Por Nayeli
Roldán.
“Hazte la
prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM COVID-19 a solo 499 pesos”, dice una
publicidad de una farmacia en Nuevo León. Otra más de Puebla llama a no poner
“en riesgo” a los seres queridos. “Prueba rápida para diagnóstico de COVID-19 a
domicilio. Resultados en 15 minutos”. Ambas circulan en internet sin precisar
que el resultado no determina que la persona tenga la enfermedad al momento de
la prueba.
Las
pruebas rápidas o serológicas sólo detectan la presencia de cierto tipo de
anticuerpos que la persona generó si en algún momento estuvo infectada de la
COVID; además una “auto aplicación de la prueba rápida” en un periodo erróneo
podría derivar en un resultado equivocado y, por ende, en mayor propagación del
virus.
El Consejo
Mexicano de Empresas de Diagnóstico Médico (COMED) acusa que la Comisión
Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está incumpliendo con la
vigilancia para asegurar que estas pruebas publicitadas estén certificadas y,
sobre todo, que se apliquen de manera correcta.
El COMED agrupa
a 54 empresas de análisis clínico y gabinetes de imagenología en todo el país.
“No
estamos en contra de ninguna prueba, pero lo que hemos detectado entre la gente
es muchísima confusión de cuáles pruebas hay, para qué sirven, qué hacen y en
qué momento son adecuadas”, dice Guillermo Máynez, en entrevista con Animal Político.
Pero lo
realmente grave, agrega, es que “hay quienes están aplicando pruebas no
autorizadas por Cofepris, que ni siquiera están aprobadas para usarse en México
y eso sí es ilegal. Esa gente está haciendo un daño doble”.
Pero la
autoridad no está realizando vigilancia al respecto. “No hay manera de
comunicarse con Cofepris. No ha respondido las cartas que le hemos enviado, la
Comisión está siendo poco responsiva”, agrega Máynez. Aunque Animal Político buscó a la Comisión
para saber si está aplicando una estrategia de verificación sobre este tipo de
pruebas, no hubo respuesta.
La
Secretaría de Salud ha explicado que la única prueba que detecta la
presencia de la COVID son las llamadas PCR (prueba de reacción en cadena de la
polimerasa) y los únicos capacitados para hacerla son los laboratorios
estatales, de instituciones de salud pública, universitarias, 54 laboratorios
privados que fueron avalados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) y laboratorios certificados.
En el
caso de los laboratorios privados la prueba puede costar hasta 4 mil 500 pesos, mientras que en el sector público
sólo se aplican con base en el modelo centinela, es decir, a personas
hospitalizadas y sólo uno de cada 10 que presenten síntomas leves y, por lo
tanto, puedan llevar la enfermedad en casa.
Esto deja
sin prueba en el sector público a los contactos de personas con el virus y que,
posiblemente fuesen asintomáticos. Y ante los precios de las pruebas PCR, la
publicidad de pruebas rápidas ofertadas por 500 pesos podría parecer atractiva,
pero no necesariamente es efectiva.
Las
pruebas rápidas o serológicas sirven para medir los anticuerpos, es decir, detecta la inmunidad de
la persona en caso de haber sido infectada, pero no si en ese momento tiene
COVID.
Además, el
factor más importante es el momento en que se debe aplicar. Su efectividad
depende de hacer la prueba para anticuerpos IgM a los siete días después de un
contacto con el virus o la IgG, a los 14 días de contacto, por lo que no son
pruebas de “auto aplicación”, sino que deben ser aplicadas por personal
capacitado.
La
Cofepris ha aprobado 14 pruebas serológicas y rápidas hasta este 27 de julio. Sin embargo, el problema es que
las empresas que las comercializan deben asegurarse de que el consumidor sepa
que la prueba no detecta COVID y cumplir con el protocolo del periodo de
aplicación.
De hecho,
el gobierno de la Ciudad de México anunció que aplicará pruebas rápidas
avaladas por la Cofepris como parte de su plan de detección de casos de COVID,
mientras que el gobierno de Jalisco también las aplica como parte de su
estrategia de muestreo.
Guillermo
Máynez explica que los laboratorios certificados también aplican pruebas
serológicas o rápidas, pero asegurándose de que la toma sea entre los 7 y 14
días de contacto con el virus.
La
aplicación de estas pruebas sirve para el regreso al trabajo. Aplicar, por
ejemplo, sólo pruebas PCR a quienes sean de alto riesgo por tener alguna
enfermedad o vivir en hacinamiento, mientras que las pruebas rápidas podrían
ser para las personas de bajo riesgo y “los que te den positivo en las
serológicas son quienes podían regresar al trabajo con mayor tranquilidad”, porque demostraría que generó
anticuerpos después de tener la enfermedad.
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