Chapucero
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viernes, 31 de julio de 2020
AMLO: Conferencia Viernes 31 de julio 2020.
Nueva
empresa pública distribuirá medicinas: AMLO
Con la
reforma legal que abre la puerta a la importación de medicinas, este viernes el
gobierno federal firmará un convenio con la Organización de las Naciones Unidas
para la adquisición, en mejores condiciones de medicinas, vacunas y equipos
médicos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo,
informó que se conformará una empresa pública que se responsabilizará de la
distribución de estos productos a partir del 15 de agosto.
Esto
significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en
México, vendían a precios elevados los medicamentos, de mala calidad y con
problemas frecuentes de desabasto. Será mediante una convocatoria mundial,
elaborada por la ONU como se va a procesar su adquisición, en el cual podrán
participar todas las empresas en el mundo, incluidos laboratorios de México,
salvo las que tengan malos antecedentes.
Subrayó
que el convenio es muy importante por la transparencia, porque ya no es el
gobierno el que compra, será la ONU. Incluso con la firma se anexará el primer
pedido, “porque no queremos seguir perdiendo el tiempo. Ya no quiero que sigan
faltando los medicamentos, dando pie a la manipulación, la desinformación, que
no se les da apoyo a los niños con cáncer. Todo esto tiene una parte real y
otra muy vinculada a la manipulación política y los intereses creados, porque
se ‘rayaban’ en la compra de medicamentos”.
Adelantó
que será David León, quien hasta ayer estaba a cargo de la Coordinación
Nacional de Protección Civil el responsable de dirigir la nueva distribuidora
de medicamentos. Explicó que las adquisiciones que se realicen a escala mundial
llegarán a puertos o aeropuertos nacionales, donde la empresa tendrá oficinas
para organizar la redistribución a los centros de salud en todo el país.
Es partir
de cero, porque no se tenía una distribuidora, todo se privatizó, todo se
contrataba, el gobierno estaba como una fachada, si acaso eran oficinas para
firmar contratos. Todo, todo se subrogaba.
Aseveró
que esto forma parte de las acciones para consolidar al sistema de salud que
tiene un carácter prioritario y para otorgar servicios de salud gratuitos:
desde luego lo que queremos es mejorar el servicio, porque no es decir: Es
gratuito, pero no tengo medicina, toma la receta y ve a comprar tu medicina.
Eso es lo que queremos resolver.
Mencionó
que las compras consolidadas que se efectúen por medio de la ONU –de todas las
dependencias federales y los estados que se adhirieron– abarcarán las vacunas,
incluida, la que se produzca para atender el Covid-19. Recordó que México
promovió una iniciativa para que no hubiera una concentración de medicamentos
en algunos países, por eso cuando empiecen ya a probarse y distribuirse las
nuevas vacunas para enfrentará pandemia, solicitaremos un trato especial.
López
Obrador consideró que por ahora hay mucha especulación en torno a la vacuna
pues recientemente una empresa anunció que llevaba muy avanzada la
investigación, lo que provocó que subieran sus bonos en la bolsa. Ganaron
muchísimo dinero con la pura noticia, luego se supo que no iban tan avanzados,
pero ya habían obtenido ganancias.
Farmacéuticas
nacionales podrán competir en igualdad de condiciones.
Las
empresas farmacéuticas mexicanas podrán competir en igualdad de condiciones que
sus homólogas de todo el mundo; habrá licitaciones públicas y abiertas
Fernando
Cotrim Barbieri, representante de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), de la ONU aclaró que las empresas farmacéuticas
mexicanas podrán competir en igualdad de condiciones que sus homólogas de todo
el mundo, para venderle medicamento a gobierno federal de este país.
En
conferencia de prensa destacó que para ello, habrá licitaciones públicas y
abiertas.
Las
licitaciones serán públicas e internacionales, quieren decir que son abiertas
al mercado nacional. En cada licitación se darán a conocer las bases para
participar, expuso.
Confió
que, basados en la experiencia de la UNOPS, lograrán obtener el mayor número de
adjudicaciones.
"Creemos
que podremos tener la mayor cantidad de claves adjudicadas en lugar de claves
desiertas, pero siempre habla igualdad de participación privilegiando calidad y
precio",
indicó.
