Por Linaloe
R. Flores.
En sus últimos años de operación, el Seguro
Popular se ensombreció con opacidad (documentos cruciales fueron reservados),
anarquía en los padrones y falta de indicadores que demostraran su efectividad.
Pero las empresas privadas -no relacionadas con el sector salud- a cargo no
corrigieron los errores y se convirtieron en grandes ganadoras de este programa
de salud, otra vez en el epicentro de los debates públicos, por la presencia
amenazante del coronavirus COVID-19.
TV Azteca
de Ricardo Salinas Pliego y Televisa de Emilio Azcárraga Jean; SixSigma
Networks del emporio de María Asunción Arambaruzabala y Farell, Grupo de
Consultoría de Rosa María Farell Campa, hija de Arsenio Farell Cubillas (un
linaje vinculado al Partido Revolucionario Institucional) recibieron contratos
por adjudicación directa para operar el controvertido sistema de salud, creado
en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y continuado en los de Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A querer o
no, los mexicanos pagaron por el Seguro Popular un billón 379 mil 645
millones de pesos (un monto similar a la deuda del Fobaproa); pero no todo salió
bien. Esta Unidad de Datos localizó tres casos en los que estos grandes
negocios se beneficiaron más que la población objetivo. Son algunos datos
oscuros del Seguro Popular en sus últimos años de operación, cuando la COVID-19
estaba por llegar.
I. EL CENTRO
DE DATOS QUE JAMÁS LOGRÓ LA CONFRONTA DE PADRONES
GASTO: 12
MDP
EMPRESA
BENEFICIADA: SIGSIGMA NETWORKS
DUEÑA: MARÍA
ASUNCIÓN ARAMBARUZABALA
DATO OSCURO:
LOS PADRONES NO SE LOGRARON
Apenas
arrancó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el centro de datos en el
que se guardaba la información acumulada sobre el número de beneficiarios del
Seguro Popular fue adjudicado a la empresa SixSigma Networks, de María Asunción
Aramburuzabala Larregui, la mujer más rica de América Latina, con un contrato
de cuatro millones 900 mil pesos.
Pese a la
inversión, durante ese año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó
que no había un sistema disponible que diera cuenta de la armonía entre la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) -el organismo a cargo
del SP- y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.
Debido a
esta carencia, no fue posible verificar si el acceso a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios fue efectivo.
Además, ese
mismo 2013, las evaluaciones de la ASF mostraron que el sistema de afiliación y
reafiliación no estaba sistematizado y no todos los módulos contaban con acceso
a Internet. Así que los padrones no se elaboraban en tiempo real. Tampoco, el
centro de datos proporcionó documentación que acreditara la capacitación del
personal.
No obstante,
esos resultados un año después, se renovó la contratación con otros siete
millones 643 mil 965 pesos con 52 centavos con SixSigma Networks.
La ASF de la
cuenta pública de 2017 informó que se hizo una confronta con los padrones de
personas derechohabientes de otras instituciones que proporcionan seguridad
social, lo que generó riesgo de duplicidad en perjuicio de quien no tenía ni un
solo registro.
El informe
de la ASF, fechado en 2018, dejó registrado: “… El programa sigue sin contar
con información ni indicadores ni metas, para evaluar el cumplimiento del
mandato del Seguro Popular relativo a garantizar el acceso efectivo, oportuno,
de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de
manera integral las necesidades de salud, y con ello, valorar la atención del
problema público”.
II. EN EL
AÑO DE LA COVID-19 NO ES POSIBLE SABER SI EL SEGURO POPULAR ERA CONVENIENTE
GASTO: 10.8
MDP
EMPRESA:
FARELL, GRUPO DE CONSULTORÍA
DUEÑA: ROSA
MARÍA FARELL CAMPA
DATO OSCURO:
DOS ESTUDIOS CRUCIALES FUERON PUESTOS BAJO RESERVA
En medio
de críticas como falta de reglas claras y prisa en su puesta en marcha, en
enero de 2020, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Seguro
Popular con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Uno de
los señalamientos en contra provino de seis exsecretarios de Salud que en una
carta advirtieron en diciembre de 2019 que el nuevo instituto nacería de manera
improvisada. Según ellos, su eliminación significaba “anular uno de los avances
institucionales más importantes” del sistema de salud y su mejora no requería
“ningún viraje repentino”; sino políticas de Estado.
La
COVID-19 19 llegó a México mientras se vivía esta disputa por la salud.
