Por Juan
Omar Fierro.
La
Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) dos recursos de reclamación para impugnar el resolutivo que
suspendió el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) para
restringir la venta de energías renovables a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Los
recursos de reclamación fueron presentados por el consejero jurídico de la
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para tratar de revocar las suspensiones que
el ministro Luis María Aguilar Morales otorgó al gobierno de Tamaulipas y a la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en las controversias constitucionales
que esa entidad federativa y el organismo autónomo presentaron contra el
acuerdo de “confiabilidad energética” de la Sener.
De acuerdo
con la Consejería Jurídica, el gobierno de Tamaulipas y la Cofece no han
sufrido impacto alguno por las restricciones que la Sener impuso a la
participación de centrales privadas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con
el argumento de que cayó el consumo de electricidad por la pandemia de
covid-19.
Según el
expediente de la controversia constitucional 89/2020, el ministro Luis María
Aguilar Morales concedió la suspensión definitiva solicitada por la Cofece en
el litigio que inició contra el Poder Ejecutivo federal y la Sener por la
publicación del acuerdo energético en el Diario Oficial de la Federación, el
pasado 15 de mayo.
Las
suspensiones otorgadas a la Cofece y al gobierno de Tamaulipas contra el
“Acuerdo por el que se Emite la Política de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y calidad en el SEN” se suma a las suspensiones previamente
otorgadas por jueces federales a compañías privadas afectadas y al grupo
ambientalista Greenpeace contra la misma norma.
“Se
concede la medida cautelar solicitada por la Cofece para el efecto de que se
suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo emitido… hasta en tanto
se resuelva el fondo del presente asunto”, señala la resolución publicada en una lista de
notificaciones electrónicas de la Suprema Corte.
El
argumento principal de la Cofece es que existe una invasión de competencias por
parte de la Sener y el Ejecutivo federal al emitir un acuerdo que limita la
competencia y la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico
Nacional.
En
contraste, la Sener argumenta que no se está limitando la competencia entre
empresas privadas y el sector público, sino que solamente se resolvió aplicar
la rectoría del Estado en la planeación y control del servicio eléctrico.
“La
transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato
constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”, señala Sener en un comunicado
publicado el pasado 11 de junio.
Según la
dependencia, la política de confiabilidad contenida en el acuerdo busca
establecer criterios técnicos para la incorporación “confiable, progresiva y
acelerada” de la energía renovable producida por centrales privadas
fotovoltaicas y eólicas, con el fin de evitar un “desbalance energético” que el
nuevo gobierno atribuye al otorgamiento de permisos “irresponsables y sin
planeación” de autoridades anteriores.
En el
caso del gobierno de Tamaulipas, la impugnación presentada argumenta que el
acuerdo de Sener afecta la competitividad de las empresas de energía renovable.
Pese a los
recursos de reclamación presentados por el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, las suspensiones otorgadas a la Cofece y al gobierno de Tamaulipas
siguen vigentes.
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