Reconoció
que los retos del proceso en general, "es lograr la desconcentración de
los proveedores para lograr la competencia efectiva", y aseguró que
"tenemos las herramientas para hacerlo".
Gobierno busca recuperar bienes de la delincuencia de "cuello blanco" en EU.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que además de buscar justicia y
no repetición en los casos de crimen organizado y de cuello blanco, van con
todo para recuperar los recursos que los implicados pudieron haber robado al
estado mexicano.
Son los
casos, dijo, de Emilio Lozoya, César Duarte, y García Luna. "No sólo es
hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo
de México, bienes de procedencia ilícita".
López
Obrador aclaró que al Gobierno de México le interesan tres cosas: primero,
que se conozca la verdad sobre el modus operandi, la forma en que saqueaban al
país, para que no haya repetición; segundo, el castigo a los responsables para
que no haya impunidad; y tercero, recuperar el dinero que se extrajo a la
hacienda pública
En el
caso de Lozoya, recordó que en la compra de fertilizantes se estima que hubo un
sobreprecio de 200 millones de dólares. En este sentido, López Obrador añadió que
ya hay una oferta para que ese dinero sea devuelto.
"El
que compró la planta nos manda a decir que si se realiza la operación él
llegaría a un acuerdo con el Gobierno para devolver los 200 millones de dólares
que sería una especie de reparación del daño. Es algo que podría ayudar a los
implicados, si devuelven el dinero, sino lo devuelven, el juicio sigue adelante
como está establecido, como está contemplando. Si no hay devolución del dinero
simplemente no hay acuerdo, nosotros no vamos a entregar ninguna concesión si
no devuelven lo que se llevaron", advirtió.
En el
caso García Luna, sostuvo que es importante que sea extraditado a México
"porque también hicieron negocios aquí en México, y hay dinero de por
medio".
Mientras que
en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, "se habla de que
hay bienes en los Estados Unidos".
VAN POR
APLICAR CONVENIOS INTERNACIONALES.
En esa
materia, el canciller Marcelo Ebrard informó que existe una mesa de trabajo
permanente con Estados Unidos para aplicar convenciones internacionales
vigentes, que permitirán recuperar bienes procedentes de delitos cometidos en
México.
"Se
trata recuperar bienes del narcotráfico, que tengan empresas o bienes en
Estados Unidos, pero que su operación esté en México, es decir, recuperar
bienes que están vinculados a ilícitos en México", expuso.
De igual
forma, dijo que trabajan en recuperar bienes de los delincuentes de cuello
blanco, "que abren cuentas a nombre de familiares o empresas en las que no
participan o no se puede demostrar fácilmente su participación en Estados
Unidos".
Ebrard
Casaubón sostuvo que en dichas mesas participan la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaria de Seguridad, y
la Cancillería mexicana, así como sus contrapartes en el país vecino del norte.
"Hay
muchos casos, simplemente con revisar, por ejemplo, el caso de César Duarte que
está en audiencia, están ofreciendo propiedades como fianza, y estamos
solicitando la información correspondiente. Hay una mesa permanente de trabajo,
están anuentes y vamos a tener resultados, creo que la colaboración entre
México y Estados Unidos es de las más fuertes en la historia", concluyó.
AMLO y ONU firman convenio para adquirir medicamentos en el extranjero.
El
presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma de un convenio entre
el gobierno mexicano y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), de la ONU, para permitir la adquisición de medicamentos,
equipos médicos, y vacunas en el extranjero.
"Esto
significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo,
medicinas de buena calidad, a bajos precios, y sin corrupción", expresó durante la conferencia
matutina de este viernes.
Con ello,
aseguró, se resolverá el problema de desabasto de medicamentos en el país.
"Porque
siempre ha faltado el medicamento, se ha llegado al extremo de distribuir
medicamentos adulterados que han causado la muerte de personas y hay pruebas de
que ha imperado la corrupción en la compra de medicamentos, se robaban hasta el
dinero de los medicamentos", sostuvo.
Desde
Palacio Nacional, el mandatario recordó que las compras internacionales de
medicina, no estaban contempladas en la ley, sin embargo, ya es posible, tras
la nueva reforma a la ley de adquisiciones aprobada en el Congreso de la Unión.
