norte en la Ciudad de México de Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, ‘La Coneja’.
Igual presentó
un recurso de revisión en contra de la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado,
que resolvió el conflicto competencial 4/201, que corresponde al proceso penal
por el desvío de 250 millones del erario de Chihuahua a campañas priistas de
diferentes entidades, a favor del juez de Distrito Administrador del Centro de
Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.
El consejero
jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, informó que están por establecer un
recurso de revocación contra el acuerdo de la SCJN, porque resolvieron a priori
y no tocaron el fondo del asunto de un recurso promovido contra el juez federal
Gerardo Moreno, quien le quitó la calidad de víctima al estado de Chihuahua.
“El
recurso lo consideró improcedente porque no tenemos el carácter de víctima que
aún teníamos en ese tiempo (cuando presentaron el recurso ante la SCJN), pero
se tardó alrededor de un mes. Se presentó a principios de abril y se tardó; en
aquel tiempo lo teníamos (el carácter de víctima). Ya desde mayo que lo
desconoce el juez Moreno, ya no lo somos”, denunció Espinoza Cortés cuando presentaron el recurso.
El juez
Gerardo Moreno desconoció al gobierno estatal como víctima en el caso de
peculado agravado contra Gutiérrez Gutiérrez durante una audiencia, y el
Ejecutivo de Chihuahua interpuso un amparo que aún no se resuelve. El caso
todavía se encuentra en la SCJN.
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