Raymundo
Riva Palacio.
El patíbulo
en el cual ha convertido Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha provocado dos reacciones excluyentes, el terror de miembros de órganos
autónomos y el Poder Judicial, y la beligerancia, encarnada en la Alianza
Federalista, que ante la manera autocrática como gobierna el jefe del
Ejecutivo, decidieron apostar por un bloque que, en la defensa de la doctrina
que promueve la separación y el respeto de los poderes federales, intenta crear
un contrapeso, ante el enanismo del Legislativo y el amedrentamiento del
Judicial.
En el primer
caso, cada vez emerge más información que muestra la cobardía dentro del
Instituto Nacional Electoral, encabezada por el consejero Ciro Murayama,
durante la votación sobre los nuevos partidos. No cayeron en ello, pues aunque
con votos a veces contradictorios, no jugaron el papel preponderante de
Murayama. El jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE
autorizó el registro de México Libre como partido. El viernes, Murayama planteó
que esa organización encabezada por Margarita Zavala y promovida por su esposo,
Felipe Calderón, había presentado un 8 por ciento de las aportaciones
recaudadas –1.2 millones de pesos– sin identificar el origen de los donantes.
Más allá de
los alegatos políticos que se derivaron de la negativa del INE a otorgarle el
registro, hay dos vertientes, técnica y política, como explicó Javier Tejado en
su columna en El Universal, que desmenuzan la actitud de Murayama, apoyado por
el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova. El alegato de Murayama
fue que México Libre utilizó la aplicación Clip para cobrar vía celular, lo que
no aportaba información clara del donante. Tejado recordó que ese sistema lo
empezó a utilizar México Libre en mayo, y que no fue sino hasta agosto cuando
el INE le pidió la información de las personas que donaron por esa vía.
México
Libre, apuntó Tejado, no tenía la totalidad de los números de cada tarjeta de
crédito por una simple razón: ni Clip ni otras tarjetas bancarias imprimen el
número completo en los recibos –protección contra fraudes cibernéticos. Pero el
INE, que podía haber solicitado la información a la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, no lo hizo. El argumento de Murayama, por tanto, como calificó
Tejado, fue “absurdo”. En la parte subjetiva está el contexto: López Obrador
odia a Calderón y está en campaña permanente contra los consejeros para que
reduzcan sus gastos, sobre todo sus salarios.
López
Obrador tiene en la mira a varios de sus consejeros, sobre todo a Córdova y
Murayama, a quien quedó claro que el Presidente desprecia. Tocar la música que
quiere oír el inquilino de Palacio Nacional, no los salvará. El Presidente respeta
a quien le aguanta sus ataques, no a quien se arrodilla. El mismo mensaje se
replicará con el Tribunal Electoral, que ha mostrado que tiene las rodillas más
endebles que el INE, y que tendrá que probar cuando le llegue la impugnación de
México Libre, de qué está hecho.
No quiere
decir que tenga que rectificar la decisión del INE, sino argumentar sólidamente
por qué, pese a las deficiencias e insuficiencias que subrayó Tejado, ratifica
el fallo. La otra argumentación del INE, que se recaudó afuera de las iglesias,
se cae por la aprobación del registro al confesional Encuentro Solidario, al
servicio de López Obrador, cuyos ministros de culto recaudaron personalmente
las donaciones. Pronto se verá si en el Tribunal Electoral también hay terror,
o los magistrados tienen la solidez técnica independiente para argumentar a
favor o en contra del fallo, y la entereza política para enfrentar el
linchamiento en Palacio Nacional que vendrá, si consideran que la decisión del
INE fue equivocada.
Con el ánimo
en sus antípodas, 10 gobernadores, varios de ellos que se cuentan entre los más
beligerantes frente a los atropellos federalistas de López Obrador, rompieron
con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, que consideraron ya no
cumple la función para la que fue creada en 2001, de “fortalecer el federalismo
mediante mecanismo democráticos”. Entre ellos, hay cuatro que se juegan su
resto, porque el próximo año terminan su mandato: Javier Corral, de Chihuahua;
Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles, de Michoacán, y Jaime Rodríguez,
de Nuevo León.
Peralta es
priista, como Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, los únicos de ese partido que
se fueron de la Conago. Riquelme termina su mandato en 2023, por lo que el
revire de López Obrador podrá ser ejecutado, como le gusta, en frío, como sabe
mejor la venganza. En 2022, quienes enfrentarán la ira presidencial por el
desafío político que representan, terminan su periodo, los panistas Martin
Orozco, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango; y Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. En 2024, finalizan el panista Diego
Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, de
Jalisco.
López
Obrador minimizó la ruptura de la Conago –mancha muy negra sobre la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no pudo mantener a los gobernadores
rijosos bajo control–, y dijo que era parte de la democracia. Qué ironía en su
retórica. Fue ante la ausencia de democracia por el irrespeto al federalismo,
consagrado en la Constitución, y su política de terror contra la clase política
–evidente en la actitud opaca del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno–, la
razón por la que rompieron los gobernadores con ese mecanismo de interlocución
que consideraron agotado, por lo menos en la actualidad, y decidieron marchar
en bloque para seguir enfrentando, con la construcción de otro instrumento de
diálogo, los embates y represiones presupuestales ordenadas por el Presidente.
Son tiempos
contenciosos los que vivimos. Sabemos cuándo comenzaron, pero no cuándo ni cómo
terminarán. En juego, por más que se quiera ocultar, está la democracia.
NOTA: Por un
error, se identificó a la Secretaría del Bienestar, como Secretaría de
Desarrollo Social, su anterior nombre.
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