Por Daniela
Barragán.
La Fiscalía
General de la República (FGR) contó una parte de la historia de 2012 durante la
segunda audiencia de Emilio Lozoya Austin. Hasta ahora, de la elección que
le dio la victoria a Enrique Peña Nieto se sabía de acarreos de gente a las
casillas, la compra de votos, el reparto de tarjetas Monex, Soriana… Pero no
del modus operandi en el círculo cercano al expresidente que incluyó el pago de
sobornos y la asignación de contratos de obra pública.
Al día
siguiente de la elección, el lunes 2 de julio de 2012, la gente salió a las
calles. Muchos jóvenes aglutinados en el movimiento #YoSoy132 organizaron
marchas, fijaron horarios y puntos de encuentro para las protestas. La consigna
ya había pasado del “Peña no pasarás” al “Peña no eres mi Presidente”.
Pasaron las
semanas y las protestas no cedieron, pero se acercaba el día de la validación
de la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF). El 31 de agosto, día en que se determinó la validación,
la gente se reunió afuera de las instalaciones ubicadas en la alcaldía de
Iztacalco, en la Ciudad de México.
La tarde que
era gris pasó de las consignas, ya tradicionales, al intento de algunos
manifestantes de confrontar a la policía. Esos ánimos fueron apagados, pero no
del todo, ya que eso terminó por ocurrir el 1 de diciembre de ese año, en la
toma de protesta de Peña Nieto. Fueron horas de protestas, destrozos a
establecimientos privados y enfrentamientos con el cuerpo de granaderos y la
Policía Federal.
Esas tres
fechas son una parte de la historia, pero ahora se sabe qué fue lo que
ocurrió en esos mismos días en el círculo cercano del expresidente.
De acuerdo
con las acusaciones que la FGR tiene contra Emilio Lozoya Austin, éste
negoció con la constructora Odebrecht pagos por 4 millones de dólares durante
la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones cuando fuera director de
Pemex.
Las
declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México en
ese entonces, detallan más lo que ocurrió esos días: De Meneses como
representante de la empresa diseñó junto con Lozoya “infinidad de planes
irregulares” para aplicarlos en el país.
“En
varias ocasiones Lozoya “ERLA” agradeció a Luis de Meneses y sus colaboradores
el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto”, puede
leerse en el texto compartido por el Consejo de la Judicatura Federal.
Los
testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos
por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública” y fueron
39 millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación
de obras.
“El
imputado recibió beneficios en su cuenta en Suiza”, agregó la FGR.
Santiago
Nieto, quien fue titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos
Electorales (Fepade), dijo que fue presionado por Lozoya para que saliera a
declarar su inocencia frente a los desvíos de Odebrecht al PRI durante la
campaña. Era 2017 y el capítulo de la constructora brasileña apenas se abría.
La Fepade
era la única que tenía esa certeza, ni el INE ni el Tribunal.
La
comparecencia de Emilio Lozoya Austin puso al descubierto un entramado de
corrupción que operó desde la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y pone
en evidencia la omisión de organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE,
hoy INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
coincidieron expertos en política y corrupción.
Para Enrique
Toussaint, periodista y politólogo, si se desarrolla correctamente el
proceso contra Emilio Lozoya, podría ser un juicio a toda una época y no sólo
contra una persona.
“[Esta]
Supone una investigación que trata de incorporar todos los elementos corruptos
de un sistema: la forma en que se negocia políticamente, se financian campañas,
se accede al poder y en la manera en que entregan contratos públicos a empresas
nacionales y trasnacionales”, comentó en entrevista con SinEmbargo.
No obstante,
recalcó que la gran duda en esto momento está en que si el Presidente Andrés
Manuel López Obrador permitirá que la investigación llegue hasta las últimas
consecuencias, aunque haya aspectos que no le convengan políticamente.
