La Cámara
de Diputados aprobó, por unanimidad, que todas las sentencias emitidas por
impartidores de justicia se hagan públicas.
Con 351
sufragios a favor, cero en contra y cero abstenciones se reformó la fracción
II Del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El dictamen
avalado en San Lázaro obliga a los jueces federales y locales a poner a
disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, a
efecto de cumplir con el principio de máxima publicidad de las resoluciones.
Actualmente
no existe la figura jurídica que imponga dicha obligación a los impartidores de
justicia de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas.
Con la
reforma aprobada el poder judicial contará con 180 días, a partir de la
entrada en vigor del decreto, para iniciar la difusión de las versiones
públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas.
““Con
esta reforma se dejarán a la vista las razones por las cuales un juez o un
magistrado determinaron y fundaron para tomar una decisión”, estimó la diputada Luz Estefanía
Rosas Martínez de Morena y secretaria de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción.
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