Salvador Camarena.
El
partido en el gobierno “PRI-PVEM” amenazó en la sede del Senado y en audiencia
pública a una organización de la sociedad civil.
Eso no ocurrió en el régimen gorila
de Maduro, no sucedió en la Rusia neozarista de Putin, ni en la patética
América de Trump. Sucedió en el México
de Enrique Peña Nieto.
Ocurre que se nos olvida –porque uno
suele poner en un lugar lejano a la conciencia esas cosas que molestan— que el
Partido (es un decir, pues ya se sabe que su ADN es el de un negocio) Verde (es
otro decir, pues ya se sabe que no les motiva esa agenda) Ecologista (es un
megadecir) de México postuló a la presidencia a Peña Nieto. Así que el PVEM es
un partido en el gobierno.
Y
un senador de ese organismo, el señor Carlos Puente, ha sido el instrumento de
esta amenaza a una organización de la sociedad civil.
Porque lo más importante con
respecto a la nominación de una candidata a la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no ocurrió ayer, cuando la
cuestionada candidata compareció ante las comisiones de Gobernación y de
Población y Desarrollo. Eso fue un trámite. Lo verdaderamente importante sobre ese nombramiento ocurrió la víspera.
El miércoles, representantes de
diversos organismos, que durante semanas han señalado la incompatibilidad de la
nominación presidencial con la ley y con la importancia del Inegi, dialogaron
con las comisiones que iban a evaluar a la candidata peñista.
En
medio de ese diálogo ocurrió la amenaza. Así lo contó La Jornada:
“El
coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente, rompió la cordialidad que había
prevalecido, al cuestionar al representante del Centro de Estudios Espinosa
Yglesias, (CEEY) sobre presuntas irregularidades en esa organización.
“Puente
dijo que para exigir legalidad al Senado, se requiere también actuar dentro de
la legalidad, y de acuerdo con información del SAT en los años 2013 y 2014, el
CEEY ejerció más del 15 por ciento de las donaciones que recibe para gastos
administrativos, cuando sólo puede hacerlo con el 5 por ciento, por lo que
exigirán que las autoridades hacendarias verifiquen si cumple con la
normatividad y está en capacidad de emitir juicios y criticar al Senado”.
(http://bit.ly/2mS3yJ7)
Si
ustedes traen argumentos, les respondo con una auditoría. Si ustedes se atreven
a cuestionar a los senadores, contesto que exigiré a mi presidente que Hacienda
los verifique. Así las credenciales democráticas del líder (es un decir) de los
verdes (ídem) en el Senado.
No
es la primera vez que una OSC vive una amenaza de este gobierno. Las ha habido,
a no dudar. Pero en descampado, en una sede oficial, en una reunión pública y
echando mano de Hacienda es toda una novedad.
Sabido
era que el currículum de la candidata era endeble, pero lo que no sabíamos era
cuán vulnerables se sienten en este gobierno, que ante cuestionamientos
académicos recurren a la vulgaridad de la amenaza.
Qué pobreza de gobierno. Qué nivel
tan bajo han inaugurado. Para todos los
que creían que con el retorno del PRI la regresión era imposible, dejo aquí
una declaración de Puente, quien al ser abordado por la prensa, lejos de ofrecer una disculpa o corregir,
agregó “que ese centro (el Espinosa Yglesias) no puede cuestionar al Senado”,
dijo que el titular del mismo, “Enrique Cárdenas gana más de 300 mil pesos
mensuales”.
Una
amenaza, y encima una muy vulgar. Propia del Verde. Y tendríamos que decir,
como no ha habido deslinde gubernamental, que ahora también propia del gobierno
de Peña Nieto. Literal.
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