Julio Astillero.
La
instalación de la priísta Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la mesa
directiva de la cámara de diputados generó estremecimientos internos en la
alianza de partidos y ciudadanos identificados con el presidente Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) y con el proceso denominado Cuarta Transformación (4T). No
parece un episodio que vaya a quedar en la anécdota o lo circunstancial y puede
significar reacomodos en la relación de los partidos y los personajes que se
han agrupado en torno al obradorismo.
La concesión
de ese cargo al priísmo en general, y en particular a una representante
emblemática de ese tipo de priísmo, ha puesto sobre la mesa de discusión las
alianzas, explícitas o implícitas, que el obradorismo ha ido tejiendo en el
trayecto para llegar al poder, o ya instalado en él, para sostenerse en él o
procesar con menos problemas algunos momentos críticos de la vida legislativa y
política.
En
principio, ha sido ampliamente rechazado en redes digitales sociales el hecho
concreto de que la mayor parte del morenismo en San Lázaro terminó votando a
favor del Revolucionario Institucional (PRI), así fuera invocando un acuerdo
fundacional que es propicio para interpretaciones distintas y no necesariamente
la aceptada por Palacio Nacional.
Hasta ahora
es cierto que el derrotado PRI ha sostenido una política de bajo perfil y
colaboración frente a Morena y el obradorismo. El antecesor, Enrique Peña
Nieto, no activó el mero día de la jornada electoral a los grupos de mapaches
(defraudadores electorales) que estaban en espera de actuar y cedió la plaza
con una rapidez inusitada a 48 horas de la elección de 2018. Los gobernadores
priístas no han representado una oposición real hasta ahora, siempre movidos
por la vocación institucional que también tuvieron con Vicente Fox y Felipe
Calderón. Y, en el Congreso, el priísmo ha votado con Morena en temas de
especial interés para el joven partido. No es menor el hecho de que el PRI ha
preferido un directivo pasmado y sin autoridad política como es el gobernador
con licencia de Campeche, Alejandro Moreno.
Un momento
que puede explicar la postura del presidente López Obrador, expresada en una
conferencia mañanera de prensa, a favor de respetar los acuerdos políticos en
la cámara de diputados (lo que fue interpretado como una instrucción de votar a
favor de Sauri Riancho) se produjo el pasado 28 de julio, cuando dos priístas,
la citada ex gobernadora de Yucatán, y el ex gobernador de Coahuila Rubén
Moreira dieron los votos claves para que desde la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión se pudiera convocar a un periodo extraordinario de
sesiones que aprobaría, entre otras propuestas, las modificaciones a la ley de
adquisiciones para que el gobierno obradorista pueda comprar medicamentos en el
extranjero y sin licitaciones públicas (sobre todo, vacunas, específicamente
contra el Covid-19).
Sin los
votos de Sauri y de Moreira no se habría podido convocar a ese periodo
extraordinario; ellos rompieron la unidad opositora (PAN, PRD, Movimiento
Ciudadano y PRI) que hasta entonces había podido contener algunas pretensiones
morenistas. Desde ese día se comenzó a esparcir la versión de que en pago por
esa y otras ayudas priístas se instalaría a Sauri Riancho en la presidencia de
San Lázaro.
Al oponerse
abiertamente el diputado Gerardo Fernández Noroña (GFN) a la cesión de poder al
quebrado PRI en San Lázaro, se produjo también un quiebre en la relación entre
el PT (que bien puede acomodarse a negociaciones para bajarle a la
beligerancia) y Morena, AMLO y la 4T. GFN ha señalado que lo sucedido en San
Lázaro fue un error gravísimo y que la responsabilidad política es de López
Obrador (https://bit.ly/31USjT7). Esos planteamientos fueron compartidos por
diputados de Morena que no votaron a favor de Sauri y son signos de las
redefiniciones a que lleva la antitética entrega de un tanque de oxígeno
político al priísmo electoralmente tan castigado y judicialmente tan
emproblemado en cuanto a varias de sus figuras relevantes del pasado.
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