Se habla
de libre mercado, competencia, pero en los bueyes del compadre, siempre y
cuando no perjudiquen los intereses de los privilegiados, de los que hacen jugosos
negocios al amparo de la ley, ahora ya es posible, nos ayudaron los
legisladores, se los agradezco, indicó.
Recordó
que, en paralelo, se creará una empresa distribuidora de medicamentos del
Estado: "Para que al llegar al territorio nacional sean distribuidos y
lleguen hasta el más apartado pueblo, la más apartada comunidad, que no falten,
que así como llegan los refrescos, lleguen los medicamentos".
Por su
parte, el secretario de salud, Jorge Alcocer aclaró que el convenio coadyuva
a la erradicación de la corrupción, pues tiene como anexo, el listado de
empresas multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, así
como las que están siendo investigadas.
Con el
nuevo acuerdo, las prioridades cambian. La honestidad del proceso pasa como una
obligación de respaldo internacional, puntualizó.
En tanto, Cristian
Morales Fuhrimann, representante de OPS y OMS en México explicó que el convenio
incluye 325 productos diferentes, de los cuales, 250 son medicamentos de
retrovirales, que en muchos países, las farmacias ya no los hacen por
considerar que ya no son negocios.
"Sin
estos mecanismos las farmacéuticas nos los producirían porque no es negocio. Si
tomamos el caso de 19 retrovirales, al comprar con la OMS, se lograrían ahorros
de 74 por ciento respecto a los precios cotizados en 2019", señaló.
Santiago Nieto confirma que la UIF congeló cuentas de Cárdenas Palomino, García Luna y Pequeño.
Por
Redacción / Sin Embargo.
Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda, confirmó esta mañana que las cuentas de Genaro García Luna, Luis
Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño están congeladas.
“La UIF
presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de
2020. En diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna. Las cuentas de
ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del
Presidente”,
escribió el funcionario.
Los tres
exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa hoy se encuentran bajo investigación en Estados Unidos por vínculos
con el narcotráfico.
Ayer, Luis
Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, fueron acusados en una corte federal
en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en
colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Su exjefe Genaro
García Luna, antiguo Secretario de Seguridad Pública de México, que aguarda por
el inicio de su juicio en una corte federal en Nueva York, también fue acusado
por el gran jurado junto con Cárdenas Palomino, exjefe de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI, creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox y que
tuvo como primer director a García Luna) y Pequeño García, exjefe de la
División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).
A García
Luna, arrestado el 9 de diciembre pasado y acusado entonces de tres cargos de
conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y otro por falso testimonio,
se le presentó el jueves otro cargo por participar en un proyecto criminal
continuado.
De acuerdo
con las autoridades, los tres presuntamente participaron en una
multimillonaria trama de soborno en la que recibieron dinero para permitir que
el cartel de Sinaloa, que dirigía entonces Joaquín “El Chapo” Guzmán, operara
con impunidad en México, señala el comunicado de la Fiscalía federal en
Brooklyn, donde se juzga a García Luna.
“El Chapo”
también fue juzgado en esa corte federal y sentenciado el año pasado a cadena
perpetua.
“Como se
alega, durante cerca de dos décadas, García Luna traicionó su juramento
aceptando sobornos de miembros del cartel de Sinaloa para facilitar sus
crímenes y empoderar esa empresa criminal”, dijo al hacer el anuncio de los
cargos el fiscal federal en funciones para el distrito Este de Nueva York, Seth
DuCharme.
“Con las
acusaciones de hoy, García Luna y sus co-conspiradores se enfrentarán a la
justicia por delitos que involucran la importación y distribución masiva de
grandes cantidades de droga a Estados Unidos”, agregó DuCharme, que agradeció a
la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Texas y Nueva
York su trabajo.
De acuerdo
con la acusación del gran jurado, Cárdenas Palomino y Pequeño García, que no
han sido arrestados, eran dos altos oficiales de las agencias del orden en
México que trabajaron bajo el mandato de García Luna durante la época en que
presuntamente cometieron el delito.
Odebrecht pagó elecciones del PRI en Chihuahua, Edomex, QRoo y la de EPN en 2012: Santiago Nieto
Por Dulce
Olvera.
