El Sur.
El abogado
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales
Sierra, informó que un Juez negó las 46 órdenes de aprehensión contra
funcionarios de Guerrero por el caso Ayotzinapa y sólo se sigue la que se
emitió contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás
Zerón de Lucio.
Apenas el
pasado 30 de junio, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero
informó que un Juez federal había girado 46 órdenes de captura contra
funcionarios del estado por los delitos de delincuencia organizada y desaparición
forzada de personas por su presunta implicación en el caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
El abogado
de los padres de los 43 normaistas desaparecidos participó en el conversatorio
“La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia”, que fue
organizado por el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”, de
la mano con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Ahí, el
representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Raymundo Díaz
Taboada, y el periodista independiente John Gibler, coincidieron en que no se
puede llegar a la verdad y la justicia y la no repetición en el caso de los 43
mientras continúen en sus puestos en la actualidad los funcionarios de mandos
medios y menores que participaron en las investigaciones que dieron pie a la
“verdad histórica”.
En su
intervención, Vidulfo Rosales Sierra identificó dos problemas que han
impedido el avance en las investigaciones, el primero es que la Fiscalía
General de la República (FGR), aún no se depura y hay personajes que
participaron en la “verdad histórica” que se han vuelto un “obstáculo”.
El otro
es que el Poder Judicial privilegia el formalismo, “ahí estamos teniendo
problemas” de que los expedientes reboten o que por alguna informalidad nieguen
las órdenes de aprehensión y no se está avanzando en las investigaciones.
Informó que parte
de esos formalismos dieron pie a que se negaran las 46 órdenes de aprehensión
que se habían girado por parte de la FGR, y que sólo se tiene activa la de
Zerón de Lucio pero que hay desesperación por el estancamiento de su
extradición para que enfrente la justicia en México.
El
abogado dijo que la entrada del Gobierno actual tiene una política más clara,
donde se está investigando las líneas que se han propuesto por parte de los
padres como los celulares, la Policía Federal, el Ejército, el trasiego de la
droga, porque lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de
2014 en Iguala fue un operativo muy grande donde participaron policías
municipales no sólo de Iguala, también de Huitzuco y Tepecoacuilco.
Díaz Taboada
dijo que aun falta mucho para alcanzar la verdad y la justicia y la no
repetición de los hechos, resaltó que la llegada de la “4T” da un nuevo
escenario en las investigaciones, sin embargo, indicó que hay varias
estructuras que continúan intactas desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Destacó
el caso de la Policía Federal que pasó a la Guardia Nacional, los jueces,
técnicos en el campo de las investigaciones de la FGR, además de mandos medios
y jueces que siguen en sus puestos, y criticó que el Ejército ha sido
fortalecido y siguen actuando con impunidad, y no han abierto sus archivos.
Además de
que los actores del crimen organizado siguen y que la macrocriminalidad sigue
operando en una gran parte del estado, los nuevos actores que están dentro de
la Fiscalía han trabajado a contracorriente de toda la inercia de un régimen, y
que estas inercias se ven potencializadas por el tiempo de la pandemia y que
los resultados actuales se pudieron obtener en los primeros cuatro meses.
Dijo que
se confirma en la actualidad que el trabajo que hicieron los integrantes del
Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) iba con el rumbo
adecuado y que son ciertas.
El
periodista independiente John Gibler dijo que desde las primeras acciones de
todas las autoridades que actuaron en las horas de la desaparición y después,
actuaron contra los estudiantes, usando todas sus facultades de oficinas y
puestos.
Agregó,
que el actuar jurídico de la entonces PGR fue un gran operativo coordinado
elaborado para no dar con la verdad, esa serie de actos administrativos para
ser imposible para encontrar a las personas consiste en la desaparición
forzada. “Desde los primeros momentos el Estado nunca entró en acción para
hacer una investigación y desde siempre participó para desaparecer a los
estudiantes”.
