La captura
de los exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Javier Duarte de Ochoa y Tomás
Yarrington, “demuestra la cloaca de
corrupción que somete a México, donde la impunidad es el principal
ingrediente”.
En el
editorial del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de México considera que los agravios son evidentes cuando la
opinión pública conoce del patrimonio exorbitante y de los caudales de recursos
que cebaron a los delincuentes en feudos corruptos para solapar negocios y
proteger amigos; los allegados (de los exgobernadores) se beneficiaron de
cargos inexistentes, cuentas fantasma, licitaciones o compensaciones a nombre
del Estado, sin mayor explicación o transparencia.
En el texto,
titulado “Hediondez del poder”, la
Iglesia católica considera que después de la alternancia y fin del
autoritarismo presidencial terminaron los pactos del poder, y los gobernadores
encontraron el perfecto filón de oro para satisfacer voraces ambiciones sin
responder a nadie y ejecutar el pago de favores.
Señala que un inimaginable caudal de recursos llegó a
los estados a través de fondos destinados al desarrollo social o de
infraestructura local, aparte del financiamiento público de partidos políticos,
donde gobernadores podían intervenir libremente en los procesos para inclinar
la balanza electoral en favor de sus intereses; “era el arca abierta a su
antojo”, remata.
“Corrupción y democracia son el
binomio perfecto del empoderamiento de estos megalómanos. Algunas cifras publicadas durante el
pasado proceso electoral federal 2012 mencionaban que, para el caso de una
campaña para gobernador, la autoridad electoral habría puesto topes de campaña
de entre 40 y 50 millones de pesos; sin embargo, se necesita más que esa pingüe
cifra para amarrar el cargo. Una campaña
ganadora requiere de entre 400 y 700 millones de pesos. Esto indicaría el
engaño y fraude a la ley para fondearse de recursos ilegales, de fuentes no
permitidas, incluso del poder corruptor del crimen organizado, a través de
contabilidades dobles, una para la autoridad y otra sólo para los ojos del
candidato. Ese resquicio legal descompone la democracia para consolidar poderes
desmedidos que rayan en lo obsceno y burdo”, prosigue el editorial.
No obstante,
añade la Arquidiócesis, las juramentadas declaraciones de líderes de partidos
políticos de presentar hombres y mujeres intachables en los cargos, la realidad
demuestra cómo es más fácil ganar con un desequilibrado que con personajes de
reputada e impecable trayectoria. Más allá de las cuestiones personales, la corrupción de gobernadores presenta el
profundo dilema moral en el que México está sumergido cuando, a los ahora
señalados, se les ensalzó como la nueva generación política del cambio contra
el pasado autoritario, antidemocrático y de poder desmedido. Las refinadas
formas de la política llevan detrás el grotesco manejo de la corrupción a modo,
cuyo germen es la impunidad. En los estados desfalcados y en quiebra económica
operaron gobernadores sin contrapeso alguno, y quienes se atrevieron a
denunciar, pagaron muy caro las consecuencias de sus actos.
“El asombro
público por este fenómeno de corrupción entre gobernadores no debe quedar en el
pasmo. Reformas electorales van y vienen, y el resultado es el mismo: encumbrar
la corrupción como arte del éxito político. Es necesario un cambio de
mentalidad para ejercer el servicio público bajo la responsabilidad ética
–porque el poder no es negocio–, así como adelgazar el sistema esclerotizado
por privilegios, fueros y protecciones extralegales. La demanda de la ciudadanía es que los responsables, de ser culpables,
reparen el daño y restituyan la riqueza del pueblo por el fraude cometido.
Es el examen para enfrentar el fracaso del sistema federalista en
obsolescencia. Por lo pronto, hoy soportamos la hediondez del poder”, concluye
el artículo de Desde la Fe.
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