Desde las
elecciones locales de 2010, las vísperas de la campaña electoral de Enrique
Peña Nieto en 2012 y la jornada electoral de 2018, se desplegó el esfuerzo de
un grupo político por “trasladar las metodologías políticas” del Estado de
México a todo el país. Fallaron. Pero en el esfuerzo, lastimaron a personas e
instituciones, escribió hace dos años el ahora titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en la introducción de su
libro Sin filias ni fobias (Grijalbo, 2019).
En febrero
de 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Electorales (SEIDF) comenzó una investigación por cohecho, ya que el director
de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declaró durante un
juicio que le dio 10 millones de dólares al extitular de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, a cambio de cuatro contratos, información
expuesta esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la
audiencia del miércoles.
Seis meses
después de que la Subprocuraduría inició la investigación, Quinto Elemento Lab
y Mexicanos Contra la Corrupción informaron que durante juicios en Estados
Unidos y Brasil se declaró que en el caso de México esos recursos ilícitos se
usaron para campañas electorales. Esos millones ilícitos, documentó Nieto en el
libro, fluyeron entre 2010 y 2016 por Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y
Estado de México.
Como titular
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade)
de febrero 2015 a octubre de 2017, decidió tomar el caso Odebrecht. Se solicitó
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información financiera de
Lozoya y sus empresas. Requirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
a la Secretaría del Trabajo (STyPS) y al Instituto Nacional Electoral (INE). A
Pemex se le solicitó vía transparencia el número de contratos que tenía con
Odebrecht: “la investigación de la SEIDF hablaba de cuatro, pero nosotros
localizamos 42. ¿Dónde estaba el registro de los otros 38 contratos?”,
cuestionó Nieto en sus memorias.
Nieto buscó
entrevistar a la cabeza del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y tener acceso a
la información del caso de la Fiscalía de Brasil para probar que se habían
transferido millones de dólares con destino a algún proceso electoral mexicano.
“Las
transferencias detectadas correspondían a 2010 y 2011 en cuanto a elecciones
locales y a 2012 cuando se llevó a cabo la elección federal que puso en Los
Pinos al priista Enrique Peña Nieto”, escribió Nieto.
En 2010 los
Gobernadores priistas que ganaron las elecciones fueron Javier Duarte Ochoa en
Veracruz, quien se reunió en 2011 con Marcelo Odebrecht entorno al proyecto
Etileno XXI, César Duarte Jáquez en Chihuahua y Roberto Borge Angulo en
Quintana Roo. Los tres han sido extraditados por desvío de recursos públicos.
En 2011, el priista Eruviel Ávila Villegas se convirtió en el Gobernador del
Estado de México.
Sin embargo,
esos presuntos delitos electorales en aquellos comicios de hace casi una década
ya prescribieron. Aunque, por el delito de cohecho (soborno), aún hoy, es
posible imputarle responsabilidad a Peña Nieto, observó el actual titular de la
UIF.
Además, los
probables delitos electorales en las elecciones de 2014-2015 y 2016 no han
prescrito. En caso de acreditarse las transferencias monetarias a esas
campañas, el probable delito prescribiría en 2026, advirtió Nieto.
En las
elecciones de 2015 el PRI arrasó en la Cámara de Diputados, y los priistas que
llegaron a Gobiernos fueron Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche (actual
presidente del PRI), Claudia Pavlovich Arellano en Sonora, José Ignacio Peralta
Sánchez en Colima, Héctor Astudillo Flores en Guerrero, y Juan Manuel Carreras
en San Luis Potosí. Y en las elecciones locales de 2016, salió victorioso Omar
Fayad Meneses en Hidalgo, Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, Quirino Ordaz
Coppel en Sinaloa, Marco Mena Rodríguez en Tlaxcala y Alejandro Tello en
Zacatecas.
En medio de
la investigación, recordó Nieto, el sistema político reaccionó “como animal
acorralado” cuando vio en peligro sus intereses. Derivado de las declaraciones
que hizo al diario Reforma sobre “presiones” de Lozoya para deslindarlo del
caso Odebrecht y que le ofreciera disculpas públicas, el encargado de despacho
de la Procuraduría General de la República (hoy FGR), Alberto Elías Beltrán,
encabezó su destitución a finales de octubre de 2017 de manera arbitraria, ya
que debió realizarla un Procurador con 10 años de antigüedad.
