Alejandro
Calvillo.
El
Presidente del país ha anunciado que no promoverá el aumento de impuestos como
se comprometió en su campaña. Lo anterior no significa que esta opción este
cancelada ya que el Poder Legislativo pudiera hacerlo considerando las
condiciones excepcionales que enfrentamos en las que es necesario y vital que
el estado cuente con recursos suficientes para salir adelante.
Alrededor
del mundo, gobiernos de muy diversas posturas políticas están planteando
reformas fiscales para enfrentar la profunda crisis económica que está causando
la pandemia. Pero también la pandemia ha desnudado, de manera brutal, las
profundas desigualdades sociales, desde las económicas hasta las sanitarias,
que se ve urgente enfrentar con estas reformas fiscales.
Se plantea
la necesidad de aumentar los impuestos a quienes concentran la riqueza,
incluso, un grupo importante de multimillonarios han apoyado esta propuesta,
para lograr una mayor distribución de los recursos fortaleciendo la inversión
en salud, educación, vivienda. Paralelamente, se ha visto la necesidad urgente
de abolir los mecanismos de evasión de impuestos de las grandes corporaciones y
las rendijas legales para hacerlo.
Al mismo
tiempo, en materia de salud se plantea la urgencia de ya no seguir financiando
a las grandes corporaciones que se benefician de la venta masiva de productos
que dañan la salud y que pasan estas externalidades al Estado. Con las finanzas
públicas se cubren gran parte de los daños generados por el consumo de tabaco,
de alcohol y de comida chatarra que son hoy en día las principales causas de
enfermedad y muerte en el país. Es el Estado el que tiene que responder a las
epidemias que causan esos consumos, y cuando sus capacidades están rebasadas,
como es el caso de México y muchos otros países, las familias más pobres llegan
a cubrir parte de estos costos, costos que las pauperizan aún más. Esto último
es un fenómeno masivo en México con la epidemia de diabetes, mientras las
corporaciones de bebidas azucaradas y comida chatarra obtienen una de sus
mayores ganancias en nuestro país.
Los
impuestos a estos productos, llamados “determinantes comerciales de la salud”,
se dirigen a cubrir parte de las externalidades que generan y a reducir su
consumo. Esto ha sido ampliamente probado desde hace años con las medidas
fiscales al tabaco y al alcohol mostrando un éxito en los dos sentidos: dando
recursos al Estado y reduciendo el consumo, de manera especial en los sectores
más vulnerables. Cuando los gobiernos han transparentado el destino de esos
recursos a la salud o al financiamiento de programas a poblaciones vulnerables
han mostrado no sólo un beneficio doble, también han generado un fuerte apoyo
ciudadano a estas medidas fiscales.
El caso del
impuesto a las bebidas azucaradas se ha convertido en otro ejemplo del éxito de
estas medidas fiscales en el doble sentido de bajar el consumo y dar recursos a
los gobiernos para políticas de salud o de apoyo a comunidades vulnerables.
México fue el primer país en establecer un impuesto a estas bebidas en un grado
que pudiera tener efectos en reducir su consumo. La experiencia de México
sirvió de motivación para que diversas naciones y ciudades impulsaran esta
medida y lo hicieran de manera mucho más efectiva. En México, desgraciadamente,
el Gobierno de Peña Nieto estableció el impuesto a la mitad del mínimo
propuesto, mientras la OMS recomendaba que fuera al menos de 20 por ciento se
estableció en solamente 10 por ciento. Además, ni el Gobierno ni el Legislativo
etiquetaron los recursos obtenidos por este impuesto para la prevención y
atención de la salud o a programas dirigidos a sectores vulnerables.
El impuesto
a bebidas azucaradas se ha extendido al Reino Unido, Portugal, Noruega, India,
Bélgica, Hungria, Irlanda, Estonia y Filipinas, entre otras naciones, mientras
en Estados Unidos se ha establecido en las ciudades de Albany, Berkeley,
Boulder, Chicago (Condado Cook), Filadelfia, Oakland, San Francisco y Seattle.
Después de México, en varios de estos países y ciudades se estableció el
impuesto por 20 por ciento o más, como es recomendado, y se ha etiquetado el
recurso para salud o programas sociales.
