Gerardo Sosa Castelán es vinculado a proceso por lavado de 58 mdp.

Por Áxel Chávez.

El presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Tras escuchar los argumentos de las partes en la continuación de la audiencia inicial en la causa penal 263/2020, que duró 11 horas con 55 minutos, el juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano fijó tres meses para la investigación complementaria, lapso en el que los implicados permanecerán en prisión, que culmina el 1 de diciembre de 2020.

En calidad de coacusados, también fueron vinculados a proceso Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, presuntos operadores del también exdiputado federal priista.

Los dos hombres –Gerardo, cabeza de la presunta asociación criminal, según la imputación– son señalados por adquirir y ocultar recursos de procedencia ilícita, mientras que a las dos coacusadas acusan de recibir y trasferir el dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Sosa Castelán ser la cabeza de una maquinaria de corrupción para sustraer recursos de la casa de estudios. El también exrector mantiene el control político de la institución desde 1979, cuando, tras emanar de la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, se erigió como el líder fáctico.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que realizó la investigación en la que se basan las imputaciones de la FGR, acusó que Sosa Castelán creó un esquema para beneficiarse de los recursos de la UAEH, los cuales, mediante una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, dispersó los 58 millones de pesos de 2011 a 2018, a cuentas de personas físicas y morales allegadas a él.

La audiencia virtual enlazó a Gerardo Sosa y a Juan Manuel Hernández Gayosso, que están recluidos en el Altiplano, y a María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, en Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, así como a sus defensores, a dos representantes de la FGR y al juez.

La defensa del también expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, integrada por seis abogados, pretendió refutar la acusación con dos argumentos: los recursos observados son de procedencia lícita, porque, insistió, proviene de fondos federales, estatales y propios de la universidad –aunque su tesis no considera el destino–, y que no se aprecia la organización delictiva porque no hay un dato que permita inferir que todos los que están imputados se reunieron para acordar las operaciones.

“Si su destino le causa duda, investiguen, pero eso no cambia el origen de los fondos”, argumentó uno de los abogados, quien mencionó que las acusaciones “son tanto como afirmar que la UAEH es una institución delictiva per se”.

Una de las representantes de la fiscalía refutó que, en lo relativo a la acusación de la delincuencia organizada, se señala al sujeto por ostentar una determinada posesión en la organización criminal, y que ésta fue organizada para cometer delitos.

Añadió que, al ser presidente del patronato, Gerardo Sosa conocía que los recursos de la UAEH debían utilizarse en beneficio de la sociedad estudiantil, pero “maquinó” todo para que sus hijas y él recibieran este dinero.

La fiscalía también presentó como prueba del “control patrimonial de la universidad” que Inmobiliaria, Constructora, Arrendadora Yolo, controlada por Sosa, compró inmuebles a través de créditos y que la garantía de esos créditos vino directamente de recursos de la Autónoma de Hidalgo.

Además, refutó que “lo que les quita” la licitud de los recursos “es el uso que se les da”, porque, insistió, “no había justificación para transferirlos a una organización fachada”.

Los abogados igualmente intentaron probar que Gerardo Sosa no es la cabeza de la universidad, y que no tiene el control operativo, porque existen órganos que, dijeron, son colegiados y no podían seguir las órdenes del “licenciado Sosa”.

Al juez enviaron documentos que establecen que en el periodo 2011 a 2016 –parte del que, según la UIF, se operó la maquinaria para sustraer dinero– su cliente tenía nombramiento de profesor de tiempo completo, por lo que no podía disponer de recursos, ni ordenar la operación del presupuesto, porque no estaba entre sus facultades.

Insistieron: no existía el Patronato en ese momento.

La defensa refutó que el Patronato Universitario opera desde 2009 con la figura de asociación civil, mediante el cual realizaban los movimientos ordenados por el detenido, pero, además, precisaron que las operaciones que se imputan son de 2017 y 2018, aunque, mencionaron, el supuesto esquema de corrupción sí data desde 2011.

Para probar la existencia del Patronato desde el 2 de octubre de 2009, cuando Sosa tomó protesta, la fiscalía presentó el número 78, año 3, de la Garceta –órgano oficial de la UAEH–, que tiene fecha del 15 de octubre de 2009, y dice: “luego de rendir protesta, Gerardo Sosa conoció y agradeció al honorable Consejo Universitario por la confianza depositada en la creación de este organismo –el Patronato–”.

Asimismo, estableció que existe una relación directa con uno de los principales imputados, Francisco Natalio Zamudio Isbaile –prófugo en este momento–, porque era operador financiero de las empresas de Gerardo Sosa, mediante las cuales operaron la sustracción de recursos.

Con el uniforme color caqui de reo de penal federal, Sosa observó la audiencia desde el área de cabinas de audiencias de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano. Portaba un cubrebocas N95 y, por momentos, pasaba sus dedos entre el cabello mientras escuchaba los argumentos de su defensa y la parte acusadora.

La fachada.

La FGR imputa a los cuatro detenidos, Sosa –Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, estas últimas recluidas en Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos–, que por lo menos desde 2011 crearon un esquema de lavado de dinero, mediante la sociedad Contabilidad Siglo XXI, que carecía de personal, infraestructura y mobiliario indispensable para la prestación de servicios.

María Luisa y María Cruz son las accionistas de esta empresa constituida el 18 de enero de 2001, y recibieron los depósitos de dinero que era de la UAEH.

Según la investigación de la UIF, 10 proveedores –que tienen vínculos estrechos con los destinatarios finales– transfirieron el dinero de la UAEH a esta organización presuntamente fachada, y ésta, a su vez, a los Sosa.

