La empresa de Fernando Cano Martínez,
presunto prestanombres y mano derecha del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás
Yarrington, siguió recibiendo contratos gubernamentales
en México pese a que tanto en el país como en Estados Unidos se abrió una
investigación por fraude y lavado de dinero.
Materiales y Construcciones Villa de
Aguayo, propiedad de
Fernando Alejandro Cano Martínez, fue embargada en octubre de 2012 durante el
gobierno de Felipe Calderón por una investigación de la Procuraduría General de
la República sobre presunta actividad vinculada a la delincuencia organizada.
Pero en 2014 ya estaba recibiendo de nuevo contratos del gobierno federal.
Esa empresa fue una de las
principales contratistas durante el gobierno en Tamaulipas de Tomás Yarrington
(1999-2004) y recibió al menos 1,473 millones de pesos en contratos públicos.
Además de
los señalamientos en México por presunta actividad delictiva, en mayo de 2013 en Estados Unidos se abrió
un proceso legal contra Yarrington y Cano Martínez por fraude bancario, lavado
de dinero y nexos con el crimen organizado a través de esta empresa.
La
investigación que integró la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Interna, la Agencia Antidrogas
de Estados Unidos (DEA) y el Buró de Investigación Criminal (FBI) detalla que a través de esa empresa Cano Martínez recibió contratos con el gobierno estatal
tras entregar sobornos a Yarrington. También, que actuó como su prestanombres y
principal socio en la red de lavado de dinero y fraude que gestó el exgobernador.
Pese a ello,
Materiales y Construcciones Villa de Aguayo continuó teniendo actividad
comercial en México pues ya en la gestión de Enrique Peña Nieto el procurador
general de la República, Jesús Murillo
Karam, desestimó la investigación iniciada en el país en 2012. Y aunque
existía la investigación estadounidense, los
bienes embargados le fueron devueltos en el primer semestre de 2013.
Para el siguiente año, Materiales y
Construcciones Villa de Aguayo ya estaba recibiendo contratos del gobierno
federal.
En enero de 2014 firmó con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes un contrato por 58 millones 448 mil 879 pesos
para la modernización, obras de drenaje, pavimento y señalamiento de un tramo
de la carretera La Paz – Ciudad Insurgentes en Baja California Sur.
Cuatro meses
después, la SCT firmó con Materiales y Construcciones Villa de Aguayo un nuevo contrato por 81 millones 999 mil
850 pesos para realizar las mismas obras en otro tramo de esa misma carretera.
Ambos
contratos se ganaron tras una licitación pública en la que la firma de Cano
Martínez compitió en una propuesta conjunta con la Constructora Grupo Díaz
Álvarez.
Un año
después, en junio de 2015 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo le entregó 101 millones de pesos por un
contrato más para diversas obras en Playa Espíritu, Sinaloa.
La ejecución de esos tres contratos
se llevó a cabo mientras tanto Tomás Yarrington como Fernando Alejandro Cano
Martínez, dueño de la empresa, tenían un proceso abierto en Estados Unidos por
fraude bancario de millones de dólares, lavado de dinero y narcotráfico.
Incluso Cano Martínez fue detenido en febrero
pasado en Nuevo León, México, pero horas después fue liberado pese a la
investigación que existe en su contra en Estados Unidos.
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