“¿Qué
tanto la política le puede pisar los pies a la justicia?, y si no se los pisa,
creo que sí nos vamos a enfrentar a un escenario de otro quinazo como los que
tenemos en cada sexenio y que en términos de sistema judicial no dejan nada. No
veo qué podría detener a Lozoya de cantar, como se dice en el argot judicial.
El tema es: ¿hay pacto con Peña Nieto?, ¿hay pacto con el priísmo o no?, ¿Hasta
dónde llega la ola de corrupción? porque el Pacto por México no solo era con el
PRI, el PRD y el Verde, también incluía sindicatos, empresarios. ¿Hasta dónde
llega el cúmulo de información? y es ahí donde no sé si al Presidente le
beneficie dejar correr toda la investigación”, cuestionó.
Y añadió: “Si
el Presidente decide que el juicio corra y no detiene a la Fiscalía, me parece
que puede ser un juicio icónico que puede marcar un antes y un después en
materia de corrupción política”.
Por su
parte, el politólogo José Fernández Santillán comentó que en lo que respecta
a la elección de 2012, sí hubo omisiones en el IFE (que organiza las
elecciones) y sobre todo en el TEPJF (quien sanciona irregularidades), pero no
así en la Fepade que presidía Santiago Nieto, quien fue destituido por procesar
debidamente el asunto.
El académico
del Tecnológico de Monterrey recordó que la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) indagaba sobre los presuntos desvíos
para campañas del Partido Revolucionario institucional (PRI) hasta que su
titular Santiago Nieto Castillo, quien hoy encabeza la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), fue destituido en 2017 a raíz de una entrevista con la prensa
donde reveló que el exdirector de Pemex lo “presionó” para que lo absolviera de
la acusación de haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht para las
elecciones.
Precisamente
Nieto Castillo está al frente de una de las dependencias que participan en el
juicio. La UIF fue la encargada de interponer las denuncias en contra de Lozoya
por estos presuntos actos de corrupción. En la segunda audiencia en contra
del exdirector de Pemex, la UIF lo acusó de cohecho, asociación delictuosa y
delitos de recursos de procedencia ilícita.
“El caso
de Lozoya es el caso más importante del Gobierno actual en lo que va del
sexenio. Es un caso que ha venido sonando en el último lustro e implica la
falta de judicialización por parte de organismos como la Fepade, el INE y el
TEPJF. Es un caso que implica redes de complicidad que sí tiene un tufo de uso
político de la justicia”, dijo a SinEmbargo Marco Leopoldo Arellano Toledo, investigador del
Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
La FGR, que
encabeza Alejandro Gertz Manero, acusó a Lozoya de haber recibido 10.5
millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Una
parte de estos sobornos, 4 millones de dólares, los recibió en 2012, cuando
Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto y prometió al directivo de Odebrecht
en México Luis Alberto de Meneses un cargo en el futuro Gobierno.
Irene Tello
Arista, directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero, dijo también
en entrevista que la expectativa es que el caso pueda llegar a un juicio oral
para saber qué pasó con los sobornos, aunque para llegar a esa etapa aún faltan
muchas cosas. Explicó que primero será necesario ver avances en esta primera
investigación de corrupción para empezar a pensar en el resto de los casos
sobre el desvío de recursos del sexenio anterior.
“Esperemos
que sí haya un testimonio de la red de corrupción que operó el sexenio pasado
para desviar tantos recursos públicos y aceptar los sobornos para promover
campañas electorales, pero sí creo que, si no hay avances en la primera
investigación, mucho menos en el resto de investigaciones, las cuales esperemos
que se lleven a la par, pero sí creo que en este caso se tiene que dar un seguimiento
adecuado”.
En la
audiencia del día de ayer, Lozoya reiteró su intención de colaborar e hizo
de nueva cuenta una especie de definición del grupo al que pertenecía.
La defensa
en su oportunidad pidió hacer algunas observaciones. Primero agradeció la
lectura de las acusaciones; luego dijo que el señor “ERLA” fue utilizado en su
calidad de instrumento “no doloso, en el marco de un aparato de poder
conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con
el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.