“En lugar de
recriminarme por hacer el trabajo para el cual me designaron, pudieron haber
controlado a sus gobernadores y combatir la corrupción en materia electoral.
Pero para Peña Nieto proteger a sus amigos era más importante que cumplir la
ley. Yo le llamo ‘dinámica del clan’, tan ajena a la visión de Estado”,
recriminó Nieto.
LOS OTROS 6
MDD
El
conglomerado de Odebrecht solía sobornar con millones a gobiernos de países
como Perú y México a cambio de contratos en proyectos petroleros. En el caso
específico de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016, la empresa
brasileña le pagaba de manera triangulada por medio de varios esquemas. Uno de
ellos consistía en depositar desde una cuenta en Suiza a una empresa en las
Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y supuestamente en las
Islas Caimán, expuso Santiago Nieto en el libro Sin filias ni fobias.
“¿Cuándo
empieza la corrupción? En la mayoría de los casos, inicia en los procesos
electorales. Las comprendas entre gobiernos y partidos para desviar recursos
públicos, generar empresas fantasma o coaccionar a electores por medio de programas
sociales se palpa”, reflexionó en su introducción. “El problema no está en las
casillas ni en las urnas, radica en cómo llegan los votos a las urnas en los
espacios de mayor marginalidad social, en el financiamiento ilícito, en el
condicionamiento de programas sociales, en la ausencia de ética pública en los
más diversos actores políticos, incluyendo a varios supuestos árbitros
electorales”.
Entre abril
y noviembre de 2012, el hoy procesado desde un hospital recibió 4 millones de
dólares de parte de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México,
mencionado en la audiencia de esta semana. Le pidió que los depósitos se
hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en
las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban depósitos a otra cuenta a nombre
de Innovation-Research.
Según la
declaración de Norberto Odebrecht, Lozoya Austin además de recibir el soborno
de 10 millones de dólares, supuestamente para financiar las elecciones
presidenciales, obtuvo 6 millones de dólares más que se le entregaron durante
el proceso electoral 2014-2015, las entonces mayores elecciones de la historia,
en palabras del Consejero electoral Lorenzo Córdova.
Nieto
detalló que por instrucciones de Hildeberto Mascarenhas Alves da Silva filho, y
con apoyo de Luiz Mameri, vicepresidente para América Latina y Angola de
Odebrecht, se transfirió un millón de dólares a la empresa Zecapan, instalada
en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez se trianguló al principado de
Liechtesntein. La operación se repitió hasta completar los 6 millones.
La UIF y la SFP están investigando una partida secreta que se habría gastado Osorio.
La Unidad
de Investigación Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública (SFP) investigan una fuerte suma de dinero que fue empleada
para “gastos de seguridad nacional” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto de acuerdo con el diario
Milenio.
Se trata
de una partida de más de 40 mil millones de pesos con la etiqueta “extrema
confidencialidad”, misma que habría sido creada para “financiar misiones de
inteligencia, urgencia y peligro dirigidas a combatir a los cárteles de la
droga”. Tales cantidades fueron entregadas en un lapso de seis años
(2013-2018), prácticamente durante toda la Administración de Peña.
Según la
información obtenida por Milenio, todas esas salidas fueron derogadas por
dependencias federales como la Secretaría de Gobernación (Segob), el
desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la propia
Procuraduría General de la República (PGR) dirigidas a “misiones y objetivos
confidenciales”.
La fuente
del Gabinete de seguridad consultada por el diario informó que se está
revisando minuciosamente la partida presupuestal 33701, con el concepto “Gastos
de Seguridad Pública y Nacional”, destinada al equipo de seguridad federal
encabezado en ese entonces por Osorio Chong.
Del mismo
modo, ambas instituciones llevan a cabo investigaciones paralelas para
determinar cuál fue el uso de ese dinero en concreto y por qué el Gobierno
peñista le colocó la etiqueta de “confidencial”. Además de indagar concluir si
las operaciones fueron irregulares o no.