Entre sus argumentos está que Contabilidad Siglo XXI, con domicilio fiscal en Pachuca, no presentó declaraciones anuales ni emitió comprobantes fiscales. “¿Cómo una empresa que no existe va a recibir cantidades millonarias?”, cuestionó.

Insistió: no tiene una factura ni una declaración que justifique la recepción de los recursos. Además, señaló que su infraestructura es una casa habitación que pertenece a Natalio Zamudio, operador de político hidalguense.

La defensa de María Luisa –que no es la misma que la de Sosa Castelán– insistió en la procedencia de los recursos que, dijo, la propia fiscalía acredita que provienen de la universidad, de participaciones federales, estatales y los generados internamente, por lo tanto, afirmó, no se les puede considerar de procedencia ilícita, tipo penal que se les imputa.

Si, al salir de las arcas institucionales, iba a una empresa y, tras movimientos, llegabas a cuentas de personas físicas o morales relacionadas con una familia, es un tipo penal distinto, pero que no fue incluido en la imputación, por lo que pidió la no vinculación a proceso.

De porro a testigo en contra.

Se conocieron en 1976, afirmó, época del control porril de la FEUH, de la que Sosa sería presidente un año después y núcleo base del Grupo Universidad, que desde entonces mantiene el control político de la institución.

Desde ahí data el vínculo entre Sosa y un testigo de la causa penal 263/2020, quien aseguró que, en 2001, Gerardo, con quien ya había trabajado contabilidad, le instruyó a crear una de las empresas mediante la cual supuestamente se sacaba el dinero de la universidad, según la UIF: Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo.

Ésta, según la FGR, fue utilizada en el esquema de triangulación, al igual que Contabilidad Automatizada de Hidalgo S.C., Contabilidad Especializada de Hidalgo S.C. y Eficiencia en Negocios y Asociados.

Por esta dispersión que acusa la Unidad de Inteligencia Financiera, el juez Gregorio Salazar Hernández también libró órdenes de aprehensión contra las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Sosa Cravioto, así como cinco personas más, que están prófugas.

Este testigo, según la fiscalía, no tiene criterio de oportunidad, porque lo que le pueden reprochar cualquier conducta, en caso de imprecisiones en sus dichos.

Él reconoce la constitución de la empresa y que ésta fue utilizada para extraer el dinero de la UAEH para beneficio de Gerardo Sosa, quien, mencionó, es quien controla la universidad, desde la época porril.

Cuando Sosa pactó con Morena ya era investigado.

El 19 de febrero de 2018, Gerardo Sosa renunció al PRI, partido por el que aspiró en tres ocasiones –participando en procesos internos– a la candidatura a gobernador, además de ser diputado local y federal.

El político oriundo del municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo, se alió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por cuyas siglas su grupo obtuvo nueve diputaciones locales y dos federales (en activo aún), dada las elecciones concurrentes con la de presidente de la República.

En ese momento, tenía un año que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) seguía la ruta con la que pretendía acreditar las operaciones del líder del denominado Grupo Universidad para drenar las arcas de la institución a la que pertenece desde que era estudiantes de bachillerato en la preparatoria número 1, en la década de 1970.

Lo anterior se conoce por un razonamiento de su defensa, con el cual pretenden acreditar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan ya prescribió.

Según sus abogados, el último hecho imputado, sólo de este delito, ocurrió en 2015, y la primera denuncia de la UIF data de 2017, por lo que, insiste, ya había prescrito.

No obstante, la representante de la fiscalía refutó que la última operación presuntamente delictiva data del 30 de mayo de 2018, por lo que la imputación es aplicable.

La relación entre el Grupo Universidad y Morena continúa: el hermano de Gerardo, Damián Sosa Castelán, es candidato de este partido a la presidencia municipal de Tulancingo, e inició su campaña este mismo día que su hermano mayor fue vinculado a proceso.

Por Tula, el candidato es otro político ligado a los Sosa: Ricardo Baptista González, que fue presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado el primer año de la actual legislatura (septiembre de 2018 a septiembre de 2019).

De la UAEH también fue postulada Marisol Ortega López, por Tepeapulco, exsubdirectora de Relaciones públicas de la casa de estudios.

La relación política continúa, aun con el líder del Grupo Universidad, Gerardo Sosa, en prisión, donde permanecerá los próximos tres meses, a la espera de la investigación complementaria. En tanto, las elecciones en las que podrían ser favorecidos sus allegados se llevarán a cabo el 18 de octubre.

La postura del juez.

Al emitir su resolución, el juez afirmó que es inevitable la existencia de recursos y que los actores los reciben y ocultan, además de que tienen conocimiento de que realizan una actividad ilícita.

Respecto a que no hubo reunión y asignaciones de roles, consideró que es infundado, porque si bien de manera directa no existe un momento en el cual las partes de organizan y se constituyen en un lugar determinado, esto se obtiene con todos los indicios y las operaciones.

“Esa es la manera en la que prospera una delincuencia: los integrantes no se conocen, pero corresponden a un mismo conglomerado”, aseguró.

Con relación a la licitud de los recursos, el juez estableció que el hecho de que el dinero esté en cuentas legales no garantiza que no sean empleados para un fin ilícito, como se presume en este caso, por lo que no dio la razón a los defensores.

De igual forma, planteó que la ilegalidad sí puede probarse con la información de los movimientos bancarios, que terminan en las cuentas de la familia Sosa Castelán.

Asimismo, expuso que el hecho de que una empresa haya hecho unas transferencias, como en esta causa presumen hizo Contabilidad Siglos XXI, y que el imputado haya recibido ese dinero implica que existe una adquisición, con la cual posiblemente se configura el delito.

La continuidad de la audiencia comenzó el sábado 5 de septiembre a las 16:00 horas y terminó a las 4:00 del 6 de septiembre.