Arnoldo
Cuellar.
Con un
discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado
de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el
Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, abordó por
segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de
paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.
Allí dijo lo
siguiente:
“La
persona fallecida era de León, Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que
ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido
algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población
de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos
antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico,
no tenemos en este momento mayor avance.”
Mencionando
el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo
guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los
principales noticieros, el Fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación
criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas
que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de
la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las
víctimas.
No se
quedó en la referencia geográfica relacionada con la narrativa del grupo
criminal que tuvo su base en una comunidad del municipio de Villagrán, en el
centro de Guanajuato, sino que el Fiscal abundó subrayando los “antecedentes
penales de algunos familiares”, sin especificar mayor detalle. Aunque tuvo la
delicadeza de precisar que del empresario asesinado “no se ha localizado nada
en específico”.
Sin embargo,
el Fiscal jalisciense abanicó el lanzamiento nada más por 120 kilómetros.
Como lo
consignaron algunos medios y lo confirmaron amigos y familiares de Alba
Bustamante, el “Santa Rosa de Lima” donde tenía propiedades la víctima y sus
familiares se corresponde con una colonia al norte de la ciudad de León,
delimitada por los bulevares Antonio Madrazo e Hilario Medina, con una
parroquia dedicada a la santa peruana, de donde toma su nombre el barrio.
Podría
parecer de párvulos que el enorme aparato de investigación e inteligencia de
una Fiscalía estatal cometa un error tan elemental. Sin embargo, la ignorancia
geográfica de la Fiscalía de Jalisco no es tan reprochable como la intención, a
todas luces dolosa y revictimizante, de tratar de enlodar a una persona
asesinada suponiendo vinculaciones ilegales.
Un México
enfrentado a un aluvión de crímenes sin resolver, a miles de muertos que
engrosan las estadísticas cada fin de mes, a enormes listados de desaparecidos,
a ejércitos de familias que buscan por su cuenta en ausencia del estado y a la
espantosa contabilidad de fosas clandestinas que se engrosa cotidianamente, ha
visto cómo los gobiernos se eximen de toda responsabilidad con una sola frase:
“los mataron por algo”.
Al
regresarnos a la selva donde prima la ley del más fuerte, esos funcionarios
disuelven la única justificación para que exista un Gobierno: la defensa del
estado de derecho.
Al tratar de
justificar que el hombre asesinado en Vallarta por un grupo de sicarios armados
que transitó a placer por las mismas calles a las que se quiere atraer al
turismo nacional e internacional, tenía posibles vínculos delictivos, el
Fiscal Solís Gómez lo que pretende es naturalizar la violencia y justificar que
se es víctima porque se lo merece y que “quien nada debe nada teme”.
Solo que
esta vez, el Fiscal se equivocó precisamente por tanta simplificación. Claro
está que no lo hizo solo. En su alocución revela que tuvo intercambio de
información con la Fiscalía de Guanajuato, de donde salieron los datos de los
“antecedentes penales familiares”, que por cierto no son incriminatorios en
ninguna ley vigente, y quizá también el dato de la colonia de origen que
confundió a los investigadores jaliscienses.
Al final del
día, la geografía es traicionera, pero no tanto como las ganas de escurrir
el bulto a lo que debería ser la tarea primordial e ineludible de una Fiscalía:
castigar las faltas a la ley y compensar a las víctimas, no escarnecerlas.
Cuando al
ser víctima de un delito ocurre que el primer investigado eres tú, que nadie se
extrañe de la baja tasa de denuncia, de la impunidad que ello produce y,
finalmente, de la enorme bola de nieve de violencia, inseguridad y crecientes
territorios escamoteados al estado.
Y si ya
es mucho pedir que las fiscalías apliquen la ley que las rige, por lo menos
habría que rogarles moderación: señores fiscales de Jalisco y Guanajuato, si
vamos a criminalizar todo lo que tenga que ver con Santa Rosa de Lima, no
vayamos a terminar declarándole la guerra a la hermana república del Perú.
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