La
investigación, según la fuente de Milenio, obedece a que los gastos se
incrementaron considerablemente con cargo a esa partida en particular, quedando
muy por encima de la cantidad aprobada por el Congreso de la Unión.
Uno de
los órganos que salió beneficiada fue la Segob, pues RECIBIÓ AL MENOS UN SIETE MIL POR
CIENTO MÁS de lo aprobado por el Poder Legislativo.
La
extinta Procuraduría General de la República también se encuentra en la mira
del actual Gobierno, toda vez que hubo gastos por conceptos de “pago de salarios”
y “hospedajes” destinados a un operativo para capturar al líder del Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.
De igual
manera, están siendo analizados cargos irregulares en traslados de reos,
compras de software y otros conceptos relacionados con la desaparecida Policía
Federal (PF), operaciones con un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de
pesos, informaron fuentes a Milenio.
Todos
estos recursos fueron derogados de la partida 33701, previamente aprobados por las
oficialías mayores del OADPRS, Comisión Nacional de Seguridad y la Policía
Federal, que en aquel entonces dependían de la Segob.
AMLO, a AHMSA, Odebrecht, Lozoya, García Luna, Duarte: si devuelven lo robado tendrán mejor trato.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador dirigió esta mañana un mensaje a todos
los involucrados en casos de corrupción que devuelvan lo que obtuvieron de
manera ilícita del pueblo de México y tendrán un mejor trato durante los
juicios que se les llevan.
El
mandatario habló sobre las investigaciones que se siguen en contra de Genaro
García Luna, Emilo Lozoya Austin, César Duarte Jáquez, las empresas Odebrecht y
Altos Hornos de México.
“Si no
hay devolución del dinero no hay acuerdo, nosotros no vamos a entregar ninguna
concesión si no recuperamos lo que se llevaron”, dijo el Presidente en conferencia
desde Palacio Nacional.
Como ejemplo
señaló que a su Gobierno le interesa la extradición desde Estados Unidos
(EU) de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón,
“porque aquí (en México) también hizo negocios y hay dinero de por medio”.
“Queremos
saber qué se recupera, en el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte,
se habla de bienes en EU y otros casos que se van allá donde compran ranchos,
residencias, de todo, con dinero del pueblo”, agregó, y recordó que en EU hay un sistema que
permite a los testigos protegidos brindar información a cambio de reducir sus
penas.
“Aquí no se
aplicaba eso”, mencionó a dos días de que concluyeron las audiencias iniciales
en contra de Emilio Lozoya por casos de corrupción relacionados con Odebrecht y
Altos Hornos de México.
El
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo esta mañana
que México está buscando que incluso los bienes confiscados a políticos
corruptos en el extranjero sean devueltos a los mexicanos, algo que en el
pasado simplemente no se hacía.
Señaló
que ya se trabaja con EU para que las cuentas bancarias, empresas vinculadas al
narcotráfico y bienes en dicho país que estén vinculados a ilícitos en México
se recuperen, “lo mismo para aplicarlo en el caso de delincuentes de cuello
blanco, que tienen sus inversiones a nombres de familiares o empresas donde no
se puede acreditar que participan ellos en EU”, afirmó.
Por su
parte, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, es investigado en México de
desvío de dinero y delitos electorales, y permanece encarcelado en Estados
Unidos.
En el
caso Genaro García Luna, el Fiscal de Distrito del Este de Nueva York, Seth D.
DuCharme, dijo ayer, en un comunicado de prensa difundido por el Departamento
de Estado, que el exfuncionario, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García,
la élite de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón
Hinojosa, “traicionaron durante dos décadas a aquellos a los que iban a
proteger al aceptar sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar
sus crímenes y empoderas a esa empresa criminal”.
Autoridades
federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el exsecretario de
Seguridad Pública acusaron ayer formalmente de narcotraficantes a los
exfuncionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino, extitular de la Agencia
Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la
División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).
AHMSA acepta que sí hizo pagos a Lozoya pero dice que fue cuando “aún no era funcionario público”
EFE.
Altos Hornos
de México (AHMSA) sí hizo pagos a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex), mismos que fueron derivados de trabajos que efectuó él mismo
a través de sus empresas cuando “aún no era funcionario público” informó el
vocero de la empresa, Francisco Orduña Mangiola, a través de la agencia
Infonor.