En el caso
de México se estima que el alto consumo de bebidas azucaradas es una de las
causas principales de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades
cardiovasculares que son ya la principal causa de muerte. El consumo promedio
es de más de 400 mililitros, es decir, más de una lata (355 ml) al día. Se
trata de un promedio, por lo cual la mayor parte de la población consume más de
medio litro, es decir, un promedio de 10 cucharadas cafeteras de azúcar
diariamente en forma líquida y de un golpe, lo que representa un impacto
metabólico muy importante. Se estima en 40 mil las muertes anuales en México
asociadas al consumo de bebidas azucaradas, donde se presenta uno de los
mayores consumos en el mundo.
En el caso
de México los estudios del primer, segundo y tercer año del impuesto muestran
reducciones de 6 por ciento, 9 por ciento, y en el tercer año es diferenciado
al haberse realizado entre trabajadores de la salud, mostrando mayores
reducciones en consumo entre los consumidores con mayor ingesta de estas
bebidas (www.impuestosaludable.org).
Los
resultados son mayores cuando los impuestos se establecieron en un 20 por
ciento o más. En el caso del Reino Unido se registró una disminución de 31 por
ciento en las compras con un impuesto diferenciado que es mayor a los productos
que contienen más cantidad de azúcar (PLOS ONE, 2018). En el caso de Portugal
se registró una reducción de alrededor de 50 por ciento en bebidas con alto
contenido de azúcar (Ada Med Port; 2018). En el caso de Filadelfia donde el
impuesto fue de alrededor de 30 por ciento se registró una reducción del 38 por
ciento en las ventas de bebidas azucaradas y con edulcorantes no calóricos, ya
que se estableció para ambas bebidas (JAMA, 2019).
Las bebidas
azucaradas aumentan los riesgos de sobrepeso, obesidad y enfermedades
cardiovasculares a partir de impactos en el organismo que inician con procesos
inflamatorios, con alteraciones metabólicas. Estos procesos de inicio provocan
alteraciones que debilitan el sistema inmunológico, provocando que el organismo
se vuelva más vulnerable a infecciones por virus y bacterias. Esto ha sido
comprobado en múltiples estudios en la actual pandemia.
Las
administraciones anteriores, los exsecretarios de salud que ahora demandan
acciones específicas para atacar la pandemia, tienen una fuerte responsabilidad
en no haber actuado frente a las epidemias de obesidad y diabetes y en el desmantelamiento
del sistema de salud pública. Mantuvieron fuertes relaciones con la industria
de la comida chatarra y las bebidas azucaradas, no actuaron para bajar el
consumo de sus productos, e, incluso, promovieron acciones diseñadas por esas
industrias para simular que estaba haciendo algo. Los tenían sentados como
asesores en la propia Secretaría de Salud, excluyendo a institutos nacionales
de salud. Hace un par de días se dio a conocer que el organismo que la
Secretaría de Salud les creó, el Observatorio Mexicano de Enfermedades No
Transmisibles, desvió millones de pesos, en lo que un medio califico como otra
“Estafa Maestra”.
Una
esperanza surge con el Poder Legislativo que ha dado un paso importante al
aprobar el etiquetado de advertencia, obteniendo el respaldo del Ejecutivo
federal, pero quedan por aplicar políticas rezagadas desde hace muchos años y
una de ellas es ajustar las medidas fiscales frente a los determinantes
comerciales de la salud, no es una cuestión de elección, es una cuestión de justicia.
No debemos cargar con los daños que provoca el consumo de estos productos
(comida chatarra, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol), nuestros impuestos no
deben dirigirse a subsidiar las externalidades de estas megacorporaciones, ni
las familias deben cargar con sus consecuencias.
Las
epidemias de obesidad y diabetes que vivimos y en las que encontró un buen
caldo de cultivo la pandemia de la COVID-19 no pasarán con una vacuna, costará
mucho más erradicarlas y sus daños son mucho mayores, ocurren año con año, mes
con mes, día con día. Sin embargo, a diferencia del virus, estas epidemias
tienen detrás un poder económico y de cabildeo que bloquea con muy diversas
estrategias las políticas para enfrentarlas. Y empresas como Coca-Cola lo saben
muy bien, los documentos internos lo han revelado, las medidas fiscales son las
más efectivas para reducir el consumo de sus bebidas.
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