Enrique
Quintana.
Hay quien
piensa que Emilio Lozoya Austin es el primer exdirector de Pemex en ser
procesado por acusaciones vinculadas con corrupción.
Imaginan que
es así porque hoy vivimos en la 4T.
No es el
caso. Su nombre será uno más en la lista.
Permítame
recordarle el caso de Jorge Díaz Serrano, quien dirigió la empresa en la etapa
del llamado ‘boom petrolero’, de diciembre de 1976 a junio de 1981, durante el
sexenio de López Portillo.
Cayó en
desgracia porque cuando cayeron los precios mundiales del crudo también bajaron
los de México, lo que no gustó a López Portillo ni a José Andrés de Oteyza.
Llegó a la
Cámara de Senadores en septiembre de 1982, pero en 1983 fue acusado por la PGR
de fraude en la compra de dos barcos petroleros, por los que presuntamente se
pagó un sobreprecio de 34 millones de dólares.
En julio de
1983, el Senado votó su desafuero y Díaz Serrano se entregó. Fue encontrado
culpable y estuvo cinco años en prisión.
La
interpretación pública de este caso fue que el exdirector de Pemex fue el chivo
expiatorio de un gobierno en el que la corrupción había brotado por todas
partes, especialmente en Pemex.
Otro caso
fue el de Rogelio Montemayor, quien en la parte final del sexenio de Ernesto
Zedillo fue designado director general de la petrolera.
El caso en
el que estuvo involucrado fue conocido como el 'Pemexgate', e involucraba el
presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Francisco
Labastida.
Con base en
una investigación realizada por la entonces Secretaría de la Contraloría y por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 3 de mayo de 2002 un juez
emitió una orden de aprehensión en contra de Montemayor, quien se encontraba en
Houston.
Montemayor
fue detenido por la justicia norteamericana. Pasó un tiempo tras las rejas en
Estados Unidos, pero a través de amparos logró evitar su detención en México
cuando fue extraditado. Jamás piso una prisión en nuestro país, pese a los
intentos de la administración de Fox de procesarlo.
El director
general de Pemex en el sexenio de la alternancia tampoco la libró. En el año
2004, Raúl Muñoz Leos suscribió un acuerdo con el sindicato petrolero en el que
se le otorgaron 2 mil 688 millones de pesos, cuando el Contrato Colectivo
fijaba una suma de 963 millones.
La ASF
promovió una demanda por este hecho y en noviembre de 2004 el gobierno de Fox
le pidió su renuncia.
En 2007, ya
bajo la administración de Felipe Calderón, se inhabilitó a Muñoz Leos por 10 años
y se le aplicó una multa por 862 millones de pesos. Luego se le agregaron otros
12 años de inhabilitación. Pero en 2012, Muñoz Leos logró que un tribunal
revocara la multa.
No incluí en
este breve recuento a directores de subsidiarias o a otros funcionarios de
menor rango, pues de lo contrario la lista hubiera sido interminable.
El hecho es
que Pemex, desde hace ya muchos sexenios, parece ser tierra fértil para la
corrupción, las irregularidades y el escándalo.
Si nos
remontamos a los tiempos en los que los robos al erario público no concluían en
procesos legales, la suma es todavía más grande.
Hay un
personaje legendario: Jaime J. Merino, quien fue superintendente de Pemex en
Poza Rica por 24 años y se llevó el honor de ser mencionado por López Mateos en
el discurso en el que anunció la ‘mexicanización’ de la industria eléctrica,
cuando refirió que en la nueva empresa no habría “ni Merinos ni ladrones”.
Su caso fue
simplemente el más visible de lo que eran prácticas corrientes de robo y
cohecho.
Junto con
Merino cayó en desgracia el exdirector general Antonio J. Bermúdez, que
encabezó la empresa por 12 años, en los sexenios de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz
Cortines.
Su principal
problema fue político pues le compitió a López Mateos por la candidatura
presidencial.
¿Seguirá hoy
siendo esa la razón de que los exfuncionarios de Pemex sean procesados?
Usted
seguramente tiene la respuesta.
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