Aunque negó
dar declaraciones a Vanguardia, el representante dijo al medio que los pagos
que se hicieron se han documentado a las autoridades y quedará demostrado en el
proceso penal que ya inició.
“No
existe ningún delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque
los depósitos a las empresas que en su momento indicó Lozoya salieron de las
cuentas de AHMSA, corresponden a contratos entre particulares y la acusación de
la Unidad de Inteligencia Financiera quiere adjudicar a Alonso Ancira poderes
premonitorios, porque supo incluso antes que Peña Nieto que Emilio sería cabeza
de Pemex”, comentó.
Desglosó
que los proyectos que corresponden a dichos pagos son sobre un tren subterráneo
en la Ciudad de México y Toluca; además, Emilio Lozoya realizó gestoría para
interesar a empresas y financieras de Corea y China en el desarrollo de grandes
yacimientos de fierro propiedad de AHMSA en la sierra sur de Oaxaca.
“Ese era
su trabajo antes de ser funcionario, para lo cual trajo al país a varias
delegaciones; hubo mucho interés de los asiáticos, pero finalmente no se
concretó nada porque el Gobierno federal nunca aprobó la inversión para dotar
energía y mejorar las vías de comunicación, así como establecer servicios
sociales, clínicas y escuelas para los más de 10 mil trabajadores y sus
familias que participarían”, dijo.
“Ahí hay
dos ejemplos claros de que no hubo ningún favoritismo del anterior Gobierno
hacia AHMSA y, por el contrario, en su momento la resistencia a colocar
aranceles para frenar el problema de las importaciones ilegales nos generó
graves problemas”,
agregó.
Reiteró
que todo está documentado ante las autoridades, al igual que la compra de las plantas
de fertilizantes.
“Todo
está documentado y en conocimiento de las autoridades, al igual que la compra
de las plantas de fertilizantes, porque son cuatro más bodegas y un puerto,
operación que se realizó cumpliendo todos los requisitos normativos y con base
en un avalúo del propio estado a través del Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que resultó menor a los avalúos privados
que nosotros teníamos”.
Sobre la
supuesta venta de AHMSA rechazó hacer comentarios y se limitó a afirmar que “si
eso llega a suceder o se da cualquier cambio en la composición de la sociedad,
nuestra obligación legal es comunicarlo de inmediato a través de la Bolsa
Mexicana de Valores y así lo haremos”.
INVESTIGACIÓN
CONTRA LOZOYA.
El martes
Emilio Lozoya tuvo su primera audiencia ante un Juez federal, la Fiscalía
General de la República pidió la “imputación” de Lozoya por haber adquirido una
casa mediante un soborno de Alonso Ancira, director de Altos Hornos de México
arrestado en España, a quien luego devolvió el favor con la compra de Pemex de
una planta de fertilizantes inservible.
El
Ministerio Público relató que entre junio y noviembre de 2012 fueron
transferidos un total de tres millones de dólares de Altos Hornos de México a una
cuenta en Suiza de la compañía Tochos Holding, cuya titular es la hermana de
Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya.
De estos
recursos transferidos, 34.2 millones de pesos fueron utilizados por Emilio
Lozoya para comprar una casa en una zona acomodada de la Ciudad de México.
La
Fiscalía expuso que Lozoya “adquirió, pero no pagó para ocultar el origen de
los recursos”.
A cambio, en
2013, ya como director de Pemex, Lozoya participó en una “actividad ilícita”
al promover ante el consejo de administración de la petrolera estatal la compra
de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a la empresa de Alonso Ancira.
Pemex
aprobó la compra por 455 millones de dólares y otros 200 millones para su
rehabilitación y modernización, pero según la Fiscalía una nueva planta hubiera
tenido un costo de entre 200 y 300 millones de dólares.
Por eso
concluyó que Lozoya alentó “de manera indebida la compra de una empresa
inactiva con un precio superior al valor real, con un recurso ilícito obtenido
y utilizado para la compra de la casa”.
Además del
caso de la planta de fertilizantes, Lozoya está investigado por haber recibido los
sobornos de la trama Odebrecht.
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