Mientras, en los archivos de la CNPS yacen dos estudios sobre la viabilidad
financiera que podrían brindar luces. En 2015, durante el tercer año de
Gobierno peñanietista, la CNPS clasificó esos documentos como reservados hasta
2027.
Uno es
sobre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de acuerdo con la
siniestralidad registrada, así como los padecimientos que generaban este tipo
de erogaciones y el otro sobre la prima del programa con la consideración de la
Cartera del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).
El
contenido de estos documentos revelaría si el Seguro Popular era sostenible
para el periodo de proyección 2016-2025. Cuando la reserva expire, el Gobierno
de AMLO tendrá tres años de concluido y el de Enrique Peña Nieto, cumplirá
nueve de haber dejado el poder. El coronavirus acaso sea un mal recuerdo.
Farell,
Grupo de Consultoría es una firma dirigida por Rosa María Farell Campa, hija de
Arsenio Farell Cubillas, fallecido en 2005 y quien fue Secretario del Trabajo y
Previsión Social en los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) y
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), así como de Contraloría y Desarrollo
Administrativo de México durante la mayor parte del Gobierno de Ernesto Zedillo
Ponce de León (1995-2000).
Farell
Cubillas también fue padre de José Arsenio Farell Campa, quien sería partícipe
en la red financiera creada en Suiza para transferir recursos de procedencia
ilícita, constituida por Raúl Salinas de Gortari, el hermano mayor del
expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Entre
2014 y 2016, esta firma realizó las valuaciones financieras y actuariales de la
prima del Seguro Popular y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
mediante cinco contratos que sumaron dos millones cuatro mil 560 pesos.
III. LA
CAMPAÑA
EMPRESAS
BENEFICIADAS: TV AZTECA Y TELEVISA
DUEÑOS:
RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO Y EMILIO AZCÁRRAGA JEAN
GASTO: 21.1
MDP
DATO OSCURO:
LOS MENSAJES DIFUNDÍAN SUPUESTOS LOGROS DEL SEGURO POPULAR
Marcado
por un gasto excesivo en publicidad oficial, cuyo monto llegó a más de 64 mil
millones de pesos, el Gobierno de Peña Nieto no dejó al Seguro Popular, fuera
de las campañas que difundían supuestos logros de su Gobierno.
En las
pantallas se difundieran las campañas “Salud para todos” y “Logros del Sistema
Nacional de Salud 2015. Versión Seguro Popular”, en 2013 y 2015. TV Azteca, de
Ricardo Salinas Pliego, se llevó 10 millones 869 mil 48 pesos y Televisa, de
Emilio Azcárraga Jean, obtuvo 10 millones 285 mil 177 pesos.
Los
mexicanos vieron en las pantallas “spots” en los que bajo el lema “Queremos que
lo bueno siga contando” aparecían familias sonrientes y que agradecían a los
médicos. Algunas imágenes estaban situadas en el campo. En una de las imágenes,
una pareja de campesinos de la tercera edad respondía: “¿Qué es el Seguro
Popular? Es algo que nos ayuda cuando estamos enfermos”.
Mientras,
la corrupción galopaba. En la transferencia de recursos a los Gobiernos de los
estados se perdieron 77 mil 606 millones con unos cien “trucos” para desviar el
dinero de sus objetivos, según la revisión de 2008 a 2018 de la Auditoría
Superior de la Federación.
Los
estados con mayor número de irregularidades fueron Veracruz con 14 mil 052
millones 583 mil 397 pesos; Jalisco con 10 mil 141 millones 748 mil 067 pesos;
Estado de México con 8 mil 170 millones 887 mil 483 pesos: Chiapas con 5 mil
892 millones 138 mil 048 pesos y Guerrero, con cuatro mil 795 millones 405 mil
558 pesos.
Veracruz
se volvió emblemático. Ahí, cuando gobernaba Javier Duarte de Ochoa, niños
enfermos de cáncer recibieron agua destilada por tratamientos de quimioterapia
y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios descubrió
bodegas con 17 toneladas de fármacos caducos o apócrifos.
También
entre 2013 y 2018, se acumularon los casos de mujeres que dieron a luz en la
calle, la banqueta, los automóviles, los baños, las salas de espera o los
patios de los hospitales. En 2018, la falta de camas y de profesionales en los
hospitales llegó a un punto crítico. México se situó en el nivel más bajo en
infraestructura hospitalaria de los países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así llegó el coronavirus.
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