El
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denunció la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de enviar al
Senado de la República “una propuesta regresiva” para legislar sobre la
desaparición de personas que no toma en cuenta los acuerdos con las familias de
víctimas ni se apega a los estándares internacionales de derechos humanos,
además de que perpetúa la impunidad en casos de desaparición forzada.
En un
comunicado firmado por decenas de colectivos de familiares de desaparecidos de
todo el país y de Centroamérica, desmenuza
la propuesta que presentó el gobierno de Peña Nieto para modificar el dictamen
elaborado con anterioridad en el Senado. Y concluye: “todos estos cambios
rompen con el modelo de contrapesos para abatir la impunidad y la aquiescencia
del Estado en las desapariciones”.
Según su
pronunciamiento, los familiares de víctimas
ven “con mucha preocupación” que la del poder ejecutivo es una “propuesta
regresiva que está por debajo de la construcción colectiva trabajada con
familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y
personas expertas en la materia, desde hace casi dos años”.
El
Movimiento denuncia que en el proceso de interlocución y elaboración del
dictamen original participaron representantes del Ejecutivo Federal, pero que
“no se cumplió con la ruta de trabajo acordada, específicamente con los tiempos
planteados en la reunión del 31 de marzo de 2017 con el secretario de
Gobernación”, Miguel Ángel Osorio Chong.
Además, reprueba que las observaciones al proyecto
de dictamen se recibieron a seis días de que concluyera el periodo de sesiones
del Congreso federal, “disminuyendo cualquier posibilidad de cumplir con el
compromiso de que en el presente periodo se cuente con una Ley sobre
Desaparición de personas”.
De acuerdo
con la revisión de las familias, el
Ejecutivo no hace distinciones entre víctimas de desaparición forzada o de
desaparición por particulares con personas “no localizadas”, cuando los
primeras son en esencia víctimas de violaciones a derechos humanos y un delito,
y la otra puede ser producto de una decisión personal.
Para los
colectivos, no hacer distinciones “es
grave, a tal grado que incluso en lo que atañe a la declaración de ausencia, se
extiende a ambas categorías, sin reconocer la naturaleza de la figura
jurídica”.
Destacan que
en la propuesta de Peña Nieto “se vuelve
a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación
jurídica”, lo que traería como consecuencias que las fiscalías especializadas
se saturen y, con ello, la “ineficacia en la localización de personas dentro de
las primeras 72 horas”.
Además, dicen que las búsquedas de campo “dependen
de las facultades de las autoridades, sus límites y de su voluntad” y siguen la
“suerte de la investigación”, en tanto que la “Comisión Nacional de Búsqueda termina siendo auxiliar de la fiscalía,
perdiendo su capacidad operativa y eficacia”.
Sin lógica
institucional.
En cuanto a
la propuesta del Sistema Nacional de Búsqueda, el
Movimiento
asegura que “no atiende una estructura de un sistema en relación a las
funciones y las instituciones. No responde a una lógica institucional”.
Explican que
el Sistema “no atiende a una lógica de
coordinación entre las labores de búsqueda e investigación, prevención y
distribución de competencias y responsabilidades”.
Tampoco se le encarga operar las herramientas
previstas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Banco Nacional
de Datos Forenses, Registro Nacional de Datos Forenses, Registro Nacional de
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Registro Nacional de
Fosas, Registro Administrativo de Detenciones, Alerta Ámber, entre otros.
“La
fragmentación de las herramientas, dejando su administración a distintas
dependencias, imposibilita contra con un sistema único de información que
permita cruzar los diferentes registros para la localización de las personas
desaparecidas”, alertan los colectivos.
Otra
desventaja del Sistema que se pretende imponer, dicen, es que “no establece facultades de coordinación
para vincular las acciones” entre entidades federativas, dejando a la “potestad
de los estados el coordinarse para efectos de búsqueda y para la generación
política pública sobre el tema”.
No respetan
acuerdos.
En la
propuesta del Ejecutivo se menciona la
creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ajena a la considerada por
las familias, “acordado con el Senado y comprometido por el gobierno federal”.
La Comisión
planteada por Peña Nieto, aseguran, está
desprovista de las atribuciones para “diseñar y ejecutar el Programa Nacional
de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones,
recibir denuncias sobre desaparición de personas, con una Unidad de Búsqueda y
con Fuerza de Búsqueda (policías capacitados y certificados), un área de Análisis
de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la
realización de sus actividades”.
Los colectivos que contribuyeron en
el diseño original de la Comisión Nacional de Búsqueda advierten que la de Peña
Nieto no tiene facultades para “preservar la corresponsabilidad de la
Federación y las entidades federativas, en la búsqueda de personas desaparecidas,
bajo el liderazgo de la Federación”.
Siguen: “No es claro a qué personas busca, además
de que propone la creación de Comisión Nacional (federal) y locales de
búsqueda, cuyo modelo se ha probado que no es eficiente para la coordinación y
para la creación de políticas públicas”.
Mucho menos,
continúan, se le encomienda “coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda y
administración de la información para la búsqueda de personas”, como lo
diseñaron las familias.
Los
colectivos advierten que tanto en el Sistema como en la Comisión Nacional de
Búsqueda propuestos por el Ejecutivo “se
diluyen mecanismos de participación de las familias y organizaciones de la
sociedad civil además de los mecanismos de rendición de cuentas”.
Carencia de
bases científicas.
En materia
de investigación, según las
organizaciones, en el proyecto presidencial no se establecen las bases para una
investigación efectiva, no contempla medios tecnológicos, mecanismos especiales
de investigación y estructura orgánica mínima; no cumple con los estándares
convencionales de la responsabilidad del superior jerárquico”, de acuerdo a
las convenciones internacionales.
Por si fuera
poco, la posición del Ejecutivo es
eliminar “los supuestos de atracción que perseguían el principio de máxima
protección y se imponen obstáculos para el enjuiciamiento y la búsqueda,
favoreciendo la impunidad”, ignorando “la
naturaleza permanente y continuada del delito”.
En cuanto a la atención a casos de
desaparición de migrantes, dicen, “se propone una definición de Mecanismo de
Apoyo Exterior que desconoce y baja el estándar de la actual reglamentación”.
Entre los
colectivos que firman el comunicado están la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos;
Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y
Desaparecidos de Nuevo León; Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja
California; Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa y Colectivo
por la Paz (Xalapa).
También
participan Colectivo Colibrí (Estado de México); el Solecito de Veracruz;
Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México Alzando Voces
(Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados en Guerrero; Comité de Familias Migrantes Desaparecidas de El
Salvador; Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes
“Junax Ko’otontil”; Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa; Desaparecidos Justicia
A.C. (Querétaro), entre otros.
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