El
Archivo General de la Nación (AGN) interpuso una denuncia penal en la Fiscalía
General de la República (FGR) en contra de la casa de subastas Morton y las
personas que resulten responsables por la probable comercialización de
patrimonio documental de México.
Además, solicitó
medidas protección y prevención para detener la subasta y asegurar los
documentos históricos, pues el artículo 121, fracción II, de la Ley General de
Archivos, prohíbe la venta del patrimonio documental e incluso establece
sanciones penales y económicas.
“Estos
documentos se encuentran ofertados como parte de una subasta a realizarse a las
17:00 horas del martes 8 de septiembre de 2020, por lo que el Archivo General
de la Nación solicita la intervención de la FGR para detener la subasta y asegurar
dichos bienes, ya que presumiblemente pueden constituir el patrimonio
documental de la nación”, destaca el comunicado del AGN.
Los documentos
en cuestión, añade, “tratan sobre testimonios de diversa correspondencia que
intercambiaron líderes del movimiento de independencia, edictos relacionados
con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración
del gobierno republicano tras el efímero primer imperio, documentos que por la
información que contienen, conforme al artículo 36, fracción II y III de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos[1],
pueden ser considerados como monumentos históricos y, por ende, adoptan la
categoría de Patrimonio Documental de la Nación[2], y bajo este entendido,
independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con el
Patrimonio Documental de la Nación, si bien los particulares pueden poseer y
custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos
ni lucrar con ellos”.
Asimismo,
la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informar al Archivo
General de la Nación sobre la intención de poner a la venta documentos
históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional, pues La
Ley General de Archivos establece en su artículo 77 que el AGN debe ser
informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de
dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse
dicha notificación, el AGN podrá anular la transacción o, en su caso, solicitar
la expropiación de dichos documentos.
“Resulta
indispensable que se dé cuenta al Archivo General de la Nación sobre dichos
movimientos, con el propósito de que el AGN esté en condiciones de identificar
probables actos constitutivos de tráfico ilícito de patrimonio documental de la
nación, ya que realizar la transferencia de propiedad o posesión de estos
bienes considerados patrimonio documental de la nación constituye un delito
conforme al artículo 121, fracción II de la Ley General de Archivos”, establece.
Al
presentarse ante el Ministerio Público federal para hacer entrega de la
denuncia, Marco Palafox Schmid, director jurídico del AGN, resaltó que el
tráfico ilícito de bienes culturales, particularmente de patrimonio documental,
es un fenómeno de dimensiones preocupantes tanto en México como en el plano
internacional, razón por la cual el país ha emprendido un liderazgo en la
región de Latinoamérica para prevenir, combatir y resarcir el tráfico ilícito
de documentos, a través de la coordinación que realiza el AGN del Grupo de
Trabajo sobre Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental de la Asociación
Latinoamericana de Archivos, y adelantó que se están diseñando esquemas de
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Interpol para la
restitución de otros documentos patrimonio de la nación que han sido sustraídos
ilegalmente del Archivo General de la Nación y que se comercializan en el
extranjero.
El
tráfico ilícito del patrimonio documental mutila la memoria nacional y pone en
riesgo la preservación de los testimonios históricos sobre la evolución de la
nación, además de que constituye un robo al patrimonio de los mexicanos, apuntó.
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