Añadió
que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos
activos y responsables de los hechos que señaló el agente del Ministerio,
“puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos que
ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la
comisiono de los hechos objeto de esta investigación”.
LA ELECCIÓN
QUE SE APROXIMA.
Toussaint dijo
que espera que el proceso se realice con la finalidad de tener en México un
futuro sin impunidad y no con el propósito que el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) gane en el proceso electoral de 2021.
“Yo sigo
teniendo mis dudas, pero también sé que, si esto se queda en Lozoya o incluso
te diría en Videgaray, va a ser un golpe muy pequeño, muy estilo quinazo. Creo
que llegar a la elección de 2021 con Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan
Collado y César Duarte detenidos, sería muy pocas cabezas para la denuncia tan
contundente que ha hecho Morena. Si AMLO quiere dar un golpe simbólico que los
tiempos cambiaron tiene que ir por el expresidente Peña Nieto, no hay de otra”.
Para
Arellano Toledo, el uso político de la justicia en México no es nuevo, ya
que “todos los gobiernos utilizan el timing político en los temas legales, lo
cual no es lo más adecuado en una democracia”.
“En el
contexto del coronavirus, en el contexto de los indicadores que marcan una
plena desaceleración económica y de cara al proceso electoral de 2021 que
inicia ya en septiembre, suena políticamente muy redituable entregarle a la
ciudadanía no sólo una cabeza, sino una red de complicidades de manejo de corrupción
del gobierno”.
Añadió que
el trato de las autoridades mexicanas hacia Lozoya ha sido “más amable” que en
otros casos. Por lo menos, dijo, contrasta con otros casos de corrupción como
el de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) Rosario Robles Berlanga.
“La
integración del expediente de Emilio Lozoya le permite, prácticamente, encarar
el proceso fuera de la cárcel. Está en revisión médica, pero sí se contrarresta
mucho al dolo, y otra vez al uso político que se hizo, por ejemplo, de Rosario
Robles, que no colaboró tanto, que también es un caso paradigmático para el
Gobierno federal en términos de corrupción, y que más bien se vio asociado a
una rencilla personal, incluso a nivel presidencial, por todo lo que Rosario
significa en la colaboración con Ahumada hace muchos años, y que exhibió al
Gobierno de la Ciudad de México en 2005-2006”.
En ese sentido,
el investigador dijo que “la participación de Gertz Manero en la integración
de la carpeta contra Emilio Lozoya indica que han optado por el caso más
pequeño” entre las redes de corrupción descubiertas hasta ahora, “pero que
tiene mayor rédito político” para el Gobierno en turno. Por ello, aseguró que
“el trabajo de Gertz Manero pareciera que es discrecional”, pensando en que ir
por Lozoya manda un mensaje de desarticulación de una red de corrupción desde
el Estado por cuestiones de impartición de justicia, así como un mensaje
político que tendrá impacto electoral.
“Yo creo que
sí, que en efecto hay un tacto político, un olfato político para inflar los
casos, mediatizarlos, y después no concluirlos. No es ajeno a éste gobierno,
pero esperemos que en éste caso sí se llegue a las últimas consecuencias en las
dos imputaciones: en el caso Odebrecht y en el caso Agro Nitrogenados”, agregó
Arellano Toledo.
Fernández
Santillán también coincidió en que el juicio al excolaborador de campaña de
Peña Nieto también debe verse considerando el marco de las elecciones
intermedias de 2021, donde se renovará el Congreso y gubernaturas estatales.
“Hay una
instrumentación política del caso Lozoya. Antes de que se presenten las pruebas
ya se le está acusando o se sueltan rumores de que así fue de asociación
delictuosa, operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho”, afirmó y
añadió que también se ha señalado a legisladores del opositor Partido Acción
Nacional (PAN). “El Presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando agua a
su molino al asegurar que antes había corrupción y ahora no, pero y ¿qué de
Manuel Bartlett y los otros exfuncionarios relacionados con la Estafa Maestra?
Es una justicia selectiva, y eso no es justicia, sino política”.
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