Coincidió
que muchos técnicos que participaron en la verdad histórica siguen en sus
puestos, sobre todo los peritos. Dijo que él ve un escenario donde personas
vinculadas a la desaparición de los 43 siguen en sus puestos, y que en la
administración actual no ha visto acciones jurídicas contundentes para abordar
ese tramo de esos seis años de atrocidades continuas.
Urgió la
necesidad de hacer entrevistas profundas a todo el personal que estaba en la
PGR, además del papel del Ejército y la necesidad de hacer entrevistas
profundas y serias.
La
integrante del GIEI, Ángela Buitrago recordó que el anterior Gobierno de
Peña Nieto nunca hizo caso a las recomendaciones que se emitieron y que originó
también en 2016 la salida de los expertos del país.
“Yo no
puedo decir, de ningún resultado positivo durante el sexenio anterior (de
Enrique Peña Nieto) en términos forenses, ni siquiera podemos aceptar que hubo
una pesquisa forense que diga qué fue cierta la investigación” de la verdad histórica.
Indicó
que el grupo regresó de manera formal este año ante la insistencia de los
padres ante el nuevo Gobierno. Señaló que el grupo tiene un problema de base,
que las declaraciones a los inculpados se realizaron bajo tortura a pesar de
que las autoridades sabían que iban a ser sacadas de la investigación una vez
que se descubriera.
La experta dijo
que hay en total 130 pruebas expulsadas de la investigación “estamos en un
nivel de que, si lo que dijeron era verdad están fuera, pero si fueron
compuestas por órdenes, pues la información es falsa”.
Agregó que en
el anterior Gobierno se les negó el derecho a los padres a la verdad, y que se
les quiso poner en una situación de conformidad con una verdad que calificó
como absurda. También expuso que se generaron patrones de ocultamiento y
pérdida en la información.
Pero dejó
claro que “no es que ya no tengamos posibilidad de acceder a la verdad, sí se
ha mutilado, que ya es complejo llegar a saber qué pasó, pero eso no quiere
decir que nos vamos a doblegar”.
Subrayó que el
objetivo del GIEI es decir a los padres que pasó esa noche, y hacia dónde se
llevaron a sus hijos, acceder a la justicia para los padres que no tienen a sus
hijos.
También dijo
que Guerrero es una fosa, y donde se registra una violencia máxima. La
integrante del grupo de expertos dijo que los estudiantes normalistas deben de
seguir siendo buscados en vida, y que el Estado tiene una gran deuda con los
padres y madres por eso se debe generar una rehabilitación por los cambios que
han vivido en los últimos seis años.
En el
conversatorio también participó el director general de Estrategias para la
Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y subsecretario
técnico de la Comisión Presidencial, Félix Santana Ángeles, quien reconoció que
hay una serie de “inercias” que no permiten avanzar en las investigaciones como
lo dijo el abogado de los padres de los 43 normalistas.
Destacó
que se han realizado 29 operativos de campos en este nuevo Gobierno que vienen
de fuentes directas, y que el Gobierno está rompiendo los pactos de silencio
creados y fue así como se llega el 20 de noviembre del año pasado a la barranca
de La Carnicería donde fueron localizados los restos del normalista Christian
Alfonso Rodríguez Telumbre.
El
funcionario dijo que se han analizado más de 16 mil metros cuadrados de
tierra de esa barranca, “se ha levantado metro a metro para hacer análisis
forense”.
Agregó
que la Comisión Presidencial es un compromiso de esclarecer los hechos y no
nace de una recomendación sino de un compromiso del presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador, y que no van a inventar nada y no se va a encubrir
a nadie “nosotros no tenemos deuda con la administración pasada”.
En la
plática también participó el representante del Centro de Derechos Humanos
Minerva Bello, José Filiberto Velázquez, que destacó las diferencias entre el
anterior Gobierno con las familias de las personas víctimas de desaparición,
que pasó de la resistencia con los plantones, al diálogo.
También
participaron del Colectivo Milynali Red CFC, Sara López Cerón, de Fundar,
Ximena Antillón Najlis y del Centro Prodh María Luisa Aguilar.
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